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SUSCRIBITESe trata del abogado Jorge Emanuel Aguilar Zeballos, quien había recusado al juez y al fiscal aunque sus intentos por removerlos del proceso fueron desestimados. En la formalización de su caso, fue imputado por desobediencia a una orden judicial y amenazas simple.
Luego de encarnar una puja con el juez de Garantías y el fiscal, Jorge Emanuel Aguilar Zeballos, más conocido como el "abogado fit", fue imputado por la justicia por amenazas y por violar una medida perimetral. Este martes por la mañana, el letrado se sentó en el banquillo de los acusados y se formalizaron las sospechas en su contra, tras haber sido denunciado en la UFI CAVIG.
Es que una mujer, con la que tiene una restricción de acercamiento, denunció que se cruzó con Aguilar Zeballos y que éste, lejos de marcharse por la prohibición de contacto, se dirigió hacia ella y le propinó supuestas amenazas. "Ya vas a ver lo que te va a pasar, ya te voy a encontrar en la calle", le habría dicho.
Por tal razón, según sostuvo el fiscal Roberto Ginsberg, la denunciante tomó su teléfono para llamar a la Policía y, en ese momento, el "abogado fit" volvió a advertirle sobre su conducta. Frente al hecho, la mujer radicó la denuncia y dio inicio a la causa que demoró en ser formalizada por los planteos que el apuntado hizo.
Cuando estaba planificado que tenga lugar la audiencia, el abogado de alto perfil -que pidió un jury para el juez Jorge Toro- recusó no sólo al representante del Ministerio Público, sino también al magistrado que intervenía, Javier Figuerola. Ambas pretensiones hicieron retrasar el inicio de la causa y, tras ser rechazadas, se ejecutó el proceso.
Para Aguilar Zeballos, los funcionarios judiciales tenían relación con la parte denunciante y, por ello, no estaban dadas las garantías del proceso porque no habría imparcialidad en ellos. No obstante, los pedidos de recusación fueron rechazados. El Tribunal de Impugnaciones, representado por el Juez Maximiliano Blejman, resolvió no hacer lugar a la recusación presentada.
La presentación cuestionaba supuestos vínculos políticos y laborales previos entre el magistrado y la denunciante, así como su intervención en un legajo anterior relacionado con las mismas partes. Sin embargo, el Tribunal concluyó que no se acreditaron vínculos laborales, jerárquicos, políticos ni personales de gravedad que comprometieran la independencia o imparcialidad del juez, según lo exige el Código Procesal Penal.
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