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SUSCRIBITEHace dos meses, el gobierno de Quintela agitaba una vieja pelea por los límites de Josemaría. Hoy, una empresa del mismo grupo minero aterriza en La Rioja con un acuerdo bajo el brazo y promesas de expansión.
Ricardo Quintela, gobernador de La Rioja
La foto que sella el acuerdo de exploración entre Lundin y el gobierno riojano (fuente: Gobierno de La Rioja).
En apenas dos meses, el discurso oficial del gobernador Ricardo Quintela de La Rioja viró del reclamo territorial al acuerdo minero, con un objetivo claro: que el cobre también empiece a jugar del lado riojano y con el derrame económico y de empleo.
Es que, a fines de octubre, La Rioja había reavivado una vieja disputa territorial y puso en el centro de la escena al proyecto Josemaría, al que reclamó como propio y amenazó con llevar a al terreno judicial. Dos meses después, el clima es otro: una empresa del Grupo Lundin -el mismo conglomerado que impulsa ese yacimiento- se reunió con el gobernador Quintela y firmó un acuerdo para desembarcar en la provincia.
La secuencia cronológica además de llamativa no pasó desapercibida en el sector: del conflicto abierto por el cobre a un entendimiento que abre la puerta a la expansión del distrito Vicuña hacia territorio riojano.
A fines de octubre pasado, en una entrevista e Canal 9 de La Rioja, el gobernador Ricardo Quintela reavivó una antigua disputa limítrofe con San Juan al anunciar la apertura de un nuevo frente judicial para “recuperar los límites históricos” de la provincia.
En ese marco, puso en el centro de la escena al proyecto Josemaría, al que calificó como “la mina más importante del país” y sostuvo que “otrora fue riojana”, cuestionando el convenio que definió su pertenencia sanjuanina, al que consideró “ilegal e ilegítimo”. Se refirió así al acuerdo firmado décadas atrás entre los entonces gobernadores Carlos Enrique Gómez Centurión (San Juan) y Guillermo Domingo Iribarren (La Rioja).
El trasfondo del reclamo apuntaba a lograr una participación directa en las regalías y beneficios económicos de un yacimiento valuado en miles de millones de dólares. Pero también funcionó como una bandera política de soberanía territorial y económica, en un contexto de fuerte tensión con el Gobierno nacional y de reclamos por la denominada “asfixia fiscal”.
Un planteo similar había hecho el propio Quintela en el 2021 sobre el proyecto íntegramente desarrollado en suelo sanjuanino. En aquel momento exfuncionarios del área minera llamaron a priorizar esquemas de cooperación regional por sobre la judicialización del conflicto.
¿Será eso lo que ocurrirá ahora? Al menos las ultimas noticias que llegan desde territorio riojano dos meses después muestran que el escenario dio un giro.
El 12 de diciembre pasado NGEx Minerals -empresa del Grupo Lundin, que impulsa proyectos como Josemaría, Filo del Sol y Lunahuasi- anunció formalmente su desembarco en La Rioja a través de su subsidiaria Pampa Exploración.
El anuncio tuvo un fuerte componente político. Antes de hacerlo público, representantes de la empresa, entre ellos el director de Asuntos Corporativos Alfredo Vitaller (segundo de izq. a der.) que fue gerente general de Josemaría por muchos años en San Juan, mantuvieron una reunión de alto nivel con el gobernador Quintela y su equipo.
El encuentro se produjo en plena resaca del conflicto por Josemaría y evidenció la existencia de un canal de diálogo directo entre el Gobierno riojano y el grupo empresario.
Además, la compañía dejó en claro que su llegada a la provincia no se limita a una exploración aislada. El objetivo explícito es buscar la extensión del distrito Vicuña, uno de los polos mineros más relevantes a escala mundial, del que forma parte Josemaría. Según indicaron los representantes empresariales, existen indicios de continuidad geológica hacia territorio riojano.
Lo cierto es que la secuencia de hechos -el reclamo político de octubre y el anuncio de inversión y expansión minera en diciembre- sugiere que el conflicto territorial fue reconducido hacia un esquema de integración productiva, sin necesidad de modificar al menos por ahora la jurisdicción de la mina ya instalada en San Juan ni de alterar el marco jurídico vigente.
Para el Gobierno de La Rioja, el desembarco de una empresa vinculada al Grupo Lundin representa una victoria política y simbólica. El ministro de Trabajo, Empleo e Industria, Federico Bazán, destacó que la inversión expresa “confianza en la provincia” y refuerza la “seguridad jurídica local”, además de abrir expectativas de desarrollo y empleo en el interior provincial.
Desde la óptica empresaria, la incorporación de La Rioja como nueva jurisdicción dentro del mismo distrito geológico permitiría garantizar previsibilidad política y licencia social para avanzar con planes de exploración y expansión a mediano y largo plazo en una región de alto potencial.
Así, el conflicto por Josemaría parece haber mutado en una negociación de alta política: La Rioja obtiene inversión minera y proyección productiva, mientras que el grupo empresario logra respaldo institucional y estabilidad para ampliar su presencia en uno de los distritos cupríferos más importantes del país.
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