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SUSCRIBITEUn importante número de damnificados mostraron su malestar en las puertas del Centro Cívico y amenazaron con cortar la calle. Se dispuso una multa de 210 canastas básicas para la firma que pegó el faltazo. Le toca definir a la justicia.
Bronca y frustración en las puertas del Centro Cívico por el fracaso de las negociaciones de conciliación entre la empresa Branka Motors y 163 damnificados. Ni los responsables de la firma —según consta en los contratos— Alexis Marco, Jonatan Marco y Facundo Banegas, ni su representante legal, José Tejada, se presentaron con la propuesta solicitada para resolver el conflicto.
Los damnificados, que denunciaron un presunto fraude en la venta de motos que no fueron entregadas o que fueron entregadas sin la documentación correspondiente, esperaron en la entrada del edificio de Gobierno desde las 10 de la mañana. Tras caerse la posibilidad de arribar a un acuerdo, finalmente se estableció una multa equivalente a 2100 canastas básicas. Ahora será la Justicia la que deberá definir los pasos a seguir.
En los rostros de los manifestantes se reflejaba el descontento, ya que antes de que hablara la titular de la dependencia del Gobierno, Fabiana Carrizo, ya existía certeza sobre el desenlace de la audiencia. Con aplausos, bocinazos y pedidos de respuestas, expresaron su malestar.
“No se presentó ningún representante, ni siquiera tuvimos un llamado durante la semana para revisar lo que se pactó el viernes pasado. No hubo respuesta ni por la entrega de la moto ni por la devolución del dinero en efectivo. Eso no se cumplió”, lamentó Carrizo ante los convocados.
La funcionaria concluyó que la instancia administrativa conciliatoria quedó agotada y que, de acuerdo con lo que establece el artículo 51 de la Ley de Defensa del Consumidor, el acta resultante será enviada a la Justicia. “Entendemos que se trata de una estafa”, reconoció.
Tras la oficialización de la mala noticia, con pancartas y fotos impresas de los responsables, un grupo de unas veinte personas decidió marchar por la vereda en dirección al Palacio de Tribunales, sobre calle Rivadavia, entre Jujuy y Aberastain.
En la dependencia del Estado provincial se identificaron dos principales irregularidades que quedaron bajo la lupa y por las cuales Branka Motors debía dar explicaciones. Por un lado, la falta de entrega de los vehículos, con demoras que en los casos más graves alcanzaron los cinco meses, pese a que los clientes abonaron montos que parten desde 1.200.000 pesos, en algunos casos al contado. Por otro lado, cerca del 10% de las denuncias corresponde a la entrega de rodados sin la documentación necesaria, lo que impidió o demoró el patentamiento.
Respecto a este último punto, se aguardan definiciones para una próxima audiencia de conciliación, a la espera de que la empresa se presente con una solución.
En el plano judicial, se concretaron allanamientos en dos locales comerciales en el marco de la investigación por presunta estafa que impulsa el fiscal Guillermo Heredia y que, de manera momentánea, quedó a cargo del juez Eduardo Gallastegui. En total, se estudian alrededor de 200 casos.
“Son los mismos dueños”, confirmaron fuentes judiciales a este medio al ser consultadas por el reciente allanamiento de la empresa Emmebe Motos, ubicada en calle Laprida, entre Catamarca y Sarmiento. El procedimiento, que se conoció el pasado 28 de enero y habría sido realizado en la jornada anterior, también quedó encuadrado en la misma causa penal por presunta estafa, que ya acumula unas 200 denuncias y continúa en aumento debido a nuevas presentaciones en comisarías cercanas a los domicilios de los afectados.
En el lugar se secuestraron dos motocicletas, teléfonos celulares y documentación considerada clave para avanzar en la investigación, que se maneja con total hermetismo. Se trata del segundo operativo realizado en locales comerciales en el marco de esta causa.
El primero tuvo lugar el pasado 21 de enero por la noche, cuando también se secuestraron teléfonos y documentación con el objetivo de reunir elementos de convicción que permitan formalizar la causa. Las instalaciones de Branka Motors, ubicadas en la esquina de 25 de Mayo y avenida Rioja, ya habían sido clausuradas por cuestiones de seguridad y permanecieron bajo custodia policial desde el lunes 19 de enero, cuando una multitud se concentró en el lugar para reclamar por sus vehículos.
Previamente, ese mismo día por la mañana, la firma había comunicado a través de sus redes sociales que sus operaciones se encontraban pausadas.