Condenan a dos gestores y una empleada de ANSES de Rawson por fraude con jubilaciones

El tribunal colegiado, integrado por los jueces Eliana Ratta, Hugo Echegaray y Daniel Doffo, resolvió condenar a los gestores Rubén Alberto Gómez y Carlos David Zárate a 2 años de prisión de ejecución condicional. La misma pena recibió la empleada de ANSES María Fernanda Cerdera.

Por su parte, la otra empleada de ANSES que estaba en la mira de la Justicia, Andrea del Valle Masquijo, fue absuelta por el beneficio de la duda, tal como lo había solicitado el fiscal federal durante sus alegatos. Fuentes allegadas al caso señalaron que fue por la duda razonable que surgió en su participación la que obligó a desistir con la imputación a la parte acusadora.

La resolución puso fin a un expediente que se originó en 2009, tras detectarse irregularidades en el otorgamiento de jubilaciones en la UDAI Rawson durante 2008. Según la investigación impulsada por el fiscal Francisco Maldonado y el juez de instrucción, Leopoldo Rago Gallo, la maniobra consistía en adulterar fotocopias de documentos nacionales de identidad para modificar las fechas de nacimiento de los solicitantes y hacerlos aparecer con la edad necesaria para acceder a una jubilación.

De acuerdo con la acusación, los gestores Gómez y Zárate captaban personas interesadas en jubilarse y alteraban los datos de las copias de DNI, “atrasando” las fechas de nacimiento entre meses y hasta 10 años. Luego, la documentación era presentada ante la oficina de ANSES en Rawson, donde las empleadas María Fernanda Cerdera y Andrea Masquijo intervenían en la carga y validación de los trámites.

La pesquisa determinó que se otorgaron alrededor de 15 jubilaciones irregulares y que el perjuicio económico para el Estado nacional fue calculado en 40.973 pesos de aquella época. Actualizado al valor de la jubilación mínima actual, ese daño equivaldría a más de 25 millones de pesos.

En el debate oral quedó acreditado que los beneficiarios desconocían la maniobra fraudulenta y que los gestores cobraban importantes sumas por sus servicios, que iban desde montos fijos hasta el equivalente a varios haberes jubilatorios.

Antes del juicio oral, Gómez, Zárate y Cerdera habían alcanzado acuerdos de juicio abreviado con la Fiscalía, en los que reconocieron su participación en los delitos de falsificación de documento público y fraude contra la administración pública. Solo restaba la homologación por parte del tribunal, que finalmente se concretó este martes con penas de cumplimiento condicional.

Distinta fue la situación de Masquijo, quien rechazó un acuerdo abreviado y decidió enfrentar el juicio oral para sostener su inocencia. La mujer, que actualmente continúa desempeñándose en ANSES, aunque en Mendoza, llegó al debate acusada de haber cargado en el sistema documentación adulterada y de certificar copias sin verificar los originales.

Sin embargo, el fiscal Alcaraz entendió que durante el juicio no se logró acreditar con certeza su participación dolosa en la maniobra y pidió su absolución por el beneficio de la duda, postura que finalmente compartió el Tribunal Oral Federal.

La causa había cobrado notoriedad porque expuso las irregularidades ocurridas en el contexto de las moratorias previsionales impulsadas durante el gobierno de Néstor Kirchner. En esos años, la creación de la UDAI Rawson y la gran cantidad de personas que buscaban acceder a una jubilación generaron un escenario de fuerte demanda y desorden administrativo, situación que, según se ventiló en el debate, fue aprovechada por los gestores para concretar las maniobras fraudulentas.