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SUSCRIBITELos dueños de la firma pegaron el faltazo durante este viernes y fracasó la audiencia de conciliación con los 163 damnificados. Defensa al Consumidor definió aplicar la multa máxima establecida por la ley.
Los dueños de la firma Branka Motors pegaron el faltazo este viernes y fracasó la audiencia de conciliación con los 163 damnificados por la venta irregular de motos. Ahora, Defensa al Consumidor definió aplicar la multa máxima establecida por la ley, en lo que configura un caso récord: los responsables deberán pagar una cifra multimillonaria inédita, valuada en 2.100 Canastas Básicas Totales.
Según informaron desde la dependencia del Estado provincial a Tiempo de San Juan, para este caso particular y a modo ejemplificador por la magnitud del conflicto, se utilizará el nivel tres de la Canasta Básica Total definida por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Es decir, lo que gasta una familia compuesta por un varón y una mujer, ambos de 30 años, y tres hijos de 5, 3 y 1 año, con un valor de $1.376.478 a diciembre de 2025, según la última medición publicada.
En concreto, la cifra asciende a $2.890.603.800. “Nunca antes visto”, aseguran desde la dirección y explicaron que el monto puede actualizarse a partir de la publicación de nuevos índices del organismo nacional.
De esta manera, la instancia administrativa conciliatoria quedó agotada y, de acuerdo a lo que indica el artículo 51 de la Ley de Defensa del Consumidor, el acta resultante será remitida a la Justicia. “Entendemos que se trata de una estafa”, expresó Fabiana Carrizo, titular de la dependencia ante los afectados que lamentaron la situación y marcharon hacia Tribunales.
Son dos las principales irregularidades que se lograron sistematizar y que quedaron bajo la lupa, por las cuales Branka Motors debía dar explicaciones y ofrecer una solución este viernes. Por un lado, la falta de entrega de los vehículos, con demoras que en los casos más graves alcanzaron los cinco meses, pese a que los clientes abonaron montos que parten desde $1.200.000 en adelante. En algunos casos al contado y otros deben afrontar pagos de cuotas de tarjetas de crédito en los proximos meses por vehículos que no saben si recibirán.
Por otro lado, cerca del 10% de las denuncias corresponde a la entrega de rodados sin la documentación necesaria, lo que impidió o demoró el patentamiento por parte de los titulares. Para resolver esta última situación, se aguardan definiciones en una próxima audiencia de conciliación, a la espera de que la empresa se presente con una solución.
El expediente será elevado a la Justicia como elemento de convicción en una causa que tramita en la UFI de Estafas y Delitos Informáticos, iniciada por Guillermo Heredia y que recientemente quedó en manos del fiscal Eduardo Gallastegui. En ese marco, ya fueron allanados dos locales y se especula con una eventual formalización del caso en el Palacio de Justicia de San Juan.