Cláusulas y promesas claves en el contrato: así operaba el "anzuelo" de Branka Motors

Promesas y obligaciones no satisfechas figuran en el contrato de una de las presuntas víctimas (la justicia deberá determinar si lo es) y, a priori, podrían ser tenidas en cuenta como un incumplimiento contractual. Sin embargo, fuentes del caso señalan que la situación es más grave, ya que la maniobra reiterada resulta una conducta delictiva que debe ser juzgada. Y es que, con 287 damnificados, el accionar se ofrece como mínimo como sistemático.

En tan sólo siete puntos, lo que podría ser considerado un "anzuelo" -si se confirma que hubo un ilícito- se exhibía como un acto seguro para aquellos que decidían invertir sus ahorros en una motocicleta. Con el compromiso de la empresa y los pagos acordados, el denunciante asegura que creía que el marco de legalidad estaba dado. No obstante, lo peor vino después porque nunca recibió nada tras pagar más de un millón de pesos.

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Acorde lo firmado, la empresa -que por el momento tendría a tres representantes bajo la lupa del fiscal Guillermo Heredia- anticipaba que la entrega se haría en un plazo de hasta 20 días hábiles, contados desde la fecha de la confirmación efectiva del pago. Incluso, advertía que, en caso de no haber stock del modelo definido, pondría a disposición un ciclomotor de similares características.

Esas dos cuestiones, para el contratante -que espera por novedades en la instrucción de la UFI de Estafas y Delitos Informáticos- resultaban una especie de garantía, dado que se reconocía que podría existir algún tipo de complicación, pero que rápidamente iba a ser subsanada. Pese a ello, cuando los días superaron el plazo fijado, el panorama oscureció para quien ahora reclama justicia.

La séptima cláusula, a esta altura, parecería una broma de mal gusto para los más de 200 denunciantes, pues señala que en caso de existir alguna irregularidad entre las partes sea la justicia ordinaria de la provincia la que intervenga.

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Lo curioso del contrato es que la parte que asume los compromisos con su firma es la "administración" de Branka Motors y no figura ninguna persona en particular. Es por ello que aún no está claro quién o quiénes estarían detrás de la presunta maniobra delictiva. Si bien el caso no se ha formalizado, ni se ha imputado a nadie en particular, desde Defensa al Consumidor sindicaron a tres sujetos.

Los mismos serían empleados que prestaron sus CUIT para obrar. Se trata de Alexis Marco, Jonatan Marco y Facundo Banega, quienes podrían ser acusados por el Ministerio Público si todo avanza en la instrucción que realizó dos allanamientos: uno en el local de Branka Motors, en Rioja y 25 de Mayo y otro en el comercio EMMEBE, vinculado a la empresa bajo la lupa.

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Por el momento, la oficina estatal multó a la firma con una suma cercana a los 2.900 millones de pesos por los incumplimientos de los contratos en cuanto a la no entrega comprobada de motos. Sin embargo, ese dinero no irá a los damnificados que pretenden recuperar lo perdido.

El caso explotó el pasado 16 de enero, a partir de un episodio policial atípico, cuando un cliente intentó retirar un vehículo por la fuerza al denunciar incumplimientos en la entrega. Por el hecho, el hombre fue detenido y el caso vio la luz de lo público. Al lunes siguiente, una multitud reclamó en las puertas del negocio y el conflicto escaló rápidamente al ámbito judicial con las primeras denuncias formales.

Sin dudas, el caso sacudió la feria judicial y fue la primera gran estafa denunciada en el año, luego de un 2025 signado por las denuncias de estafa con terrenos que salpicaron a diversas empresas, empresarios y hasta sindicatos.