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SUSCRIBITELos damnificados se convocaron en las oficinas de Defensa al Consumidor este viernes en el marco de la primera audiencia de conciliación y llevaron su reclamo ante los representantes de la concesionaria. Se dispuso un cuarto intermedio para que la empresa haga su oferta por intermedio de su abogado.
Con una importante cantidad de personas en el ingreso del Centro Cívico, este viernes desde las 10 de la mañana se realizó la primera audiencia de conciliación entre los afectados por irregularidades en la venta de motos y el representante legal de la empresa Branka Motors, en las oficinas de Defensa al Consumidor, que encabeza Fabiana Carrizo. Se trata del caso más numeroso que ha tratado la dependencia del Estado provincial hasta el momento, con 163 denuncias.
“El dinero o la moto”, fue el principal pedido de los diez referentes de los damnificados que ingresaron al edificio y expusieron ante el abogado José Tejada, en representación de Alexis Marco, Jonatan Marco y Facundo Banegas -posibles responsables que pudieron ser individualizados a partir de los CUIT que figuraban en los contratos-. De igual modo, en la Justicia no descartan que haya más responsables.
Judicialmente se concretaron allanamientos en dos locales, en el marco de la investigación por presunta estafa que inició el fiscal Guillermo Heredia y que quedó a cargo del juez Eduardo Gallastegui esta semana. Estudian alrededor de 200 casos.
Fueron dos las principales irregularidades que se pudieron sistematizar y que quedaron bajo la lupa del organismo. Por un lado, la falta de entrega de los vehículos, con demoras que alcanzaron los cinco meses en los casos más graves, por los cuales los clientes pagaron cifras que parten desde 1.200.000 pesos en adelante, en algunos casos al contado. Por otro lado, cerca del 10% de las denuncias corresponde a la entrega de rodados sin la documentación necesaria, lo que impidió y demoró el patentamiento por parte de los titulares, con quienes se llegó a un arreglo para finalmente entregar la documentación correspondiente, para lo que se dispuso una audiencia aparte.
El representante de la concesionaria escuchó el planteo y se acordó un cuarto intermedio para llevar las demandas ante los responsables, quienes deberán definir si pueden afrontar la devolución del dinero o la entrega de los vehículos. La respuesta deberá presentarse en una próxima audiencia de conciliación fijada para el próximo viernes 6 de febrero a las 10 de la mañana, también en las oficinas de la dependencia en el Centro Cívico.
Al finalizar la reunión, Carrizo calificó como positiva esta instancia de diálogo, ya que se esperaba que desde la firma no se presentara nadie, como ha sucedido en otros casos. La expectativa crece entre los compradores, que buscan recuperar el sueño del vehículo propio, frustrado por el escándalo que se inició el pasado 16 de enero con un caso policial atípico. En aquel momento, Juan Díaz fue a buscar la moto que había pagado en el local céntrico, recibió una negativa y una postergación, y en un acto de justicia por mano propia tomó otra movilidad del lugar, por lo que terminó detenido todo el fin de semana. El caso tomo estado público cunado una multitud se manifestó en las puertas del local el lunes siguiente reclamando por sus vehículos.
A contrapartida de lo sucedido el lunes siguiente en la sede de la empresa, ubicada en la esquina de avenida Rioja y 25 de Mayo, el clima de este viernes fue más calmo, a la espera de la propuesta por parte de la firma denunciada. Hubo diálogo entre los afectados y, por momentos, aplausos de arenga.
Quedó nuevamente planteada la posibilidad de la aplicación de una multa en caso de que no haya una solución en esta instancia. “Vamos a actuar como lo indica la ley”, reiteró Carrizo ante la multitud y destacó que se trata de la última acción administrativa que puede realizar el organismo. Cabe recordar que, de fracasar la negociación, el expediente puede presentarse como elemento de convicción en la causa penal por presunta estafa. El viernes próximo será clave para el futuro de la firma.
“Son los mismos dueños”, confirmaron fuentes judiciales a este medio al ser consultadas por el reciente allanamiento de la empresa Emmebe Motos, situada en Laprida, entre Catamarca y Sarmiento. El procedimiento, que se conoció el pasado 28 de enero y habría sucedido en la jornada anterior, también está encuadrado bajo la misma causa penal, a priori, por presunta estafa (que acumula 200 denuncias). La cifra va en aumento en virtud de las presentaciones registradas en las comisarías cercanas a los domicilios de los afectados.
En el lugar se secuestraron dos motocicletas, teléfonos celulares y documentación, que sería esencial para echar luz a la investigación, la que se maneja con total hermetismo. Se trata del segundo operativo en locales comerciales por el caso.
El primero fue el pasado 21 de enero por la noche con el mismo carácter se retuvo teléfonos y documentación a fin de poder reunir elementos de convicción que permitan formalizar la causa. Las instalaciones de Branka Motors, en la esquina de 25 de Mayo y avenida Rioja, ya habían sido cerradas por cuestiones de seguridad y permanecieron con custodia policial desde el lunes 19 de enero, cuando una multitud llegó al lugar reclamando por sus vehículos.
Previo a esto, el mismo día por la mañana, la firma comunicó a través de sus redes sociales que sus operaciones se encontraban pausadas.
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