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Opinión

IPEEM, deber vs. impunidad

Por Mario Capello

Perdida en la historia reciente, frente a una IA que tergiversa y omite hechos contemporáneos, vale contar como se concretó una buena política que transformó para siempre a San Juan. A instancia del secretario de Minería Eduardo Barrera, el Pte. Raúl Alfonsín le transfería en 1987 once áreas de reservas mineras a la provincia.

Gobernada entonces por el geólogo Carlos Enrique Gómez Centurión estas fueron: Veladero, Del Carmen, Jagüelito I y II, La Ortiga, Los Despoblados, Los Amarillos, Rincones de Araya, Río Cenicero, Calderón-Calderoncito, Rincón Blanco y Cerro Mercedario.

A instancia del Gobernador y con el consejo del entonces Diputado y economista Alfredo Riutort, se crea el Instituto de Exploraciones y Explotaciones Mineras (IPEEM). No hacía falta crear una burocrática empresa Estatal, un simple Instituto podría llevar adelante la tarea que encomienda el artículo 346 del Código Nacional de Minería: efectuar exploraciones y explotaciones pudiendo solicitar permisos y concesiones actuando sin privilegios alguno como si fuera un minero más.

El 21 de octubre de 1989 se sancionaba la ley 6029 de creación del IPEEM, la que estableció un directorio conformado por dos funcionarios nombrados por el Gobernador y otros dos a instancias de los bloque parlamentarios subsiguientes al de quién gobierna. Todos con un mismo propósito, así nacía la Minería como política de Estado en San Juan.

En octubre del año siguiente el Gobernador transfirió las once áreas mineras al IPEEM y se inició un proceso de oferta de las áreas mineras a inversores privados, que culminó exitosamente en mayo de 2005 con el inicio de la producción de una de sus propiedades, la mina Veladero.

Tal fue la significancia del impacto económico para San Juan, que un solo gráfico puede darnos la idea de lo que representó. Surge del estudio que realizamos desde la Subsecretaría de Desarrollo Minero de la Nación en conjunto con las autoridades de minería y economía de la provincia publicado en enero del 2018.

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El crecimiento del PBG de San Juan (producto bruto geográfico) venía acompañando los resultados del PBI nacional. Desde el inicio de la producción de la mina Veladero en 2005, a la que se sumaron Gualcamayo en el 2009 y Casposo en el 2011. Entre el 2004 y el 2015 mientras el PBI nacional aumentaba un 49%, el PBG provincial crecía un 146%. Todo dicho al respecto.

También vale señalar que nuestra visión no se agotaba en la creación de una empresa que pudiera ser exitosa. Allá por el 1989 opinamos en qué se debían emplear los recursos que generaría el IPEEM, pues ya veíamos lo que pasó dieciséis años después. Por eso propusimos con el Diputado Jachallero Francisco Salas en el artículo 19 de la ley, que los recursos provenientes de la actividad del Instituto debían destinarse a: Gastos específicos del mismo, desarrollo de nuevas huellas minera y promoción a la pequeña minería.

Venía de ser Jefe de Huellas Mineras en minería de la provincia, comprendía muy bien la importancia que tiene para un pequeño productor poder tener acceso a su yacimiento y contar con las herramientas que hacen falta para poder producir en cantidad y con la calidad que exigen los mercados.

Se debía potenciar a los mineros de la cal, mármoles, cuarzo, micas, travertinos, bentonitas, diatomeas, arcillas, yesos, piedra laja, zeolitas, carbonatos y talcos, entre otros minerales de nuestra minería tradicional. ¿De qué monto estamos hablando?

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Es decir que, para asistir a la pequeña minería de la provincia se dispuso de más de 127 millones de dólares.

Con esos dineros debieron construirse accesos a los yacimientos, modernos hornos de cal para dejar atrás una historia de emisiones contaminantes y accidentes fatales ocurridos en el distrito minero Los Berros, tener una molienda de cuarzo micronizado calidad solar en Valle Fértil, modernas plantas de tratamientos de nuestros minerales industriales y rocas de ornamentación. Les aseguro que nada de eso ocurrió.

El IPEEM es un organismo autárquico con personería jurídica suficiente para actuar en el derecho público y privado rigiéndose por las disposiciones de su propia Ley. Esta establece en su artículo 16 que entre sus recursos cuentan los ingresos originados en su propia actividad, y retiene los dineros de ejercicios anteriores.

Dicen que para muestra basta con un botón. En tiempos previos a la campaña electoral del 2023 el gobernador Uñac dictó el decreto 0517 MHF manoteando $ 750.000.000 de recursos del IPEEM, malversándolos, violando con una herramienta jurídica menor el destino que a esos dineros les otorgó la ley.

Rara paradoja. Por un lado un acierto político de hace treinta y seis años que cambió y potenció económica y socialmente a la provincia, por el otro, un presente muy distinto donde nuevos protagonistas se empeñan en destruir aquellos estratégicos propósitos.

No cumplir con las leyes, no controlar y no investigar forman parte de una especie de causa cuadernos propia de San Juan. USD 210 millones en regalías mineras, USD 150 millones en Fondos Fiduciarios en Iglesia, Jáchal y Calingasta, y USD 127 millones del IPEEM.

Quienes se enteran por nosotros nos preguntan ¿dónde están esos USD 487 millones? Por un lado deber ciudadano y realización, por el otro desvíos e impunidad.

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