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SUSCRIBITEEl terrible hecho ocurrió el 20 de febrero de 2016 y desde ese día, el principal sospechoso, se fugó. Durante años esquivó a las autoridades y finalmente, lo atraparon en Buenos Aires. Se supo que circulaba con un DNI trucho.
El 20 de febrero de 2016, la Policía se topaba con una brutal escena del crimen en Desamparados, Capital. Marta Griselda Cardozo era hallada asesinada y con signos de haber sido abusada sexualmente, en el interior de su casa en calle Santa María de Oro, en el interior del barrio Patricias Sanjuaninas.
El principal sospechoso de ese crimen, Antonio Ibrahim Ledesma, se dio a la fuga y nunca pudo ser atrapado. Durante años fue intensamente buscado por la policía y finalmente, este martes se entregó. Según altas fuentes del caso manifestaron que éste se cansó de vivir evadiendo a la justicia y que finalmente se puso a disposición. Los efectivos lo hallaron en el la localidad bonaerense de Tres de Febrero, Buenos Aires.
Otro de los datos dado por la Justicia, es que este sujeto habría hecho un “tour” por Argentina. Supuestamente vivió en varias provincias, como San Luis, La Pampa, entre otros. Y como un dato aún más relevante, es que todo este tiempo habría estado usando un Documento de Identidad trucho para evadir a la justicia.
Según dijeron, este procedimiento estuvo a cargo de los miembros de la Brigada Central de la Policía de San Juan.
El crimen de Marta Cardozo ocurrió en la madrugada del 20 de febrero de 2016, en el interior de su domicilio ubicado en Desamparados, en el barrio Patricias Sanjuaninas. La mujer de 64 años no sólo fue violentamente atacada a golpes, sino que también fue abusada sexualmente.
Fue su hermano, identificado como Mario Cardozo, quien la encontró muerta ese sábado cerca de las 11 cuando fue a tomar mates. En la vivienda había una ventana rota, y según los vecinos, habían escuchado ruidos durante la madrugada.
Cuando la policía entró al inmueble estaba todo revuelto y lleno de sangre, y Marta estaba sin vida en su dormitorio, desnuda y desfigurada por los golpes que recibió en todo el cuerpo. Los investigadores informaron además que los golpes los tenía sobre todo en el rostro, así como una fractura de cráneo.
A pesar de que el principal sospechoso fue identificado, las autoridades nunca lograron dar con su paradero, por lo que se especula con que se marchó de la provincia para no ser atrapado.
Se trata de Antonio Ibrhym Ledesma, quien fue visto en las inmediaciones de la escena del crimen y ello quedó registrado en las cámaras de seguridad de una veterinaria emplazada en las cercanías. Otras pruebas que apuntaron contra él fue el testimonio de su concubina, la que sostuvo que esa noche llegó con la ropa llena de sangre a su casa y le dijo que "se había mandado una cagada" en "una pelea con un viejo".
Pese al 'código rojo' de búsqueda que emitió Interpol y de que el juez que investigó el caso apuntó contra Ledesma, el homicida permaneció hasta este martes, 10 de junio, prófugo; pero ya está en manos de la Justicia.
Es que a pesar de que una vecina -preocupada por los ruidos que provenían del domicilio de la víctima- dio aviso a las autoridades, la operadora del 911 que recibió el llamado incumplió los protocolos y, como consecuencia, el asesino tuvo tiempo de escapar antes de que se descubriera el horror.
Por lo ocurrido y al cabo de una investigación interna, la operadora responsable fue despedida de la Policía de San Juan y ahora un fallo judicial ratificó dicha resolución. En 2023, se informó que la cesantía de la uniformada fue respaldada por una sentencia del Juzgado Contencioso Administrativo de la jueza Adriana Tettamanti.
Se trata de la agente Tania Manrique, quien atendió el pedido de emergencia y, cuando la comunicación se cortó por una falla técnica, no la reconectó como debía hacerlo. Está establecido que, cada vez que ese tipo de incidentes se presenten, los operadores deben avisar a sus superiores y devolver el llamado. Sin embargo, no lo hizo y por eso se presume que podría haber evitado la impunidad del violador y homicida.
Como Manrique había sido expulsada de la Fuerza de Seguridad, acudió en 2019 a la Justicia para intentar revertir su situación e incluso para obtener una especie de indemnización por el tiempo que no estuvo trabajando. Pese a los argumentos ofrecidos por la ex policía, la magistrada consideró que no fueron suficientes para entender que la decisión de su despido fue injustificada o atentó contra sus derechos y, por tanto, la sentencia resultó un revés.