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SUSCRIBITEEn medio del ofrecimiento de 420 millones para resarcir a 287 damnificados por el caso que tiene denuncias masivas por incumpliendo en la comercialización de vehículos, una nueva presentaciión en la Justicia por presuntas irregularidades salpica a otra empresa del rubro. La documentación contractual expone un nombre que se repite y otra conexión previa cobra dimensión.
En medio del ofrecimiento de 420 millones de pesos formulado por Branka Motors para resarcir a 287 damnificados e intentar cerrar el escándalo judicial por presuntas irregularidades en la venta de motocicletas, una nueva denuncia volvió a sacudir al rubro en San Juan. Esta vez, la presentación involucra a Triax Motors -cuyo local se encuentra en Mitre 333 este- y expone elementos que reactivan cruces con la investigación ya en curso por presunta estafa.
La denuncia surge a partir del testimonio de una damnificada que aseguró haber abonado más de 2,5 millones de pesos en el marco de un plan de compra sin haber recibido el vehículo en cuestión. Según relató a Tiempo de San Juan, la situación se tornó aún más inquietante cuando, al intentar realizar un pago en el local, se encontró con la sucursal cerrada.
“Fui a pagar como todos los meses y estaba cerrado. Siempre estaban abiertos”, explicó la mujer, quien indicó que la operatoria correspondía a una motocicleta 150 ZT adquirida mediante un esquema de cuotas. De acuerdo con su reconstrucción, el plan contemplaba pagos iniciales de 180 mil pesos, seguidos por cuotas de mayor valor, con plazos de entrega que oscilaban entre los 60 y 90 días.
Sin embargo, los tiempos comprometidos habrían sido ampliamente superados, ya que la compra se realizó en 2025. La situación derivó en una presentación formal ante dependencias policiales y ya esta en manos de la UFI de Estafas y Delitos Informáticos.
Lo que parecía un reclamo individual adquirió otra dimensión tras el análisis de la documentación contractual aportada. En el contrato examinado por este medio, bajo el membrete de Triax Motors, figura identificación fiscal explícita de dos CUIT; uno de ellos se repite en la estructura comercial que este medio pudo reconstruir sobre Branka Motors.
Según registros oficiales de Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), Triax Motors S.A.S., con CUIT propio, registra actividad vigente en la venta de motocicletas y sus partes, piezas y accesorios, con inicio de actividad declarado en febrero de 2025.
Este dato introduce una diferencia relevante respecto del esquema observado en la investigación del caso Branka Motors, donde la identificación fiscal y la estructura contractual fueron objeto de cuestionamientos por parte de denunciantes y organismos intervinientes. Otro dato relevante es que esta empresa posee razón social y, según fuentes consultadas, está inscripta en el Registro Público de Comercio bajo la órbita del Poder Judicial de San Juan. Asimismo, de acuerdo con la Central de Deudores del Sistema Financiero del Banco Central de la República Argentina, “no existen deudas registradas para el CUIT” de esta empresa.
Esto daría la pauta de que la nueva empresa denunciada posee un nivel de formalidad más sólido y consistente para la actividad en el rubro.
El punto de mayor interés surgió tras el cruce de datos fiscales. Tiempo de San Juan verificó que uno de los CUIT consignados en la documentación contractual de Triax Motos corresponde a Marco Jonatan David, contribuyente inscripto en AFIP con actividad declarada en la venta de motocicletas.
Este nombre ya había sido mencionado en contratos analizados por este medio en el marco de la investigación del caso Branka Motors y, además, es —junto con Alexis Marco y Facundo Banega— uno de los sancionados en la multa histórica de Defensa al Consumidor por 2.900 millones de pesos por incumplimientos en las entregas de motos a los 287 afectados. Ninguno de los tres es mayor de 26 años.
Del cruce de datos con la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), surgió que tanto Jonatan David Marco —el vínculo contundente con Triax Motos— como Facundo Agustín Banega figuran inscriptos en la actividad económica “Venta de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios”. En el caso de Marco, el alta en dicha actividad data de marzo de 2024, mientras que Banega registra su inscripción desde abril de 2025.
Esta investigación también reveló que Alexis Javier Marco presenta un perfil fiscal distinto. Sus actividades declaradas ante ARCA corresponden a servicios personales y asesoramiento empresarial, mientras que su CUIT figura de manera reiterada en contratos y documentación administrativa aportada por los denunciantes. A su vez, cuenta con habilitación comercial municipal para el rubro venta de motocicletas.
Por otra parte, la documentación sobre pagos —esto es, boletas de Mercado Pago y comprobantes virtuales de transferencias bancarias y de billeteras virtuales— revela la participación de otras personas físicas cuyos datos aparecen asociados a cuentas utilizadas para la recepción de fondos: Fabiana Beatriz Jofré y Javier Orlando Marco.
Los apellidos que se repiten sugieren que la organización comercial sería de índole familiar, con una estructura operativa -bajo un nombre de fantasía- en la que se diferencian al menos tres funciones: la comercialización, la gestión administrativa y la administración de cobros.
De acuerdo con lo informado por Defensa al Consumidor, con el objetivo de resolver el conflicto entre Branka Motors y clientes a los que se les entregó el vehículo pero sin papeles, Javier Varas, de la empresa Triax Motors, sería el encargado de entregar la documentación correspondiente.
Fernando Lucero, delegado de la Asociación de Concesionarias de Automotores (ACARA) habia consignado que la entrega de unidades sin la tramitación correspondiente constituye “una falta muy grave” dentro del circuito formal de comercialización y que una moto “no puede salir a la calle si no se ha iniciado el trámite”, en comunicacion con Tiempo de San Juan.
El nuevo episodio se produce en un contexto particularmente sensible para el sector. La causa que investiga a Branka Motors continúa abierta y atraviesa una instancia clave tras la oferta de resarcimiento económico presentada por la firma para intentar cerrar el conflicto judicial.
En el marco de la causa, además del propio local de Branka Motors, se allanó un local comercial denominado Emmebe, que tampoco estaría registrado en la dependencia correspondiente del Poder Judicial. De este último no han trascendido denuncias directas ni datos oficiales de la empresa en esta investigación. Las actuaciones periciales estan a cargo del fiscal Guillermo Heredia.
El caso, que involucra a 287 damnificados, gira en torno a presuntos incumplimientos contractuales, demoras en entregas y operatorias comerciales bajo investigación. El daño económico es incalculable por el momento y los afectados esperan los detalles de la oferta. Denunciaron que nunca les entregaron las motos que pagaron; los casos más graves registraban hasta cinco meses de demora. Algunos realizaron compras en cuotas de elevado valor, cercanas a los $400.000, días antes de que la situación tomara estado público, y mensualmente deben abonar por vehículos cuya entrega aún es incierta.
En ese escenario, la aparición de nuevas denuncias dentro del mismo rubro, sumadas a coincidencias documentales y fiscales, vuelve a colocar bajo la lupa los esquemas de comercialización mediante planes de pago.