La presunta estafa en la venta de motos de Branka Motors reavivó en la provincia un escenario ya conocido por la justicia sanjuanina: causas con decenas o cientos de denunciantes, esquemas comerciales similares y un perjuicio económico de gran escala. El caso de la concesionaria se suma así a las investigaciones por venta de terrenos que en los últimos dos años tuvieron como protagonistas a empresarios como Héctor Storniolo, Denise Robles Bonade y Fabián Flores, y que mantuvieron en vilo a cientos de presuntas víctimas.
Aunque los bienes ofrecidos fueron distintos, motos por un lado, lotes y proyectos inmobiliarios por otro, los expedientes que tramita la UFI de Estafas y Delitos Informáticos muestran coincidencias claras que permiten leer estos procesos como parte de un mismo fenómeno delictivo.
Respuesta ante la alta demanda
Uno de los primeros puntos en común fue la avalancha de denuncias. Frente a la multiplicación de presentaciones, el Ministerio Público Fiscal debió reorganizarse para dar respuesta.
En causas anteriores por estafas inmobiliarias, la Fiscalía llegó a habilitar oficinas especiales en Flagrancia para recibir denuncias masivas. En otros tramos de las investigaciones, se dispuso que los damnificados realizaran las presentaciones en las comisarías cercanas a sus domicilios, para luego centralizar los expedientes en la UFI especializada.
El caso Branka Motors sigue esa misma lógica: una causa que crece día a día, con la fiscalía adaptando sus mecanismos para absorber una demanda inusual de víctimas que relatan situaciones prácticamente idénticas.
La fachada de las empresas bajo la lupa
Otro elemento común es la imagen de solidez que exhibían los sospechosos. En Branka Motors, una concesionaria con nombre comercial, local abierto al público y presencia visible, los clientes confiaron en que se trataba de una operatoria segura.
Algo similar ocurrió en las causas por venta de terrenos: oficinas montadas, proyectos anunciados como avanzados, carpetas, planos y promesas de barrios en desarrollo.
Con el correr del tiempo, esa fachada se fue desmoronando. Ni las oficinas lujosas ni los locales comerciales lograron dar respuestas cuando comenzaron los reclamos. El resultado fue el mismo en todos los casos: personas que entregaron importantes sumas de dinero y se quedaron sin el bien prometido y sin explicaciones claras.
Denuncias múltiples ante un mismo esquema de falla
La repetición del relato es otra coincidencia central. En cada expediente, la Justicia se encontró con docenas o centenares de denuncias que describen un esquema casi calcado: pago anticipado, contratos o promesas formales, incumplimiento de lo pactado, dilaciones constantes y, finalmente, silencio o excusas ante los pedidos de devolución.
Tanto en Branka Motors como en las causas que involucran a Storniolo, Robles Bonade y Flores, los investigadores analizan si se trata de fallas aisladas o de un mecanismo sistemático, clave para definir las imputaciones por estafa reiterada.
El perjuicio económico colectivo
El último punto que une a estas causas es el impacto económico y social. No se trata de conflictos individuales, sino de megacausas judiciales con montos millonarios y cientos de familias afectadas. El daño trasciende a cada denunciante y se convierte en un problema colectivo que tensiona el sistema judicial y genera fuerte alarma social.
En ese contexto, el caso Branka Motors aparece como un nuevo capítulo de una problemática que la Justicia sanjuanina ya conoce, con antecedentes recientes en las estafas inmobiliarias que marcaron los últimos dos años.
En síntesis, motos o terrenos, concesionarias o desarrollos inmobiliarios: las causas comparten un mismo patrón. Frente a ellas, la UFI de Estafas y Delitos Informáticos vuelve a quedar en el centro de investigaciones complejas, donde el desafío no es solo probar responsabilidades penales, sino también dar respuesta a cientos de damnificados que reclaman justicia y la recuperación de su dinero.
