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SUSCRIBITEEl operativo se realizó durante la madrugada de este sábado por disposición judicial. Las construcciones habrían sido retiradas y el área quedó liberada, expresaron las fuentes oficiales.
La toma de terrenos fiscales ubicada en inmediaciones de Calle 13, entre Aberastain y Mendoza -Pocito-, fue finalmente levantada durante la madrugada de este sábado. El operativo concluyó tras una orden del Juzgado de Faltas de Pocito, y las construcciones precarias instaladas en el lugar habrían sido removidas en su totalidad.
Según informaron fuentes judiciales a Tiempo de San Juan, se avanzó en las actuaciones necesarias para hacer cesar la situación considerada ilícita. Finalmente, cerca de las 3 horas se ejecutó la orden del Juzgado de Faltas de Pocito que dispuso el levantamiento de la toma. Las construcciones habrían sido retiradas y el área quedó liberada, expresaron.
Tras el trabajo de Gendarmería, confirmaron a este diario que, al momento de finalizar el procedimiento, no quedaban personas en el predio. Las fuentes también afirmaron que quienes habían protagonizado la ocupación regresaron a sus respectivos domicilios. No trascendió, hasta el momento, la existencia de personas demoradas en el marco del operativo.
La intervención se produjo luego de que, durante la jornada del viernes, unas 50 familias se asentaran sobre terrenos fiscales ubicados a la vera de las vías del tren, en una zona considerada de jurisdicción nacional. El hecho generó un fuerte despliegue de fuerzas federales y la inmediata actuación de la Justicia.
Según se informó oportunamente, la empresa Ferrocarriles Argentinos radicó la denuncia penal por usurpación al advertir la ocupación del sector ferroviario. En ese contexto, tomó intervención la Justicia Federal, dado que se trataba de un delito en curso en un área bajo su competencia. El fiscal federal Francisco Maldonado dispuso una guardia preventiva de efectivos para custodiar los alrededores del trazado y evitar el ingreso de más materiales de construcción.
La denuncia ingresó alrededor de las 15.30 del viernes y la directiva inicial fue impedir que la ocupación avanzara. Personal de Gendarmería se apostó en la zona y restringió el ingreso de personas con materiales, aunque algunos de los ocupantes lograron levantar estructuras precarias con palos, nylon y cañizos. Las familias, en su mayoría conformadas por mujeres y niños, se distribuyeron a lo largo de las vías y permanecieron en el lugar durante varias horas.
El asentamiento generó preocupación entre los vecinos del barrio San Expedito, colindante al sector ocupado. Algunos residentes solicitaron a los uniformados que retiraran a los intrusos, mientras que desde las fuerzas de seguridad se explicó que toda intervención debía ajustarse a las órdenes impartidas por el Ministerio Público Fiscal y la autoridad judicial competente.
En paralelo, el presidente del Club Atenas, Lucio Castro, también intervino ante la proximidad del asentamiento con las instalaciones utilizadas por la institución deportiva. Castro decidió delimitar el sector en el que el club desarrolla actividades culturales y deportivas, especialmente aquellas destinadas a niños y adolescentes. Según declaró, la medida buscó resguardar el espacio donde entrenan los chicos y prevenir conflictos, aclarando que la entidad cuenta con permisos para utilizar el área en cuestión. No obstante, también manifestó comprender la situación de vulnerabilidad que atraviesan las familias involucradas.
Durante el desarrollo de la ocupación, los propios asentados habían expresado que no pretendían que se les otorgara una vivienda, sino acceder a un terreno donde poder construirla por sus propios medios. Sin embargo, desde el punto de vista legal, la permanencia en el predio fue encuadrada como una usurpación, al tratarse de terrenos fiscales y, en particular, de un sector vinculado a la traza ferroviaria.