Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.
SUSCRIBITEEn la puerta de Tribunales hubo bastante enojo. Algunos damnificados se congregaron en la puerta y solicitaron el primer pago que nunca se hizo y que ya han pasado 9 días. Las abogadas querellantes hablaron con el fiscal a cargo de UFI Delitos Informáticos y Estafas.
La tensión y la incertidumbre volvieron a apoderarse de los pasillos de Tribunales este lunes. En el marco de la megacausa por estafas de la agencia Branka Motors, que damnificó a 358 personas por un monto superior a los 500 millones de pesos, las abogadas querellantes solicitaron formalmente la detención inmediata de los responsables tras el incumplimiento del acuerdo de reparación integral.
Las letradas Alejandra Iragorre, Fabiana Salinas y Fernando Suárez se presentaron ante la UFI Delitos Informáticos y Estafas para mantener una audiencia clave con el fiscal Guillermo Heredia. El motivo del reclamo es contundente, al cual se le unió también la letrada María Filomena Noriega: el pasado 25 de abril venció el plazo para el primero de los cinco pagos pactados para resarcir a las víctimas, pero el dinero nunca apareció.
Cabe recordar que, tras las audiencias que comenzaron el 11 de abril y concluyeron el lunes 14, se había estipulado una reparación integral del perjuicio en cuotas. Al no efectivizarse el primer depósito, y habiendo transcurrido ya 9 días de mora, la querella considera que el acuerdo se ha quebrado.
"Esta mañana hemos hecho una presentación solicitando que se llame a audiencia de forma inmediata con el objetivo de renovar las medidas coercitivas específicas y dictar la prisión preventiva", explicaron los representantes legales. El fundamento es la falta de cumplimiento del compromiso asumido, lo que hace caer los beneficios procesales que los acusados, precisamente Alexis Marcó, Jonatan Marcó y Facundo Banega.
Según trascendió tras la reunión con el fiscal Heredia, desde la defensa de los dueños de Branka Motors intentaron justificar el impago alegando que los fondos estaban "trabados", una explicación que los querellantes calificaron como "vaga". Con el correr de los días, la situación se agravó: el fiscal confirmó que se ha perdido el contacto tanto con los imputados como con sus familiares directos.
Ante este escenario de posible fuga o entorpecimiento, los abogados consideran que están más que dados los presupuestos para que se ordene la detención a la brevedad. Sin embargo, por el momento, la justicia optaría por notificarlos para que comparezcan en una audiencia urgente.
Mientras la batalla legal se libra en los despachos, el clima en la puerta de Tribunales es de absoluta indignación. Grupos de damnificados se manifestaron con enojo, señalando que el tiempo pasa y sus ahorros siguen desaparecidos.
Fuentes extraoficiales y testimonios de las propias víctimas añaden sal a la herida: aseguran haber cruzado a los responsables de la estafa en la vía pública, realizando su vida cotidiana con total normalidad, como si el fraude de los $500 millones y la angustia de casi 400 familias no existiera.