Crece el escándalo por la presunta megaestafa de $2.800 millones que involucra a las firmas Global Market Valores y GMI Inversiones, y este jueves podría haber novedades. Hasta el momento, suman 23 las denuncias contra ambas financieras. La fiscalía pidió una audiencia para ese día y tanto el dueño como otras dos personas señaladas por los supuestos damnificados deberán comparecer en Tribunales. Hay expectativa sobre el futuro de la causa.
Fuentes judiciales confirmaron que la UFI Delitos Informáticos y Estafas recibió, hasta ahora, 23 denuncias. La primera fue presentada por la empresa constructora Armegom S.A. el pasado 30 de marzo y, a partir de allí, se sumó una catarata de presentaciones judiciales contra el titular de Global Market Valores y GMI Inversiones, Carlos Omar Ahumada, además de los supuestos empleados Pamela Domínguez y Guillermo Soria. En las denuncias también aparece mencionada otra firma llamada EPYCHOST. Los denunciantes hablan del manejo de fondos de inversión de numerosos clientes que presuntamente desaparecieron o fueron desviados.
La fiscalía solicitó una audiencia por el caso y citó a las partes, por lo que se presume que las tres personas denunciadas deberán comparecer. Existe un fuerte hermetismo en el ámbito judicial respecto de los motivos de la convocatoria. Una de las posibilidades es que el fiscal Nicolás Alvo y la ayudante fiscal Silvina Putelli formalicen el pedido de apertura de la causa penal y avancen con la investigación. La otra hipótesis, adelantada por TIEMPO DE SAN JUAN, es que, al tratarse de hechos financieros bajo la órbita de la Comisión Nacional de Valores y de competencia nacional, la Justicia provincial se declare incompetente y remita el expediente a la Justicia Federal.
Los denunciantes sostienen que entregaron su dinero para inversiones en bonos y proyectos que, supuestamente, eran de bajo riesgo y estaban respaldados por la trayectoria de la firma en el mercado financiero. Sin embargo, aseguran que esos fondos habrían sido derivados a otras operaciones de mayor riesgo, incluso vinculadas a emprendimientos mineros, sin su consentimiento. Muchos afirmaron que durante semanas no pudieron contactarse con los responsables de la financiera y luego descubrieron que sus inversiones habían desaparecido.
Entre los casos que trascendieron aparece el de una empresa constructora que denunció la pérdida de alrededor de $2.200 millones. También figura una jubilada que aseguró haber invertido $100 millones provenientes del cobro de un juicio por expropiación y que ahora no puede recuperar el dinero. A eso se suman otras familias y particulares que reclaman montos millonarios, como un trabajador que denunció la desaparición de $10 millones. Según allegados a la causa, el presunto perjuicio total rondaría los $2.800 millones.
En medio del escándalo, la firma envió un comunicado a los inversores para intentar explicar la crisis financiera. En ese mensaje, el titular de GMI Inversiones y Global Market Valores sostuvo que la empresa atraviesa una situación económica que le impide afrontar los pagos y adjudicó parte del problema a la suspensión de la actividad de una mina vinculada a la firma desde diciembre de 2024. También aseguró que trabajan en un plan de saneamiento financiero, mencionó la posible incorporación de un “inversor estratégico” y prometió cancelar las deudas “en el plazo y forma que convenga a todas las partes”. Además, informó el cierre temporal de la oficina de calle Mendoza y la implementación de la modalidad “home office”.
FUENTE: estafa