El titular de ATSA quedó en la mira por los delitos de amenazas y daño
Se trata de Alfredo Duarte, que fue denunciado en dos ocasiones por un empresario sanjuanino. Los hechos trascendieron tras un video viralizado en enero último.
Alfredo Duarte, el histórico titular de ATSA, quedó formalmente imputado este miércoles por el doble delito de amenazas y daño en perjuicio de un empresario. La causa surgió tras el video viral de enero último, en el que se ve al dirigente muy violento contra una familia. Según fuentes judiciales, la misma familia radicó dos denuncias contra el gremialista.
El fiscal José Plaza, de la UFI Genérica, dio a conocer los hechos este miércoles en una audiencia presidida por el juez de Garantías, Alberto Caballero. El representante del MPF explicó que el trasfondo del conflicto es que el denunciante (un empresario de apellido Gómez) le alquilaba a Duarte una propiedad para guardar los vehículos del gremio.
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Ese contrato de alquiler finalizó hace unos meses, pero supuestamente Duarte seguía utilizando la propiedad. Ante la insistencia del empresario para que desalojara el lugar, se desató el episodio grabado en enero.
En esa ocasión, Duarte, con un objeto contundente, le rompió una óptica y dañó la chapa de la camioneta de Gómez; por tal razón, se le adjudica el delito de daño.
A los días de ocurrido este episodio, la presunta víctima volvió a denunciar a Duarte, manifestando que su esposa había recibido mensajes intimidatorios por parte del gremialista. El fiscal expresó que hay capturas donde la mujer recibe fotos de los autos personales de sus familiares, aludiendo a que ya estaban registrados. Por tal razón, se lo imputa como presunto autor del delito de amenazas.
ramón alberto caballero
El juez de Garantías, Ramón Alberto Caballero
Tras la presentación de la fiscalía, el juez Alberto Caballero imputó por daño y amenazas a Alfredo Duarte. Además, dictó un plazo de 6 meses para la Investigación Penal Preparatoria (IPP) y el mismo período para las medidas coercitivas, tales como no obstaculizar la investigación, someterse al proceso y la prohibición de acercamiento y contacto con los denunciantes.
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