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SUSCRIBITEEste viernes una nueva convocatoria de presuntos damnificados en la puerta de Tribunales busca respuestas.
Serían al menos 120 los compradores que ya formalizaron denuncias por una presunta estafa en la venta de motos que involucra a la empresa Branka Motors, envuelta en un escándalo que incluso tuvo un episodio violento y cuyo conflicto ya escaló a las puertas de Tribunales.
La causa suma capítulos y deja al descubierto un entramado confuso que mantiene en vilo a los damnificados y a la UFI de Delitos Especiales, que tiene previstas entrevistas hasta febrero. En total, se programaron unas 12 audiencias por día para escuchar los reclamos de los afectados y avanzar en la investigación.
En el expediente aparecieron varios nombres, aunque sin certezas sobre quiénes serían los verdaderos responsables. Alexis Marco, Jonatan Marco y Facundo Banega quedaron en el ojo de la tormenta, pero hasta el momento no hay confirmaciones oficiales de que sean los dueños reales de la firma denunciada. Que el miércoles por la noche fue allanada en busca de pruebas y elementos de convicción para formalizar la causa.
Mientras tanto, la expectativa vuelve a centrarse en tribunales: este viernes habrá una nueva convocatoria que promete aportar definiciones en una causa que, lejos de apagarse, sigue sumando tensión y preguntas sin respuesta.
El avance de la investigación también dejó en evidencia la complejidad del esquema comercial que denunciaron los compradores. Según relataron, muchos abonaron la totalidad de las motos o entregaron importantes sumas de dinero bajo la promesa de una entrega inmediata, que nunca se concretó. En otros casos, las unidades fueron entregadas sin la documentación necesaria para circular, lo que terminó de encender las alarmas y multiplicar los reclamos.
La bronca de los damnificados se trasladó a la calle en distintas oportunidades. Hubo concentraciones frente al local comercial y momentos de alta tensión, con cruces verbales y escenas que obligaron a la intervención policial. Para muchos de los afectados, la moto representaba una herramienta de trabajo o un bien adquirido tras años de esfuerzo, lo que profundizó el impacto social del conflicto.
Mientras la causa penal avanza a paso firme, el principal interrogante sigue siendo la misma: quién manejaba realmente el negocio y qué destino tuvo el dinero de los compradores. Hasta que esa incógnita no se despeje, el expediente continuará creciendo y la lista de denunciantes podría ampliarse, en un escándalo que ya se perfila como uno de los más resonantes en San Juan en los últimos meses.
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