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SUSCRIBITESi bien se lleva adelante una instrucción preliminar, desde Fiscalía de Estado anticiparon que se conformarán como querella si hubiere sospecha firme de perjuicio sobre el patrimonio de la Provincia. Qué medidas adoptará el Ministerio Público y qué hay detrás de la figura de enriquecimiento ilícito.
Luego de la denuncia penal de Marcelo Arancibia por corrupción en la obra del Acueducto Gran Tulum, un escándalo que señala presuntos vicios en la contratación y devela una conexión con Gustavo Monti, el primo del ex gobernador Sergio Uñac, el fiscal de la UFI de Delitos Especiales, Sebastián Gómez, inició una investigación preliminar y, en ese marco, entre sus primeras medidas, solicitó una aclaración al denunciante.
Es que el dirigente de GEN San Juan, que tomó conocimiento de las sospechas a partir de las publicaciones de Tiempo de San Juan y como ciudadano acudió a la Justicia, en su presentación mencionó una serie de delitos que se habrían producido en perjuicio de la Administración Pública con la contratación de una empresa que todavía no finalizó los trabajos y, entre las figuras previstas en el Código Penal se hallaba el enriquecimiento ilícito.
En ese sentido, el representante del Ministerio Público que instruye la investigación, cuyo plazo podría extenderse hasta 6 meses más, le pidió a Arancibia que identificara quiénes serían los presuntos autores del enriquecimiento ilícito y cuáles serían los bienes, dado que el mismo aludía a una fecha límite. Sin embargo, el denunciante respondió que, como no es objeto de la denuncia, no podía aportar esos datos.
En consecuencia, lo que intentó Arancibia, acorde explicó, fue dejar por sentada la sospecha y quizás así tratar de interrumpir la prescripción. En la denuncia, refería al 10 de diciembre, cuando vencía el plazo de 2 años para investigar por ese delito a quienes fueran funcionarios públicos hasta el 10 de diciembre de 2023.
Con la duda despejada, fuentes indicaron que el fiscal Gómez solicitará informes a organismos públicos -intervinientes en la licitación y la obra-, con el objetivo de recopilar información técnica y administrativa relevante. En ese marco, las fuentes señalaron que se revisarán licitaciones, certificaciones, compras de materiales y contratos, vinculados endeudamiento con Kuwait por 100 millones de dólares, lo que comenzó a pagarse según relató el ministro Roberto Gutiérrez.
Mientras se indaga de forma preliminar y se intenta determinar si existió la presunta comisión de un delito, los que en la denuncia podrían ser administración fraudulenta, negociaciones incompatibles con la función pública, tráfico de influencia, posible cohecho y hasta una asociación ilícita administrativa, la Fiscalía de Estado ya anticipó que se conformará como parte querellante, si hubiere una causa formal.
"Si se afecta el interés patrimonial de la Provincia, claro que nos debemos constituir como parte querellante. No obstante, debemos respetar los tiempos del fiscal penal", manifestó Sebastián Dávila, que se estrenó en el cargo con la mega causa de expropiaciones en el final del juicio.
Si bien este diario dio a conocer que sería Gómez el instructor, fuentes ligadas al proceso deslizaron que otro fiscal tuvo en sus manos la denuncia y, por relaciones de amistad con los presuntos autores, se habría inhibido a intervenir. Se trataría de Francisco Micheltorena, aunque esta información no pudo ser corroborada por el propio protagonista, que evitó responder a la consulta. De todos modos, en caso de ser cierto, su accionar habría sido el correcto en relación al posible vínculo.
Aunque no se señalan nombres, la denuncia solicita que se investigue la posible participación de funcionarios con competencia en las contrataciones, obras públicas, control de calidad y certificaciones, durante sus gestiones entre 2015 a 2019 y 2019 a 2023. También pide que se investiguen las acciones de las empresas implicadas, es decir, Krah, la empresa adjudicada.
En caso de que los elementos de prueba que reúna el fiscal den lugar a la fuerte convicción de comisión del delito, el mismo podría formalizar la causa aún sin determinar autores y darle continuidad bajo la nominación de actuaciones investigativas.
Lo que denuncia Arancibia es el perjuicio económico que habría sufrido el Estado, con una obra sin finalizar y que generó una deuda que recién comienza a ser pagada. El denunciante aseguró que el daño fue de 100 millones de dólares, que representa la devolución del préstamo al Estado de Kuwait.