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SUSCRIBITETras la publicación de la nueva normativa nacional, desde el sector advierten que, si bien se abre la posibilidad de ampliar la oferta, los requisitos técnicos y la inversión necesaria siguen siendo una barrera importante en la provincia.
El Gobierno nacional avanzó este miércoles con una reforma en el sistema de Revisión Técnica Obligatoria (RTO), con el objetivo de desregular y modernizar el esquema vigente. La medida, oficializada a través de la Resolución 32/2026, crea un Registro Nacional de Talleres de Inspección Técnica de Vehículos y habilita la posibilidad de que más establecimientos puedan realizar controles, siempre que cumplan con los requisitos exigidos.
En términos generales, la normativa busca simplificar trámites, ampliar la oferta de servicios y generar un sistema más competitivo, permitiendo que los usuarios puedan realizar la revisión en cualquier taller inscripto en el nuevo registro. Desde San Juan, el panorama aparece con matices. El gerente general de la RTO local, Esteban Labado, planteó que algunas interpretaciones que circularon inicialmente no reflejan del todo el alcance real de la medida.
En ese sentido, aclaró que no se trata de una habilitación automática para talleres mecánicos. Según explicó, cualquier establecimiento que pretenda realizar RTO deberá atravesar un proceso de habilitación formal y cumplir con exigencias técnicas estrictas. “El taller se tiene que habilitar y equipar; no es tan simple como parece”, indicó, en diálogo con Tiempo de San Juan.
Actualmente, en la provincia funcionan cuatro talleres habilitados para realizar este tipo de controles. Y, según detalló Labado, el contexto local dista bastante del de grandes centros urbanos como Buenos Aires.
“En San Juan, durante gran parte del año trabajamos con niveles de actividad bajos, alrededor del 30% de la capacidad. Solo en los meses fuertes, como diciembre, enero y parte de febrero, aumenta la demanda”, explicó. Ese escenario, sostuvo, condiciona cualquier intento de expansión del sistema.
En ese marco, consideró que, si bien la apertura del registro puede resultar atractiva en términos teóricos, en la práctica no todos los talleres estarán en condiciones de sumarse. “La posibilidad está, pero actualmente no dan los números para arrancar desde cero”, reconoció.
La principal dificultad, según describió, radica en la inversión necesaria. No solo por los equipos específicos que exige la actividad, sino también por las condiciones de infraestructura que deben cumplir los establecimientos.
Entre los requisitos, mencionó la necesidad de contar con equipamiento homologado, personal especializado -incluyendo un ingeniero mecánico matriculado-, técnicos capacitados, calibraciones periódicas costosas y certificaciones obligatorias. A esto se suman exigencias edilicias, como playas de maniobra, dimensiones específicas para las fosas de inspección y condiciones estructurales determinadas.
“Es un camino largo, sobre todo en lo económico”, resumió. Incluso, señaló que los costos asociados a la instalación pueden multiplicar varias veces el valor de los equipos.
Pese a este escenario, la normativa nacional mantiene los estándares de seguridad vial y establece nuevas condiciones para las revisiones. Entre ellas, fija que los vehículos particulares 0 km deberán realizar su primera inspección a los cinco años, mientras que los de carga y pasajeros tendrán un plazo máximo de 12 meses. Luego, los controles serán periódicos según la antigüedad y el tipo de vehículo.
Además, el nuevo registro funcionará de manera digital y permitirá la inscripción mediante declaración jurada, con un sistema que contempla habilitaciones provisorias automáticas en caso de demoras administrativas.