La crisis en Villa Gesell sumó un nuevo capítulo de alto voltaje político y social este lunes, cuando decenas de guardavidas tomaron el Palacio Municipal. Encabezados por la Unión de Guardavidas de Villa Gesell, los trabajadores denunciaron salarios recortados, incumplimientos legales y serias falencias en los protocolos de seguridad en las playas. La protesta volvió a enfocar los cuestionamientos sobre la administración del intendente Gustavo Barrera.
Los guardavidas detallaron un listado de incumplimientos que, según aseguran, impactan directamente en la seguridad de bañistas y trabajadores. Entre los reclamos más urgentes, se encuentra la falta de personal debido a que jubilaciones, fallecimientos y licencias no han sido reemplazadas. Además, denunciaron la implementación de un horario cortado que la Justicia ya declaró ilegal, y la reducción de la cobertura horaria en las playas, que pasó de las 12 horas establecidas por ley a una franja acotada de 10 a 19 horas.
Uno de los puntos más sensibles es el recorte salarial del 40%, una decisión unilateral del Municipio que desconoció la última paritaria, donde las horas extras se habían incorporado al sueldo. También alertaron por la ausencia de fiscalización en las Unidades Fiscales Turísticas.
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Riesgo en la Seguridad Acuática
La preocupación por la seguridad se centra en el Programa de Gestión Integral de Seguridad Acuática (PGISA). Los guardavidas denunciaron que, desde noviembre de 2024, Villa Gesell tiene desaprobado este plan por la Comisión Provincial de Guardavidas. Esto implica graves deficiencias en la cantidad de personal, los elementos de seguridad disponibles, las embarcaciones y la extensión de la costa a cubrir.
El conflicto escaló a una denuncia formal presentada ante el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, con fecha del 25 de noviembre de 2025. El escrito, firmado por el secretario general Juan Manuel Gimenez y Lautaro Suárez Serrano, solicitó inspecciones en los ámbitos público y privado por el incumplimiento de la normativa.
Gimenez subrayó en el documento que el Plan Integral General de Seguridad Acuática no está aprobado por el Municipio de Villa Gesell, advirtiendo que esta situación "proporciona un riesgo enorme tanto para los trabajadores del sector como para los bañistas”. La denuncia responsabiliza a las autoridades provinciales y municipales de cualquier accidente, señalando que ni el Municipio ni las unidades fiscales turísticas cumplen con el período mínimo de prestación del servicio de guardavidas, que debe ser de 150 días corridos según la Ley Nacional 27.155 y la Ley Provincial 14.798.
Barrera, Bajo Fuego Cruzado
La protesta de los guardavidas se enmarca en un clima de creciente malestar que agrava el desgaste del intendente Gustavo Barrera. El conflicto se suma a una serie de cuestionamientos políticos, incluyendo el intento del Ejecutivo municipal de imponer un aumento del 90% en las tasas para el próximo año, una derrota electoral en octubre y acusaciones por una presunta “estafa millonaria” vinculada al presupuesto del hospital municipal.
Concejales opositores han arreciado las críticas contra la gestión. Adrián Green, concejal de La Libertad Avanza, afirmó que “La ciudad está en pleno abandono. El sistema de salud no funciona y la inseguridad crece”. Por su parte, Luis Vivas fue más duro, asegurando que “Hay una gestión nefasta, plagada de corrupción” y que las irregularidades son una constante. Emiliano Peluffo sostuvo que Barrera “no es un intendente presente” y que Villa Gesell experimenta un “abandono total”.
De esta manera, la toma del Palacio Municipal expuso algo más que un reclamo sectorial, dejando al descubierto una gestión cada vez más acorralada por conflictos abiertos y denuncias.