Fin de la pesadilla para las víctimas de Branka Motors: dan lugar a los $524 millones de reparación

Con el objetivo de conseguir el sobreseimiento, tras ser acusados de defraudación por engaño, Alexis Marcó, Facundo Banega y Jonatan Marcó reconocieron la maniobra delictiva y, a través de su abogado José Tejada, sellaron el acuerdo con el fiscal Eduardo Gallastegui, la ayudante fiscal Gabriela Blanco, los abogados querellantes, entre ellos Filomena Noriega y Alejandra Iragorre. La juez pidió tiempo para revisar los detalles y se espera que, en la continuación, le de finalmente lugar a la resolución.

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A los 352 damnificados, les pagarán en 5 cuotas a partir de la fecha, lo que representaría un total aproximado de $1.400.00 para cada uno de los denunciantes, que -excepto uno solo- aceptaron la propuesta resarcitoria. Una vez que se completen los pagos, los tres jóvenes acusados resultarían sobreseídos.

El 4 de marzo, el caso se terminó de formalizar en la Justicia, cuando el Ministerio Público detalló los hechos que dejaban a los propietarios de la concesionaria de motos en el ojo de la tormenta. En esa audiencia, los imputados recibieron la prisión preventiva y, por ello, al cabo de suscribir el acuerdo, los sujetos serán liberados. Es por ello que este fin de semana lo pasarán tras las rejas.

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Si bien en esa primera vez se señalaron 348 personas damnificadas, el número se redujo a 340 después de una revisión de la fiscalía, pues en algunos casos las denuncias no encuadraban en delito y, en otros, se habían multiplicado por error. Lo cierto es que este viernes, los investigadores ampliaron el objeto de la instrucción por otros 16 casos y, seguidamente, se continuó con la reparación.

El caso que tuvo a los jóvenes sentados en el banquillo de los acusados comenzó a gestarse a mediados de enero, cuando los primeros clientes advirtieron que las motocicletas pagadas nunca eran entregadas. Lo que en un principio parecía un retraso comercial terminó convirtiéndose en una sospecha de maniobra sistemática. El 16 de enero, un procedimiento policial en el local de avenida Rioja y 25 de Mayo expuso el conflicto y lo puso en la escena pública.

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Tres días después, el 19 de enero, decenas de damnificados se concentraron frente a la concesionaria para exigir respuestas. Algunos exhibían contratos, recibos y comprobantes de transferencias. A partir de ese momento, las denuncias comenzaron a multiplicarse hasta alcanzar las presentaciones formales en la causa que tramitó en la UFI de Delitos Informáticos y Estafas.

El fiscal Heredia sostuvo que el engaño “estuvo constituido por todas las conductas y maniobras que generaron la apariencia de una agencia de motocicletas”. En ese marco, amplió que la operatoria respondió a “un esquema defraudatorio antiguo y clásico, para nada novedoso, denominado Ponzi”.

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Para la fiscalía, las primeras entregas y reintegros no respondían a una lógica comercial genuina sino a la necesidad de sostener la credibilidad del engranaje. “Los reintegros a algunos clientes correspondían a una contención del daño, las entregas no fueron por voluntad comercial, sino que eran parte de la maniobra delictiva”, afirmó Heredia.

Así se marchaban presos los imputados