Caso Branka Motors: quién es quién en el esquema comercial investigado por presuntas estafas con motos
A partir de elementos documentales surgidos por el conflicto, Tiempo de San Juan pudo hacer una reconstrucción de la estructura y las operaciones de la concesionaria señalada por presunto fraude en la comercialización de motovehículos. Nombres que aparecen, los roles dentro de la firma, el impacto económico y lo que dicen en el sector.
Tras el fracaso de las negociaciones en Defensa al Consumidor entre Branka Motors y 287 damnificados por irregularidades en la venta de motos -puntualmente por la falta de entrega de vehículos o la entrega sin documentación- la dependencia del Estado provincial aplicó una multa inédita cercana a los 2.900 millones de pesos a la firma. El expediente administrativo fue remitido a la Justicia, que ahora tendrá la última palabra. La pregunta detrás del caso se centra en saber quiénes figuran como posibles responsables de la entrega fallida de motos. Por primera vez, Tiempo de San Juan cuenta cómo presuntamente operaba la firma, los nombres y los roles de los sancionados por la dependencia estatal y sus antecedentes comerciales.
En este ámbito, es el fiscal de la UFI de Estafas y Delitos Especiales, Guillermo Heredia, quien comanda las actuaciones a fin de determinar eventuales responsabilidades en una causa que ya acumula récord de denuncias. En ese marco, ya se concretaron allanamientos en dos locales comerciales bajo la figura de presunta estafa, luego de que la firma comunicara una pausa en sus operaciones.
El caso explotó el pasado 16 de enero, a partir de un episodio policial atípico, cuando un cliente intentó retirar un vehículo por la fuerza al denunciar incumplimientos en la entrega. El lunes siguiente, una multitud reclamó en las puertas del negocio y el conflicto escaló rápidamente al ámbito judicial con las primeras denuncias formales.
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Desde entonces, se multiplicaron los casos, las presentaciones ante organismos provinciales y las movilizaciones de afectados hacia el Centro Cívico y el Palacio de Tribunales. La historia, incluso, sumó un capítulo en las puertas de Casa de Gobierno, donde un grupo de damnificados fue recibido por el gobernador Marcelo Orrego.
Una pregunta persiste en torno a los responsables visibles de la operatoria, sindicados como Alexis Marco, Jonatan Marco y Facundo Banega, sobre quienes pesa la sanción de Defensa al Consumidor que actualmente tramita Fiscalía de Estado para su eventual ejecución. Según surge de los datos fiscales relevados y datos aportados por los afectados, ninguno de ellos supera los 26 años de edad.
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La investigación comenzó a abrir otros interrogantes que exceden las denuncias individuales: cuál es la estructura comercial bajo la que operaba Branka Motors, su identidad jurídica y la participación de distintas personas físicas en contratos, facturación y circuitos de cobro.
¿QUÉ ES BRANKA MOTORS?
Uno de los primeros interrogantes que surgen del caso, dejando de lado las denuncias por irregularidades, es la identidad jurídica bajo la que operaba Branka Motors.
De acuerdo a la documentación a la que este medio tuvo acceso, la denominación “Branka Motors” aparece de manera sistemática en sellos comerciales, cartelería, contratos y boletas de cobro de Mercado Pago. Sin embargo, en los contratos relevados no surge con claridad una razón social formalmente identificable, ni se constata de manera explícita una persona jurídica asociada al nombre comercial.
Tiempo de San Juan pudo verificar mediante consulta al Registro Público de Comercio bajo la órbita del Poder Judicial de San Juan que no se encuentran sociedades inscriptas bajo las denominaciones “Branka Motors” o “Emmebe” —la otra firma allanada en el marco de la causa— ni tampoco bajo otras variantes vinculadas al nombre utilizado comercialmente.
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Cabe remarcar que, en términos legales, la inexistencia de una sociedad registrada bajo ese nombre no implica, por sí misma, una irregularidad. Un comercio puede operar bajo la figura de persona física y utilizar un nombre de fantasía. Sin embargo, la falta de una identificación societaria explícita en los contratos configura un elemento de análisis dentro de la investigación.
En los contratos examinados se repiten ciertos patrones: sellos genéricos con la inscripción “ADMINISTRACIÓN BRANKA MOTORS”, firmas sin aclaración ni DNI visible, en algunos casos ausencia de CUIT y, en todos los documentos contractuales analizados, la ausencia total de la razón social, lo que presume una sociedad de hecho, según fuentes judiciales.
A partir de los datos fiscales consignados en dichos documentos es que puede delinearse una aproximación a la configuración del esquema comercial que hoy está en la mira de la Justicia.
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QUIÉN ES QUIÉN
Más allá de las actuaciones administrativas y de la investigación penal en curso, la documentación relevada permite identificar a distintas personas físicas que aparecen vinculadas a la operatoria comercial desarrollada bajo el nombre de fantasía Branka Motors.
Contratos de compra, comprobantes de pago, registros de facturación y transferencias bancarias exhiben la participación de múltiples identidades fiscales que cumplen funciones diferentes dentro del circuito administrativo y financiero analizado.
Los datos surgen exclusivamente de documentación comercial y fiscal. Nada de esto implica la atribución de responsabilidades penales.
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LOS NOMBRES VISIBLES EN LOS CONTRATOS
A priori, son tres las personas que aparecen de manera reiterada en la documentación: Alexis Marco, Jonatan Marco y Facundo Banega.
Sus CUIT figuran asociados a contratos de compra de motocicletas y fueron, además, los destinatarios de la multa inédita aplicada por Defensa al Consumidor tras el fracaso de la instancia conciliatoria con los damnificados.
Los datos fiscales consultados indican que ninguno de ellos supera los 26 años de edad. El dato no configura ningún tipo de irregularidad, pero cobra relevancia en el contexto de una operatoria que, de acuerdo a testimonios y documentación de pago, involucró montos elevados de dinero y una importante cantidad de operaciones.
Del cruce de datos con la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), surge que tanto Jonatan David Marco como Facundo Agustín Banega figuran inscriptos en la actividad económica “Venta de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios”. En el caso de Marco, el alta en dicha actividad data de marzo de 2024, mientras que Banega registra su inscripción desde abril de 2025.
El dato oficial constituye un elemento relevante dentro del esquema comercial reconstruido, ya que vincula formalmente a ambos contribuyentes con el rubro bajo investigación.
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EL CASO DE ALEXIS JAVIER MARCO
En el caso puntual de Alexis Javier Marco, la documentación oficial relevada permite incorporar elementos que clarifican su perfil dentro de la empresa.
Del cruce de datos fiscales ante ARCA surge que el contribuyente registra actividades económicas distintas a las otras dos personas señaladas. En los registros consultados, Alexis Marco figura inscripto en “Servicios personales N.C.P.” y “Servicios de asesoramiento, dirección y gestión empresarial”, ambas con período declarado desde agosto de 2025.
Hay otro dato importante. Según fuentes calificadas, Alexis Javier Marcó aparece como habilitado comercialmente por la Municipalidad de la Capital para el rubro "venta de motocicletas" en un trámite de fecha 31 de octubre de 2025, en el inmueble ubicado en Avenida Rioja Nº 199 (Norte), domicilio que coincide con la locación física comercial Branka Motors.
El cruce de registros expone un contraste entre la actividad económica declarada ante ARCA y la habilitación comercial otorgada por la autoridad municipal. Esta situación tampoco implica por sí misma una irregularidad, constituye un elemento más dentro del análisis administrativo del esquema comercial.
Su papel aparece como central dentro de la operatoria: su CUIT figura en contratos examinados y también en la habilitación comercial del inmueble en cuestión.
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DOS NOMBRES QUE APARECEN
Más allá de los firmantes de contratos, la documentación relevada incorpora la intervención de otras personas físicas dentro del circuito financiero reconstruido.
Tickets de Mercado Pago, comprobantes impresos y registros de transferencias bancarias aportados por los denunciantes exhiben CUITs y titulares de cuentas distintos a los identificados en la documentación contractual y que tampoco fueron sujetos de sanciones económicas en la resolución de Defensa al Consumidor.
Se trata de Fabiana Beatriz Jofré y Javier Orlando Marco, al menos 20 años mayores que los señalados. Las consultas ante ARCA realizadas sobre los CUIT consignados en comprobantes de pago revelan, en el caso de Jofre que la cuenta se encuentra en estado “inactivo” y en el caso de Marco (Javier Orlando) la consulta pública no arrojó resultados vinculados a una cuenta fiscal activa.
Nuevamente, estas situaciones no implican por sí mismas irregularidades, constituyen datos relevantes dentro del circuito financiero reconstruido.
EL ESQUEMA COMERCIAL INVESTIGADO
El cruce entre contratos, registros fiscales, comprobantes de pago y documentación administrativa permite delinear, al menos en términos formales, distintos roles dentro de la operatoria comercial desarrollada bajo el nombre de Branka Motors.
La documentación relevada muestra la intervención de cinco personas físicas en funciones diferenciadas. Algunos nombres aparecen asociados a la comercialización de motocicletas de forma directa, otros figuran en instancias administrativas, mientras que otros elementos documentales los vinculan a circuitos de cobro y recepción de fondos.
En ese marco, Jonatan David Marco y Facundo Agustín Banega registran ante ARCA actividad económica específica dentro del rubro “Venta de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios”, lo que los vincula formalmente con tareas de comercialización.
Por su parte, Alexis Javier Marco presenta un perfil fiscal distinto. Sus actividades declaradas ante ARCA corresponden a servicios personales y asesoramiento empresarial, mientras que su CUIT figura de manera reiterada en contratos y documentación administrativa examinada por este medio. A su vez, cuenta con habilitación comercial municipal para el rubro venta de motocicletas.
Por otra parte, la documentación sobre pagos -esto es, boletas de Mercado Pago y comprobantes virtuales de trasferencias bancarias y de billeteras virtuales- revela la participación de otras personas físicas cuyos datos aparecen asociados a cuentas utilizadas para la recepción de fondos, ellas son Fabiana Beatriz Jofre y Javier Orlando Marco.
Los apellidos que se repiten suponen que la organización comercial sería de índole familiar y una estructura operativa en la que se diferencian al menos tres funciones: la comercialización, la gestión administrativa y la administración de cobros.
Sin éxito, este medio también intentó comunicarse en numerosas ocasiones con José Tejada, representante legal que asistió a los implicados en la primera audiencia de conciliación en la Dirección de Defensa al Consumidor el 30 de enero a fin de conocer la versión sobre los hechos públicos en los que se encuentra implicados.
IMPACTO ECONÓMICO
El volumen de denuncias y los montos consignados en la documentación de pago permiten dimensionar el impacto económico del caso. Los valores relevados detallan operaciones que parten desde cifras superiores al millón de pesos, pagos al contado, planes de financiación y entregas de dinero en cuotas.
Los contrato exhiben pagos de diferentes montos, en una planilla con cuotas, por ejemplo 6 cuotas pagadas por $210.000 cada una, pagos únicos por $1.150.000; otro por $1.700.000, otro de $1.900.000. También hay tickets de transferencias de billeteras virtuales por $383.310 o $850.000, entre otros.
Testimonios de los afectados dan cuenta también de recientes compras hechas con tarjeta de crédito por pagos en cuotas que llegan hasta los $400.000 cada una. Algunas de ellas realizadas días antes que la situación tome estado público, por lo que deberán afrontar los pagos sin saber si recibirán el vehículo.
La magnitud del daño económico denunciado por los damnificados constituye uno de los ejes centrales del expediente, cuyo monto final falta determinar.
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QUÉ DICEN DESDE EL SECTOR
Mientras la causa avanza en el ámbito judicial, distintas voces vinculadas al sector comercial y a la industria aportaron definiciones relevantes sobre la operatoria observada en el caso Branka Motors.
Fernando Lucero, delegado de la Asociación de Concesionarias de Automotores (ACARA) —división motovehículos—, aseguró a este medio que la firma no forma parte del circuito formal de concesionarios oficiales.
Según explicó, Branka Motors “no es una agencia ni un concesionario oficial”, por lo que no se encuentra dentro del ámbito institucional de la entidad. En ese marco, indicó que tampoco cuenta con información sobre el origen de las unidades comercializadas ni sobre eventuales proveedores.
Por otro lado, explicó que el patentamiento es actualmente digital, cuyo sistema emite una un permiso oficial para circular hasta que la patente esté disponible en forma física. También dijo que el título del vehículo llega en forma virtual al correo electrónico del cliente días después de la entrega.
En esa línea, advirtió que la entrega de unidades sin la tramitación correspondiente constituye “una falta muy grave” dentro del circuito formal de comercialización y que una moto “no puede salir a la calle si no se ha iniciado el trámite”.
De acuerdo con lo informado por Defensa al Consumidor, con el objetivo de resolver el conflicto con quienes están en esta situación –con el vehículo pero sin papeles- Javier Varas de la empresa Triax Motos sería el encargado de entregar la documentación correspondiente.
Desde la Cámara de Comercio de San Juan, Hermes Rodríguez también señaló que la firma no registra antecedentes dentro de la entidad. “No participan de ninguna asociación ni forman parte de nuestra cámara. Lo que sabemos es lo publicado en los medios”, indicó.
LO QUE INVETIGA LA JUSTICIA
La causa penal por presunta estafa vinculada a Branka Motors se encuentra en una etapa de recolección de pruebas, con el foco puesto en determinar si existió una maniobra organizada en la comercialización de motocicletas que perjudicó a cientos de compradores.
La investigación fue iniciada por el fiscal Guillermo Heredia, de la UFI de Estafas y Delitos Informáticos, quien encabezó las actuaciones del Ministerio Publico Fiscal. Uno de los aspectos centrales del trabajo fiscal es la reconstrucción integral de la operatoria comercial y financiera.
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Hasta el momento, la Justicia ya concretó al menos dos allanamientos a locales comerciales relacionados con la causa, uno de ellos en las oficinas de Branka Motors el 21 de enero y otro en una concesionaria denominada Emmebe Motos una semana después, donde se secuestraron motocicletas, teléfonos y documentación que se considera esencial para avanzar en el esclarecimiento de los hechos.
En el palacio de tribunales y en comisarías cercanas a los domicilios de los afectados se han recibido cientos de presentaciones de clientes que denunciaron que nunca les entregaron las motos que pagaron o que las entregaron sin la documentación correspondiente, y se habilitaron turnos diarios para que los compradores puedan formalizar sus presentaciones y aportar pruebas adicionales. Los casos más graves tenían hasta 5 meses de demora.
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Aunque el proceso se encuentra en fase preliminar y bajo estricto secreto de sumario, fuentes judiciales consultadas por este medio aseguraron que no se descarta la inclusión de más responsables dentro del expediente, más allá de los nombres ya asociados a contratos y CUIT.
La investigación busca reunir elementos de convicción -entre los que se encuentra la resolución de Defensa al Consumidor que acredita el fracaso de la negociación por esta vía- para determinar si existió delito de estafa y eventualmente formalizar una acusación, arbitrar una solución alternativa o caso contrario, desestimar las denuncias.
