Pasadas las 13 horas de este martes, el Municipio de la Capital llegó a la vivienda con el objetivo de cerrar el inmueble, tras los últimos allanamientos y evaluaciones judiciales. Personas que quedaron a cargo de la casa negaron el cobro de alquileres, explicaron la situación legal de la propiedad y denunciaron amenazas por parte de exhabitantes, en un contexto marcado por reiteradas denuncias vecinales y antecedentes policiales.