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SUSCRIBITELos responsables de la firma presentaron esa propuesta para arribar a un acuerdo de reparación integral con los denunciantes y poner fin a la causa penal. Habrá que ver qué dicen la fiscalía y los querellantes.
Aquí funcionaba la firma Branka Motors, en la esquina de calle 25 de Mayo y avenida Rioja, en San Juan Capital.
Los dueños o responsables de Branka Motors quieren frenar el escándalo de la supuesta megaestafa y evitar sus detenciones. En un manotazo de ahogado, ahora ofrecieron la suma de 420.000.000 pesos como resarcimiento para los 287 denunciantes y, con eso, poner fin al proceso penal. La propuesta ya fue presentada; resta que la fiscalía analice la oferta y será clave la opinión de los damnificados y de los abogados querellantes.
La novedad se conoció este lunes entre algunos abogados de decenas de damnificados. Fuentes del caso contaron que la presentación fue hecha por los letrados que representan a los hermanos Alexis y Jonathan Marco y a Facundo Banega —los supuestos responsables de la firma— ante el fiscal Guillermo Heredia, de la UFI de Delitos Informáticos y Estafas, aunque no trascendieron los detalles de la propuesta.
El objetivo sería llegar a un acuerdo de reparación integral; es decir, arribar a una conciliación entre las partes y a una solución alternativa al proceso penal. Habrá que ver si el ofrecimiento y la forma de pago conforman a los denunciantes. De eso dependerá que se suspenda la acción penal o que la causa avance, dado que aún no fue formalizada.
El caso Branka Motors comenzó a escalar el 16 de enero de 2026, cuando un episodio policial en el local de avenida Rioja y 25 de Mayo puso el conflicto en la escena pública. Ese día fue detenido Juan Díaz, acusado de intentar retirar una moto del salón sin autorización. Sin embargo, el hombre exhibió un contrato de compra-venta que acreditaba la operación. Aunque la causa fue encuadrada como hurto simple en grado de tentativa y luego accedió a una probation, el hecho dejó al descubierto el conflicto existente con centenares de clientes que denunciaban no haber recibido las motocicletas ya pagadas.
El 19 de enero, el malestar estalló. Decenas de personas se concentraron frente a la concesionaria reclamando la entrega de rodados abonados —algunos desde hacía meses— o la devolución del dinero. Hubo gritos, agresiones e intervención policial. A partir de ese momento comenzaron a multiplicarse las denuncias formales y la causa pasó al ámbito de la UFI de Estafas y Delitos Informáticos, que inició una investigación para determinar si existió una maniobra sistemática.
En paralelo, Defensa al Consumidor aplicó a la firma una multa cercana a los 2.900 millones de pesos por los incumplimientos en la entrega de las motocicletas. Si bien esa sanción no implica un resarcimiento directo para los damnificados, refuerza el cuadro de irregularidades administrativas detectadas. La Justicia deberá definir ahora si se trató de meros incumplimientos contractuales o de una presunta estafa sistemática, pero las propias cláusulas que prometían seguridad y plazos concretos se han convertido en uno de los ejes centrales de la investigación.
Con el avance del expediente cobraron relevancia los contratos firmados por los clientes y los responsables de la firma, que fueron presentados como prueba por parte de la abogada María Filomena Noriega y otros letrados querellantes. En esos documentos se prometía la entrega de la moto en un plazo de hasta 20 días hábiles desde la confirmación del pago y, en caso de falta de stock, la empresa se comprometía a entregar un rodado de similares características o a devolver el dinero. Para los denunciantes, esos puntos funcionaban como un “anzuelo”: ofrecían garantías concretas que generaban confianza, pero que luego —según sostienen— no se cumplieron.
Otro aspecto que hoy complica el panorama es que los contratos estaban suscriptos por la “administración” de la empresa, sin identificar personas físicas responsables. Esa falta de individualización, sumada a la reiteración de casos similares, alimenta la hipótesis de un accionar organizado. Actualmente la causa acumula 287 denunciantes y ya se realizaron allanamientos en el local céntrico de Branka Motors y en EMMEBE, el otro comercio vinculado a la firma, mientras los hermanos Alexis y Jonathan Marco y Facundo Banega permanecen bajo la lupa fiscal.
La propuesta que se conoció este lunes puede ser una vía de solución, pero habrá que ver si la firma realmente puede afrontar semejante monto para conformar a todos los denunciantes.