Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.
SUSCRIBITECon el concepto de “federalismo ambiental” como eje, el Presidente envió al Congreso la reforma de la Ley de Glaciares, una norma clave para destrabar inversiones mineras. En San Juan, cuatro proyectos pueden limitar su crecimiento en torno a las definiciones que surjan del debate legislativo, especialmente en torno a los glaciares de roca y el rol de las provincias en la evaluación
El presidente Javier Milei envió este lunes al Congreso de la Nación un proyecto de reforma de la Ley de Presupuestos Mínimos para la Protección de Glaciares (Ley 26.639), una norma clave para el desarrollo minero que, según el Gobierno nacional, busca “ordenar el marco normativo”, poner fin a interpretaciones discrecionales y consolidar un esquema de “federalismo ambiental” compatible con la Constitución.
El anuncio se formalizó a través de un comunicado oficial de la Oficina del Presidente, en el que se cuestiona la aplicación de la ley vigente y se advierte que, a más de 15 años de su sanción, generó “inseguridad jurídica”, paralizó inversiones productivas y afectó las competencias provinciales sobre los recursos naturales.
La iniciativa cobra especial relevancia para San Juan, donde cuatro proyectos mineros de cobre dependen directamente de las definiciones que surjan de esta reforma, en particular en lo referido a los glaciares de roca o ambientes periglaciales.
En el comunicado oficial, el Gobierno sostiene que la reforma reafirma los artículos 41 y 124 de la Constitución Nacional, fortalece el rol de las provincias en la evaluación de impacto ambiental y busca diferenciar los glaciares que cumplen una función hídrica efectiva de aquellos que no la tienen.
“El objetivo es terminar con la parálisis regulatoria, ordenar el Estado y liberar las fuerzas productivas”, señala el texto, que también menciona los reclamos de las provincias que integran la Mesa del Litio y la Mesa del Cobre, entre ellas San Juan.
La reforma de la Ley de Glaciares enviada por el presidente Javier Milei al Congreso resulta determinante para el futuro de cuatro grandes proyectos cupríferos en San Juan: El Pachón, Vicuña, Altar y Los Azules, todos atravesados, en distintas etapas, por la presencia de glaciares de roca o ambientes periglaciales.
El caso más emblemático es El Pachón, en Calingasta. Con la normativa vigente, el proyecto no puede siquiera presentar su Informe de Impacto Ambiental debido a la existencia de un glaciar de roca dentro de su área de influencia. Desde Glencore aseguran que estudios realizados por la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) concluyeron que ese glaciar “no cumple funciones hídricas efectivas”, por tratarse de un glaciar de escombros. Sin embargo, la empresa evita avanzar con el trámite ambiental ante el riesgo de que sea rechazado, mientras que fuentes oficiales reconocen que la provincia no podría siquiera recibir ese informe hasta que la ley tenga definiciones claras. El proyecto fue presentado al RIGI con una inversión inicial estimada en US$ 9.500 millones.
Una situación distinta, pero también atravesada por la incertidumbre legal, se da en Vicuña, operado por la alianza entre BHP y Lundin, que proyecta una inversión de US$ 15.000 millones y una vida útil superior a los 50 años. Si bien ya cuenta con la Declaración de Impacto Ambiental para su primera fase, el conflicto aparece en la etapa de expansión de Josemaría, donde existe un glaciar de roca cuya presencia es controvertida: figura en el inventario nacional del Ianigla, pero no en el relevamiento provincial. Esa discrepancia deberá resolverse para que el proyecto pueda avanzar.
En Altar, de Aldebarán Resources, el escenario es similar. El proyecto, aún en etapas preliminares, presentó en octubre su Estudio Económico Preliminar, que prevé una inversión de US$ 1.590 millones para producir cobre durante 50 años. Fuentes del sector indicaron que también allí existe un glaciar de roca en una zona destinada a futuras ampliaciones, lo que obliga a aguardar definiciones de la normativa nacional.
Por último, Los Azules, de McEwen Copper, aparece como el proyecto más avanzado. Cuenta con Declaración de Impacto Ambiental para su fase inicial y planea iniciar la construcción en 2026, comenzar a producir en 2029 y obtener su primer cátodo en 2030, con una inversión total de US$ 3.170 millones, luego de ser aprobado dentro del RIGI. No obstante, al igual que los demás, su expansión futura también se ve condicionada por la presencia de un glaciar de roca y dependerá de reglas claras a nivel nacional.