Durante los últimos días de octubre, el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, reavivó una vieja disputa limítrofe con San Juan al anunciar que su provincia abrirá un nuevo frente judicial y territorial para “recuperar los límites históricos” que -según afirmó- fueron modificados de manera “ilegítima”. En el centro de la controversia vuelve a aparecer la mina Josemaría, uno de los proyectos de cobre y oro más grandes del país, actualmente en desarrollo en el departamento Iglesia.
En una entrevista brindada a Canal 9 de La Rioja, el mandatario provincial apuntó directamente contra un convenio firmado décadas atrás entre los entonces gobernadores Carlos Enrique Gómez Centurión (San Juan) y Guillermo Domingo Iribarren (La Rioja), al que calificó como “ilegal e ilegítimo”.
“La mina más importante que tiene el país es Josemaría, que está en el límite con Argentina y que otrora fue riojana. Eso se entregó en un convenio entre dos gobernadores. Eso hay que discutirlo, y lo vamos a discutir posiblemente el próximo año”, señaló Quintela.
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El mandatario adelantó que su gestión buscará “compartir con la hermana provincia de San Juan el espacio que nos fue sustraído”, lo que implica una pretensión de participación directa en las regalías y beneficios económicos que genere el yacimiento, valuado en miles de millones de dólares.
Además, destacó la magnitud del emprendimiento, asegurando que el proyecto demandará unos 4.000 trabajadores durante la etapa de construcción y contará con alrededor de 1.200 empleos permanentes una vez en operación.
El reclamo riojano no solo tiene un trasfondo económico, sino también político: Quintela intenta posicionarse como defensor del patrimonio provincial frente a lo que considera una “asfixia fiscal” por parte del Gobierno Nacional, utilizando el caso Josemaría como bandera de soberanía territorial y productiva.
Por otro lado, el gobernador también buscó diferenciar su modelo de desarrollo del aplicado en otras jurisdicciones. “Lo que tenemos que buscar es que nuestra industria crezca, que genere riqueza, bienes, oportunidades laborales y que los trabajadores puedan vivir dignamente de su salario”, afirmó, insistiendo en que la expansión minera en La Rioja debe ser “agresiva pero responsable”, con prioridad para trabajadores y proveedores locales.
Un conflicto con historia
El reclamo de Quintela no es nuevo. En septiembre de 2021, cuando era secretario de Minería de la Nación, Alberto Hensel ya había respondido a un planteo similar del propio gobernador riojano, quien por entonces pedía “participar” en el cobro de regalías e impuestos generados por Josemaría.
En aquel momento, Hensel propuso una salida institucional distinta: la creación de un Polo Productivo Minero Regional entre San Juan y La Rioja, que permitiera compartir infraestructura, servicios y cadenas de valor, pero respetando la jurisdicción y los derechos sobre los recursos naturales, que la Constitución Nacional reconoce a cada provincia.
“El planteo del gobernador de La Rioja altera el orden jurídico minero, en tanto es un proyecto desarrollado en territorio sanjuanino sobre la base de decisión política, esfuerzo, promoción internacional y búsqueda de inversores realizados íntegramente por el gobierno de San Juan”, advirtió Hensel en declaraciones a Télam.
El funcionario había subrayado que la cooperación regional era el camino más razonable, sin poner en riesgo la seguridad jurídica ni la inversión extranjera. “En vez de restar, sumemos”, había expresado.
Josemaría, un gigante en la cordillera iglesiana
El proyecto Josemaría se localiza a más de 4.200 metros sobre el nivel del mar, en el extremo noroeste de San Juan, dentro de Iglesia y a unos 10 kilómetros del límite con Chile. Es considerado uno de los principales yacimientos de cobre y oro del continente, y su desarrollo -a cargo de la empresa Josemaría Resources- se ha convertido en uno de los pilares de la política minera sanjuanina.
