El Gobierno de San Juan respondió con dureza a las declaraciones del gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, quien en los últimos días de octubre volvió a poner en discusión los límites interprovinciales y cuestionó la localización de proyectos mineros clave en la cordillera. En el centro de la controversia aparece el proyecto Vicuña, que integra a Josemaría y Filo del Sol, uno de los desarrollos de cobre y oro más importantes del país, ubicado en el departamento Iglesia.
En una entrevista televisiva, Quintela anunció que La Rioja avanzará con un nuevo frente judicial y territorial para “recuperar los límites históricos” que, según sostuvo, fueron modificados de manera “ilegal e ilegítima” a través de un convenio firmado décadas atrás entre los entonces gobernadores Carlos Enrique Gómez Centurión (San Juan) y Guillermo Iribarren (La Rioja). “La mina más importante que tiene el país es Josemaría, que otrora fue riojana. Eso se entregó en un convenio entre dos gobernadores y eso hay que discutirlo”, afirmó.
Según lo consignado en el programa "La Picada", conducido por el periodista Gastón Sugo, las declaraciones generaron una respuesta inmediata del ministro de Minería de San Juan, Juan Pablo Perea, quien rechazó de plano los planteos riojanos y defendió con énfasis la potestad constitucional de la provincia sobre sus recursos naturales. “Cada provincia gobierna su territorio y sus recursos sin interferencias externas”, sostuvo el funcionario, en una contestación formal que marcó un límite político e institucional al reclamo vecino.
Desde San Juan remarcaron que el proyecto Vicuña se encuentra íntegramente dentro del territorio provincial, algo que, según señalaron, puede comprobarse mediante mensuras, coordenadas georreferenciadas y antecedentes dominiales. En ese marco, afirmaron que la evaluación ambiental, la autorización y el control del emprendimiento corresponden de manera exclusiva a la provincia, tal como lo establecen la Constitución Nacional y las normas ambientales y mineras vigentes.
Perea también cuestionó la pretensión de La Rioja de condicionar o frenar el proceso de Evaluación de Impacto Ambiental bajo el argumento de posibles efectos indirectos. Según planteó, la eventual existencia de impactos extra-jurisdiccionales no traslada competencias ni habilita a otra provincia a ejercer poder de policía ambiental fuera de su territorio, sino que, en todo caso, activa mecanismos de cooperación interprovincial que no son obligatorios ni sustituyen la autoridad local.
En el Gobierno sanjuanino advirtieron además que aceptar la postura riojana implicaría sentar un precedente peligroso, ya que permitiría que una provincia interfiera o bloquee decisiones productivas de otra, afectando la seguridad jurídica y el equilibrio del federalismo argentino. “No existe en el derecho argentino la figura de una jurisdicción ambiental expansiva”, sostuvieron.
