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SUSCRIBITELos abogados del empresario Mariano Tomsig solicitaron la audiencia porque la Fiscalía no le respondió el escrito. Tras un ida y vuelta de preguntas y respuestas entre las partes, finalmente se llegó a una solución. La acusación estaría por ser presentada y ¿un juicio abreviado en el horizonte?
Tras meses de silencio, este lunes se realizó una nueva audiencia por el caso de la golpiza al empresario Juan Manuel Salvalaggio. El hecho levantó revuelo en la provincia, ya que quedaron en la mira los empresarios Mariano Tomsig y Martín Quiroga Massa como presuntos autores intelectuales; es decir, quienes habrían enviado a los barrabravas de Racing -ya condenados y alojados en el penal- a golpear a Salvalaggio.
En esta ocasión, la defensa de Tomsig realizó una serie de pedidos de prueba, argumentando que no habían sido respondidos por el Ministerio Público Fiscal (MPF). A pesar de que la fiscal Daniela Pringles admitió que no contestó el escrito, dejó en claro que la mayoría de esas medidas ya se encontraban ejecutadas.
El juez de Garantías Federico Rodríguez manifestó que no era necesaria una audiencia, ya que la situación podría haberse resuelto mediante una charla personal entre las partes. No obstante, resolvió que la defensa sea facultada para dirigirse al penal de Chimbas a tomar testimonio (si así lo desea) a los tres barrabravas sentenciados por la agresión.
Este pedido en especial surge porque en 2025, tal como adelantó Tiempo de San Juan, uno de los atacantes decidió declarar. Se trata de Ledesma, quien con su testimonio complicó seriamente a Tomsig: afirmó que el empresario coordinó el "trabajo" -la golpiza- y le pagó a Giraudo, quien luego distribuyó el dinero entre los tres autores materiales.
Tras esta inesperada declaración, que la fiscal calificó como una maniobra que "podía salir bien o mal", se desató el conflicto judicial. Los defensores, los doctores Aguirre y Torcivia, solicitaron diversos informes al tomar conocimiento de los dichos de Ledesma, versión que Tomsig desmiente rotundamente. El MPF, por su parte, sostuvo que la mayor parte de esos requerimientos ya estaban cumplidos.
Luego del intercambio, el juez Rodríguez reiteró que la disputa podría haberse gestionado de manera informal y que no hacía falta llegar a una audiencia. Finalmente, resolvió que la Fiscalía envíe un oficio al Banco Central para corroborar si Tomsig posee cuentas bancarias y autorizó a los letrados a ingresar al Servicio Penitenciario Provincial (SPP) para interrogar a los condenados y al nexo en Buenos Aires, Mario Giraudo, alias “Mario Buffet”.
Dato: los barrabravas y "Mario Bufet" pueden decidir entre declarar o no. En la misma, también estará el auxiliar de la UFI Genérica, Rodrigo Herrera.
La brutal agresión contra el empresario nocturno Juan Manuel Salvalaggio, ocurrida el 12 de abril de 2024 en pleno centro de San Juan, pasó de ser un presunto intento de robo a una compleja trama de sicariato empresarial que hoy tiene a sus responsables al borde del juicio oral.
El ataque, ejecutado por tres barrabravas del club Racing de Avellaneda identificados como Mariano Rivero, Carlos Ledesma y Brian Espinoza, dejó a la víctima con graves fracturas en el rostro tras una emboscada en la puerta de su domicilio. Aunque inicialmente se barajó la hipótesis delictiva común, la saña de los golpes y el hecho de que los agresores viajaran desde Buenos Aires exclusivamente para el abordaje giraron la investigación hacia una venganza por el control de negocios vinculados a la Fiesta Nacional del Sol.
La causa avanzó rápidamente con la condena a seis años de prisión efectiva para los tres autores materiales, pero el verdadero quiebre se produjo con la aparición de los "eslabones perdidos" de la cadena de mando. Primero, la entrega y posterior confesión de Mario Giraudo, alias "Mario Buffet", quien actuó como reclutador y nexo logístico, confirmó que la orden provenía del entorno de negocios de Salvalaggio.
Esta admisión permitió a la justicia cercar a los presuntos instigadores, Mariano Tomsig y Martín Quiroga Massa, quienes enfrentaron medidas cautelares y prohibiciones de salida de la provincia mientras se peritaban más de 1.000 GB de datos extraídos de teléfonos celulares que contenían coordenadas y fotos de la víctima.
Finalmente, el escenario judicial se volvió crítico para los acusados tras la explosiva declaración de uno de los internos. Al sentirse "abandonado" por quienes lo contrataron y ante el incumplimiento de promesas económicas, el detenido decidió romper el pacto de silencio y detallar la planificación del ataque. Su testimonio ratificó que el objetivo era "sacar de circulación" a Salvalaggio por conflictos de intereses en el rubro de los boliches, dejando a Tomsig y Quiroga Massa en una posición procesal sumamente comprometida de cara al debate oral, donde se definirá su responsabilidad como determinadores del hecho.
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