El complejo entramado judicial que rodea la brutal agresión contra el empresario bolichero Juan Manuel Salvalaggio sumó este jueves un nuevo capítulo en Tribunales . En una audiencia de carácter técnico, la Justicia resolvió extender los plazos de la investigación penal preparatoria, (IPP) manteniendo la imputación sobre los empresarios Mariano Tomsig y Martín Elías Quiroga Massa, señalados como los presuntos autores intelectuales del ataque contra el empresario de eventos, Salvalaggio.
La audiencia, presidida por el juez de Garantías Federico Rodríguez, tuvo como eje central el pedido de la fiscal coordinadora Daniela Pringles y la ayudante fiscal Paula Amarfil, de la UFI Genérica. Las representantes del Ministerio Público Fiscal (MPF) solicitaron una prórroga de tres meses para el plazo de investigación. El argumento principal reside en la necesidad de incorporar pruebas residuales que resultan vitales para el cierre de la etapa de instrucción.
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Juez de Garantías Federico Rodríguez
Este tiempo adicional permitirá definir si la situación procesal de los acusados se podría resolver mediante un juicio abreviado -lo que implicaría una admisión de culpabilidad a cambio de una reducción de pena- o el MPF presentará la acusación formal para elevar la causa a un debate oral y público. Ante este requerimiento, las defensas técnicas, integradas por los doctores Martín Torcivia y Rodrigo Aguirre (por Tomsig) y la defensora oficial Cecilia Mut (por Quiroga Massa), no presentaron objeciones, entendiendo que el proceso aún requiere de precisiones técnicas.
Uno de los momentos de mayor expectativa fue cuando el juez Rodríguez consultó a los abogados de Tomsig sobre las entrevistas personales que habían solicitado realizar en el Servicio Penitenciario Provincial. El objetivo de la defensa era intentar contrarrestar la "explosiva" declaración de uno de los condenados, de apellido Ledesma, quien el año pasado rompió el silencio para complicar directamente a los empresarios.
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Ledesma había afirmado ante la Justicia que fue Tomsig quien coordinó el "trabajo" y que él mismo presenció o supo del pago efectuado a Mario Giraudo, alias “Mario Buffet”, quien habría actuado como nexo y distribuidor del dinero entre los tres autores materiales. Sin embargo, la estrategia de la defensa no funcionó: el doctor Aguirre manifestó que, tras constituirse en el Penal de Chimbas, los tres barrabravas allí alojados se negaron a prestar declaración. Lo mismo ocurrió vía Zoom con Giraudo, quien desde Buenos Aires optó por el mismo derecho constitucional de no declarar.
Pese a la gravedad de la acusación, la defensa de Mariano Tomsig logró que se morigeren las medidas de coerción que pesaban sobre el empresario. El juez dispuso que, mientras dure la prórroga, Tomsig deberá someterse al proceso sin entorpecer la investigación, tendrá prohibido salir de la provincia sin autorización judicial y su pasaporte quedará retenido.
Asimismo, se ratificó una orden de restricción absoluta: el imputado no podrá tener contacto con la víctima, Juan Manuel Salvalaggio, por ninguna vía (física o digital) y deberá mantener una distancia mínima de 200 metros. En paralelo, la investigación avanzará sobre el patrimonio de los acusados; la Fiscalía ya tiene la facultad de enviar oficios al Banco Central de la República Argentina para auditar las cuentas de Tomsig, buscando rastros del flujo de dinero que habría financiado la contratación de los barrabravas de Racing.
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Martín Elías Quiroga Massa
Dato: no hay medidas de coerción para Quiroga Massa
La brutal agresión contra el empresario nocturno Juan Manuel Salvalaggio, ocurrida el 12 de abril de 2024 en pleno centro de San Juan, pasó de ser un presunto intento de robo a una compleja trama de sicariato empresarial que hoy tiene a sus responsables al borde del juicio oral.
El ataque, ejecutado por tres barrabravas del club Racing de Avellaneda identificados como Mariano Rivero, Carlos Ledesma y Brian Espinoza, dejó a la víctima con graves fracturas en el rostro tras una emboscada en la puerta de su domicilio. Aunque inicialmente se barajó la hipótesis delictiva común, la saña de los golpes y el hecho de que los agresores viajaran desde Buenos Aires exclusivamente para el abordaje giraron la investigación hacia una venganza por el control de negocios vinculados a la Fiesta Nacional del Sol.
La causa avanzó rápidamente con la condena a seis años de prisión efectiva para los tres autores materiales, pero el verdadero quiebre se produjo con la aparición de los "eslabones perdidos" de la cadena de mando. Primero, la entrega y posterior confesión de Mario Giraudo, alias "Mario Buffet", quien actuó como reclutador y nexo logístico, confirmó que la orden provenía del entorno de negocios de Salvalaggio.
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Esta admisión permitió a la justicia cercar a los presuntos instigadores, Mariano Tomsig y Martín Quiroga Massa, quienes enfrentaron medidas cautelares y prohibiciones de salida de la provincia mientras se peritaban más de 1.000 GB de datos extraídos de teléfonos celulares que contenían coordenadas y fotos de la víctima.
Finalmente, el escenario judicial se volvió crítico para los acusados tras la explosiva declaración de uno de los internos. Al sentirse "abandonado" por quienes lo contrataron y ante el incumplimiento de promesas económicas, el detenido decidió romper el pacto de silencio y detallar la planificación del ataque. Su testimonio ratificó que el objetivo era "sacar de circulación" a Salvalaggio por conflictos de intereses en el rubro de los boliches, dejando a Tomsig y Quiroga Massa en una posición procesal sumamente comprometida de cara al debate oral, donde se definirá su responsabilidad como determinadores del hecho.
