Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.
SUSCRIBITEPasadas las 13 horas de este martes, el Municipio de la Capital llegó a la vivienda con el objetivo de cerrar el inmueble, tras los últimos allanamientos y evaluaciones judiciales. Personas que quedaron a cargo de la casa negaron el cobro de alquileres, explicaron la situación legal de la propiedad y denunciaron amenazas por parte de exhabitantes, en un contexto marcado por reiteradas denuncias vecinales y antecedentes policiales.
La conflictiva casona ubicada sobre avenida Rawson, entre Córdoba y General Paz, volvió a ser escenario de un nuevo capítulo este martes. Pasadas las 13 horas, cuando personal de la Municipalidad de la Capital se presentó en el lugar para proceder al cierre preventivo de la vivienda, tras los procedimientos y evaluaciones realizados en las últimas horas.
Según pudo reconstruir este diario, durante la tarde del lunes y hasta, al menos, el mediodía del martes, permanecieron en el inmueble tres personas adultas. Aseguraron que un hombre de 40 años aproximadamente -quien no dio a conocer su identidad- quedó a cargo de la propiedad, tras "adquirir los derechos del lugar por ser hijo de un conocido de la familia del dueño -fallecido hace algunos años-", expresaron a Tiempo de San Juan. De acuerdo a lo manifestado por una mujer que estuvo presente en la vivienda y prefirió no revelar su identidad, el actual poseedor habría comprado legalmente los derechos del inmueble hace aproximadamente dos meses y se habría presentado a tomar posesión efectiva unas tres semanas atrás, mientras avanza un proceso judicial para completar la documentación.
La misma fuente explicó que la operación se habría concretado a través de una intermediación con los hijos del propietario original. Según indicó, se desligaron del inmueble tras los reiterados conflictos registrados en el lugar, algunos de ellos vinculados al consumo de drogas y situaciones de violencia.
En ese marco, la mujer aclaró que no existiría ningún tipo de alquiler o cobro por pernoctar en la vivienda desde que el nuevo poseedor tomó control del inmueble. La mujer aseguró que esa versión, difundida en redes sociales y otros medios, es falsa, y sostuvo que actualmente el lugar se encuentra habitado solo por adultos responsables, uno de ellos un hombre de alrededor de 70 años, quienes figuran en un acta como responsables provisorios de la propiedad.
Sobre estas versiones, manifestó que las personas que se encontraban en la vivienda habrían contado inicialmente con autorización para permanecer en el lugar, tras una reunión en la que se les ofreció colaborar con tareas de acondicionamiento del inmueble y respetar normas básicas de convivencia, entre ellas la prohibición del consumo de drogas. Ante el incumplimiento -en la que podría incluirse el cobro de un posible alquiler- y episodios de violencia, se les solicitó que se retiraran y se dio intervención a la Policía para concretar el desalojo.
Respecto a los episodios recientes que derivaron en intervenciones policiales, se indicó que un grupo de personas que se encontraba en la casona habría contado inicialmente con autorización para permanecer allí, bajo la condición de colaborar con tareas de limpieza y reacondicionamiento del lugar. Sin embargo, al incumplir normas básicas de convivencia y continuar con conductas vinculadas al consumo de estupefacientes, se les habría pedido que se retiraran. Ante una reacción violenta, se dio aviso a la Policía, que intervino y los desalojó.
Tras esos hechos, el lunes se produjo un nuevo allanamiento ordenado por el Primer Juzgado de Faltas de Capital, a cargo del juez Horacio Hernández, en el marco de reiteradas denuncias vecinales por olores nauseabundos, contaminación, presencia de roedores e insectos, y ruidos molestos. Durante el procedimiento, en el que participaron inspectores municipales y áreas sociales provinciales y comunales, se constató que el inmueble se encontraba prácticamente vacío y en mejores condiciones que en operativos anteriores.
Según relataron los ocupantes actuales, durante esa inspección intervinieron autoridades judiciales y fiscales, quienes habrían desestimado la clausura del lugar durante el lunes, pese a que el operativo se había iniciado a partir de una denuncia por ruidos molestos y olores nauseabundos.
No obstante, la situación sigue siendo tensa. Las personas que permanecen en la casona denunciaron haber recibido amenazas por parte de quienes fueron retirados del inmueble, incluso durante la noche del lunes, motivo por el cual se dispuso custodia policial preventiva por orden de la fiscalía interviniente.
El inmueble arrastra un extenso historial de conflictos. Es el tercer allanamiento que se realiza en los últimos meses y ya fue escenario de violentos episodios, como la gresca ocurrida el pasado 2 de diciembre, que terminó con más de 20 personas detenidas, y un allanamiento de alto impacto en febrero de 2024 por una causa de abuso sexual. A esto se suma la compleja situación legal de la propiedad, marcada por la muerte del dueño original y la falta de notificación formal a los herederos.
video