El Ministerio Público de San Juan marcó un hito en la organización de su sistema judicial con la presentación oficial del Manual de Política de Persecución Penal. La ceremonia, que tuvo lugar este lunes en el edificio anexo de la Legislatura provincial, contó con una amplia convocatoria que incluyó a las máximas autoridades de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, además de miembros de la institución y periodistas. Este documento es el fruto de un trabajo conjunto de una Comisión Redactora integrada por representantes de las Unidades Fiscales de Investigación, la Fiscalía de Impugnación, la Secretaría de Seguridad, la Policía de San Juan y el Servicio Penitenciario.
Durante el acto de lanzamiento, el Fiscal General, Guillermo Baigorrí, definió con claridad el espíritu que anima esta nueva norma al subrayar la necesidad imperiosa de establecer criterios de actuación que sean preestablecidos, generales, escritos y anticipados. Según explicó, el objetivo primordial es orientar el ejercicio de la acción penal pública y, fundamentalmente, evitar la discrecionalidad en la toma de decisiones judiciales. En este sentido, el manual se presenta no solo como un texto normativo, sino como una herramienta de trabajo esencial para que la justicia brinde previsibilidad, transparencia y seguridad jurídica a toda la ciudadanía, asegurando que los resultados de una causa no dependan de las interpretaciones variables de cada fiscal.
Uno de los cambios más significativos que introduce este manual es la regulación detallada de la investigación penal, estableciendo una dirección funcional directa del fiscal sobre la policía y exigiendo la presencia del fiscal en hechos graves para elevar la calidad de la recolección de evidencia. Al respecto, el jefe de la Policía de San Juan, Néstor Álvarez, destacó que el aporte de la fuerza fue vital dado que ellos intervienen desde el primer momento de cada ilícito. Álvarez remarcó que la meta es lograr que la investigación criminal sea lo más eficaz posible para el tratamiento judicial, resaltando la importancia de resguardar el lugar del hecho y todas las pruebas necesarias para una futura condena. Esta sinergia busca que tanto la Policía como el Servicio Penitenciario y el Poder Judicial hablen un mismo idioma, optimizando los recursos provinciales.
Los ejes del Manual
En cuanto al abordaje de la conflictividad, el manual propone un esquema innovador para casos de alto impacto social o aquellos que afecten servicios públicos, priorizando instancias de diálogo y mediación institucional antes de llegar a la judicialización. Asimismo, fija reglas de gestión estrictas para resolver casos en plazos breves y evitar la prescripción de las causas, estableciendo criterios uniformes para decidir cuándo un caso debe ser archivado, formalizado o desestimado.
También se regulan con rigor el uso de herramientas como el juicio abreviado, la suspensión de juicio a prueba y los criterios de oportunidad, siempre bajo parámetros de proporcionalidad y razonabilidad.
La figura de la víctima adquiere un protagonismo central en este nuevo esquema, garantizándosele derechos de información, acompañamiento y protección integral. De ahora en más, los fiscales tienen la obligación de considerar la opinión de la víctima en decisiones cruciales, como la aplicación de salidas alternativas al juicio. Paralelamente, se ratifica el respeto irrestricto a las garantías constitucionales del imputado, buscando una investigación objetiva que proteja la dignidad de todas las personas involucradas en el proceso penal.
Otro eje fundamental es la incorporación transversal de la perspectiva de género en las investigaciones, otorgando un tratamiento prioritario a los casos de violencia familiar, sexual o contra personas vulnerables. En estas situaciones sensibles, el manual restringe explícitamente el uso de salidas alternativas, buscando asegurar una respuesta judicial efectiva ante este tipo de delitos. Además, se regulan aspectos técnicos como el juicio de cesura para una determinación de la pena más justa y el control estricto de la ejecución de las condenas en coordinación con el sistema penitenciario.
Finalmente, para asegurar que estos cambios se traduzcan en una mejora real del servicio, se ha dispuesto la creación de la Oficina de Calidad Institucional, encargada de evaluar el desempeño y monitorear el cumplimiento de estos nuevos estándares. Todo este proceso será acompañado por una política comunicacional responsable que busque informar a la sociedad de manera transparente, pero protegiendo siempre la integridad de la investigación, el principio de inocencia y el bienestar de las víctimas.
La implementación efectiva de este manual se complementará con capacitaciones específicas para todos los agentes involucrados, consolidando un modelo de justicia orientado a la resolución real de los conflictos.
