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SUSCRIBITESi bien no trascendieron mayores detalles del procedimiento, fuentes del caso confirmaron que existe una vinculación entre ambas empresas. Además de los vehículos, incautaron documentación que sería clave para la causa.
El caso de presunta estafa que destapó decenas de denuncias contra la concesionaria de motos sumó un nuevo capítulo este martes, cuando personal de la Justicia allanó otro comercio dedicado a la venta de motos y secuestró dos vehículos. Según informaron fuentes allegadas, el procedimiento está vinculado a la investigación que tiene en la mira a Branka Motors.
La nueva empresa bajo la lupa de la UFI de Estafas y Delitos Informáticos se llama Emmebe y está situada en Laprida, entre Catamarca y Sarmiento. Como consecuencia del despliegue de las autoridades, comandadas por el fiscal Guillermo Heredia, el local quedó clausurado para la atención al público.
Si bien no trascendieron mayores detalles del operativo, fuentes del caso confirmaron que existe una vinculación entre la firma masivamente denunciada y la que fue allanada en horas de la mañana. Del lugar, los efectivos que lo ejecutaron además incautaron documentación que sería clave para la investigación.
Este es el segundo allanamiento que se deriva de la instrucción, puesto que el primero fue en el salón comercial de Branka Motors ubicado en la esquina de Avenida Rioja y 25 de Mayo. Del lugar, los pesquisas se llevaron teléfonos celulares y documentación que también sería esencial para echar luz a la investigación, la que se maneja con total hermetismo.
Mientras que en la Justicia se especula con que recibiría más de 170 denuncias, desde la Dirección de Defensa al Consumidor afirmaron que acumulan 163 reclamos y la cifra continúa en aumento. Es por ello que la entidad convocó para este viernes, a las 10 de la mañana en el Centro Cívico a una audiencia de conciliación. Por el momento, se desconoce si la parte denunciada prestará presencia. Incluso, se desconoce quién dará la cara frente a todas las denuncias.
Acorde manifestaron las propias autoridades, la presentación configura la acción colectiva más grande registrada hasta el momento en la dependencia del estado provincial, lo que exhibe la gravedad del caso que podría dejar un tendal de víctimas en San Juan.
Desde la repartición que conduce Fabiana Carrizo indicaron que se detectaron dos tipos de irregularidades: por un lado, la falta total de entrega de los vehículos, por los que los clientes abonaron sumas que parten desde $1.200.000, en algunos casos al contado; y por otro, aproximadamente un 10% de los casos corresponde a la entrega del rodado sin la documentación necesaria, lo que impide o demora el patentamiento por parte de los titulares.