Rutas nacionales en San Juan, al límite: la tormenta expuso la motosierra en el mantenimiento vial
Mientras las crecidas atípicas destrozan tramos estratégicos de las rutas nacionales en San Juan, Vialidad Nacional enfrenta un desfinanciamiento que deja el mantenimiento y las reparaciones en manos del esfuerzo extremo de sus trabajadores.
San Juan atraviesa una seguidilla de tormentas de fuerte intensidad que viene dejando una marca profunda en la infraestructura vial. Los daños provocados por las crecidas se ensañaron particularmente con Zonda, la Ruta 40 Norte, Pocito, Iglesia y Calingasta, donde aparecieron socavones y derrumbes que dificultan la transitabilidad. Vialidad Provincial viene actuando en sus caminos, pero en el caso de los que son de jurisdiccion nacional este escenario pone en el tapete una problemática que viene arrastrando hace meses la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), que está operando en un marco de limitaciones extremas de recursos materiales, humanos y financieros, lo que condiciona su capacidad de respuesta ante las emergencias.
Para cumplir con la responsabilidad de mantener las rutas y evitar tragedias viales, Vialidad Nacional está gestionando las reparaciones con resabios de fondos ante la falta de partidas nacionales adecuadas. La brecha presupuestaria es drástica: para este 2026 solo se ha depositado la mitad del presupuesto asignado en el periodo anterior, el cual ya era considerado insuficiente para cubrir las necesidades básicas de la red, según fuentes de la repartición. Esta situación se agrava dado que el 9° Distrito San Juan proyecta un presupuesto para 2026 que equivale apenas al 50 % de lo ejecutado durante el 2025, lo que implica una imposibilidad de sostener planes de mantenimiento preventivo y una dependencia absoluta de la reacción ante la crisis.
En este contexto de fragilidad institucional, el sostenimiento de las rutas depende casi exclusivamente de la vocación de sus empleados. Carlos Ordoñez, Secretario General de la seccional sanjuanina de los trabajadores viales, denunció que el organismo atraviesa un proceso de vaciamiento progresivo que va más allá de lo económico. Según Ordoñez, tras el rechazo del Congreso a la disolución formal de la DNV que impulsó la gestión de Javier Milei, el método cambió hacia un debilitamiento interno mediante el congelamiento salarial, el impulso a retiros voluntarios de personal técnico experimentado y el impago de adicionales por tareas críticas de emergencia y nocturnidad.
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El dirigente gremial, en diálogo con TIEMPO DE SAN JUAN, analizó que "en medio de intensas precipitaciones que han generado inundaciones, crecientes y cortes en distintos tramos de la red vial nacional, la Dirección Nacional de Vialidad atraviesa una situación crítica para atender las emergencias en la provincia. A la complejidad climática se suma un contexto de desfinanciamiento, congelamiento salarial y falta de pago de adicionales, que pone en tensión la capacidad operativa del organismo y expone una política de vaciamiento sostenido. Aun así, los trabajadores del 9° Distrito San Juan continúan prestando servicios bajo la lluvia, durante la noche y en condiciones extremas, sosteniendo la transitabilidad y la seguridad vial por compromiso con su función pública y con la sociedad".
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La falta de inversión no solo deteriora el asfalto, sino que incrementa exponencialmente el riesgo de accidentes y el aislamiento de comunidades enteras ante eventos climáticos extremos. La política actual de ajuste ha llevado a que las intervenciones se realicen sin los recursos necesarios y con salarios estancados desde octubre de 2024, lo que genera un clima de incertidumbre sobre el futuro de la seguridad vial en la región.
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Sobre la gravedad de esta situación estructural, Ordoñez enfatizó: "La situación que atraviesa la Dirección Nacional de Vialidad en San Juan expone una contradicción profunda: mientras el Gobierno Nacional reduce recursos, congela salarios y promueve la salida de trabajadores, el personal sostiene la respuesta ante emergencias con compromiso y responsabilidad. La asignación para 2026 de un presupuesto que representa solo el 50 % de lo ejecutado en 2025, sumada a la falta de pago de adicionales y al congelamiento salarial, confirma que el problema no es coyuntural, sino estructural y político. La continuidad de esta política compromete no solo el futuro del organismo, sino la seguridad vial y el interés público".
