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SUSCRIBITEEmanuel Aguilar había recusado al juez de Garantías que interviene en su causa y un magistrado de mayor jerarquía desestimó lo solicitado el profesional. Es por ello que, molesto por el fallo, realizó un fuerte descargo en el que indicó que existe una operación mediática en su contra.
Luego de que el Tribunal de Impugnación desestimara el pedido de recusación contra el juez de Garantías Javier Figuerola, Emanuel Aguilar Zeballos, conocido como el “abogado fit”, difundió un extenso descargo público en el que cuestionó la cobertura periodística del caso y defendió la legitimidad de sus planteos judiciales en una causa que lo tiene como sospechado de dos delitos.
En un escrito firmado a título personal, Aguilar sostuvo que la nota publicada recientemente por este diario -basada en el fallo judicial que denegó su pedido-ofrece una versión “parcial o distorsionada” de los hechos y consideró necesario realizar aclaraciones “con responsabilidad, mesura y respeto institucional”, dada la sensibilidad del conflicto y la existencia de una niña involucrada.
El letrado remarcó que la causa penal en su contra, por presunta desobediencia a una orden judicial, se inscribe, según su postura, en un contexto más amplio de conflicto familiar y obstrucción del vínculo paterno-filial. Afirmó que desde hace 21 meses no tiene contacto con su hija y que esta situación se encuentra documentada en el expediente del fuero de Familia.
En ese sentido, Aguilar citó informes del gabinete interdisciplinario del Juzgado de Familia que, según indicó, dan cuenta de una “posición obstruccionista” por parte de la familia materna, señalan que la niña no logra justificar su negativa al contacto y descartan que él represente un riesgo para la menor, destacando incluso un vínculo afectivo positivo. También recordó que el propio juzgado intimó y sancionó económicamente a la madre de la niña por incumplimientos reiterados del régimen de comunicación.
Respecto del planteo de recusación que fue rechazado por el juez de Impugnación Maximiliano Blejman, Aguilar negó que se tratara de una maniobra arbitraria. Explicó que, en una instancia previa, el juez Juan Carlos Caballero Vidal (h) se había inhibido voluntariamente por vínculos personales con familiares directos de la denunciante, lo que -según su interpretación- justificaba la preocupación por la imparcialidad judicial y habilitaba el planteo posterior.
El abogado también cuestionó lo que describió como un trato desigual por parte del Ministerio Público Fiscal. Señaló que sus denuncias por impedimento de contacto fueron archivadas sin notificación ni posibilidad de revisión, mientras que, en paralelo, avanzó una denuncia penal que calificó de infundada. A ello sumó que la supuesta orden judicial que habría desobedecido no le fue notificada personalmente ni contenía apercibimientos claros, según la información remitida por el propio Juzgado de Familia.
En su descargo, Aguilar agregó que la denunciante habría incumplido en al menos cuatro oportunidades durante 2025 una prohibición de acercamiento vigente, hechos que -aseguró- se encuentran registrados. También recordó que, por los mismos episodios hoy cuestionados en sede penal, el Juzgado de Familia le otorgó a él medidas de protección, imponiendo una restricción de acercamiento a la madre de la niña tras la intervención de la Dirección de Género de la Provincia.
Finalmente, el abogado rechazó la caracterización de sus presentaciones como “denuncias infundadas contra funcionarios judiciales” y mencionó antecedentes en los que, según indicó, sus acciones tuvieron resultados concretos, como la condena en 2022 del ex funcionario judicial Juan Pablo Ortega y el proceso de remoción del juez Jorge Toro, que concluyó con una votación dividida en el Jurado de Enjuiciamiento.
“Mi único objetivo es recuperar el vínculo con mi hija y exigir que los funcionarios cumplan con la ley”, expresó Aguilar, quien concluyó que no persigue confrontaciones personales, sino una justicia “eficiente, transparente y verdaderamente justa”.
No se sabe en detalle el delito que Fiscalía quiere imputarle a Aguilar Zeballos porque no está hecha la formalización. De igual manera, en audiencia se dijo que es por desobediencia a una orden judicial y amenazas simples en perjuicio de su expareja.
Fuentes allegadas manifestaron que la presunta víctima había solicitado una perimetral contra el abogado. Medidas de protección que fueron otorgadas por el juez Figuerola. Esta medida no habría sido cumplida, ya que la denunciante manifestó que Aguilar Zeballos se acercó a ella en la vía pública y la amenazó.
El Jurado de Enjuiciamiento de San Juan decidió desestimar la denuncia presentada por el abogado Emanuel Aguilar contra el juez Jorge Toro, actual magistrado Penal Juvenil y titular del Primer Juzgado de Niñez y Adolescencia. Con esta resolución, quedó establecido que el magistrado no será sometido a proceso y continuará en su cargo.
La presentación había sido realizada por Aguilar Zeballos en su rol de padre, alegando que Toro demoraba la revinculación con su hija. Tras ingresar la denuncia, el trámite avanzó conforme a los pasos previstos por la normativa: primero se dio vista al juez para que realizara su descargo, instancia en la que respondió con un escrito detallando las medidas adoptadas para facilitar el reencuentro entre la niña y su progenitor.
Posteriormente, la causa pasó a la etapa previa a un eventual proceso, donde se evaluó si correspondía formular una acusación o desestimar la presentación. Finalmente, el órgano decidió que no existían elementos que configuraran una falta grave que justificara la apertura de un juicio político, por lo que la denuncia fue archivada.