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SUSCRIBITEDesde la parte querellante no sólo reconocieron el malestar de los denunciantes, sino también remarcaron que lo sucedido podría en cuadrarse en un hecho de "inseguridad jurídica". Incluso, manifestaron el miedo de que los acusados se hayan profugado.
A más de dos semanas del acuerdo de reparación del daño de la fiscalía con los dueños de Branka Motors, acusados de estafar a decenas de sanjuaninos con la venta fantasma de motos, la preocupación surgió nuevamente entre los damnificados pues no recibieron el primer pago que fue convenido por medio de una sentencia judicial.
Así lo aseguraron desde la parte querellante, representada por los abogados Alejandra Iragorre, Fabiana Salinas y Fernando Suárez, que sostiene que el 25 de abril debía efectuarse el pago de la primera cuota de las cinco acordadas, por un monto de $104.800.000. Sin embargo, hasta la fecha el mismo no se ha registrado.
Esta situación, además de molestar a los damnificados que creían que el calvario había terminado, puso en alerta a los querellantes por el abanico de posibilidades negativas que se presentó. Es que, por un lado, temen que el acuerdo -suscripto por la jueza Ana Carolina Parra- se caiga por el incumplimiento y, peor aún, que Alexis Marcó, Jonatan Marcó y Facundo Banega se hayan profugado.
Desde la fiscalía, según advirtieron las querellas, señalaron que todavía hay tiempo para el pago. En ese sentido, el fiscal Guillermo Heredia habría manifestado que los acusados por estafa tendrían tiempo hasta el 14 de mayo, es decir, los 30 días posteriores al dictado de la sentencia, cuando los imputados recuperaron la libertad.
Si bien hace días que hay un run run por las novedades, se especulaba con que el 28 de abril se produjera la transferencia a la cuenta bancaria definida. No obstante, ni un peso se registró y ello implica para los querellantes una suerte de "inseguridad jurídica", dado que se estaría incumpliendo un dictamen judicial. "Habría un riesgo procesal, qué certeza tenemos de que no se profugaron", dijeron.
Aunque desde el Ministerio Público insisten con que se trataría de un error de interpretación, las querellas advierten que si hubo un cambio no fueron informados. De hecho, exhiben la minuta de la audiencia en la que se estipula específicamente las fechas de los primeros pagos.
El próximo lunes, acorde anticiparon, realizarán una petición formal a la UFI de Estafas y Delitos Informáticos para que se lleva adelante una audiencia y los acusados regresen tras las rejas, es decir, vuelvan al estado de prisión preventiva para resguardar la instrucción. "No hay voluntad de parte, es claro", remarcaron.
En caso de que el pacto no se respete, el acuerdo quedaría sin efecto e incluso habría posibilidad de ejecutar los dos inmuebles y los dos vehículos que se pusieron a disposición como garantía, según explicaron desde las querellas.