“Socialmente hemos visto que no sirven los grandes barrios de 1000 viviendas. Porque justamente esos barrios son los que socialmente después no funcionan, son conflictivos”, sentenció Elina Peralta, directora del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) de San Juan. Con esta premisa, la funcionaria de Marcelo Orrego marcó un quiebre en la política habitacional de la provincia, impulsando un cambio hacia modelos de urbanización de menor escala que favorezcan la convivencia.
Según Peralta, el aglomeramiento masivo de personas en complejos gigantes impide la formación de vínculos comunitarios sólidos, como las uniones vecinales, que son las que permiten que un barrio progrese a lo largo del tiempo. Bajo esta nueva visión, el organismo está planificando barrios que no superen las 50 viviendas, buscando evitar que los complejos se conviertan en núcleos independientes y aislados que luego terminan careciendo de servicios esenciales. "Estamos planificando barrios de no más de 50 viviendas, por los costos y porque socialmente hemos visto que no sirve grandes barrios. Este el aglomeramiento de gente es tanto que después no tenés ni uniones vecinales, son barrios que no crecen, porque esto ya lo digo desde el conocimiento de haber trabajado en un municipio, los barrios que trabajan en donde hay una unión vecinal, son barrios que después van progresando", analizó la funcionaria.
La planificación estratégica se convirtió en el eje central del actual IPV para evitar los problemas de infraestructura que afectaron a construcciones previas. Peralta remarcó que “no tener en cuenta dónde se proyecta, dónde se planifica es un error grave”. Vinculó así esta falta de previsión a problemas actuales de la ciudad, como la baja presión de agua en zonas donde la instalación de barrios masivos saturó el consumo de los vecinos existentes.
Por este motivo, la gestión busca diferenciar su impronta habitacional del modelo aplicado durante las últimas gobernaciones, peronistas, de José Luis Gioja y Sergio Uñac. Entre 2003 y 2015 el giojismo tuvo el foco puesto en el operativo de erradicación de villas para trasladar asentamientos completos a megabarrios de ladrillo. En cambio, el orreguismo apuesta por la herramienta del sorteo para garantizar la equidad social. La funcionaria sostuvo, en diálogo con TIEMPO DE SAN JUAN, que las erradicaciones masivas generaron un efecto no deseado, cuando las familias usurpaban terrenos para obligar al Estado a darles una casa, por lo que ahora se prioriza a quienes cumplen con la ley y esperan su turno en igualdad de condiciones.
Estos grandes conglomerados presentaron en su momento dilemas de servicios que incluso generaron contratiempos a los intendentes que de repente se encontraron con una demanda extraordinaria de vecinos, muchos de los cuales llegaron trasladados desde otras comunas. Pasó al principio de los 2000 con el estreno del plan de erradicación de villas, cuando los habitantes de los ranchos en Capital fueron llevados a casas de barrio en Chimbas o Rawson mayormente, creando mini ciudades en puntos a veces alejados. En esta suerte de ensayo social, el gobierno optó por construir comisarias, escuelas y centros de salud para poder atender la nueva demanda.
Peralta remarcó que estos grandes barrios "terminan funcionando como núcleos independientes. Han terminado sin servicios, o sea, el IPV se ha focalizado siempre en la vivienda y no en la urbanización. Y el IPV ha mostrado a lo largo del tiempo que ha sido el que ha marcado el crecimiento urbano de la provincia".
Respecto a la erradicación de villas, la funcionaria sostuvo que el tiempo demostró que ese sistema fomentó que algunas familias usurpen terrenos para "obligar" al Estado a darles una solución, aun estando en las mismas condiciones que otros que eligen esperar legalmente, aunque sea viviendo apretados en casas de familiares. "No podemos otorgar una condición de privilegio a quienes usurpan frente a quienes hacen el sacrificio de respetar la norma. Por ello, somos incisivos en aplicar lo que dicta la ley: la vivienda social debe entregarse a través de la herramienta del sorteo, y en ese camino estamos trabajando", remarcó.
Tras años de complejos de cientos de casas, el organismo estatal cambia el foco hacia el diseño urbano y el control de la densidad con la idea de mejorar la calidad de vida de los vecinos.
Los gigantes de cemento en San Juan
Históricamente, el concepto de complejo habitacional masivo en la provincia estuvo ligado a la entrega de miles de casas en un solo predio. El ejemplo más emblemático de esta política es el Barrio Valle Grande, en Rawson, inaugurado durante la gestión de Sergio Uñac, que cuenta con 1.007 viviendas distribuidas en 74 hectáreas y donde residen más de 7.000 personas. Otro núcleo de gran extensión es el megacomplejo Sierras de Marquesado e Ingeniero Céspedes en Rivadavia, que suma 837 viviendas destinadas originalmente a familias afectadas por el terremoto de 2021.
Embed - Así se ve el barrio Valle Grande desde arriba
A estos se suman referentes históricos como el Barrio Aramburu, un complejo tradicional conocido por su alta densidad poblacional. En Capital, destaca el Barrio San Martín por su escala de torres de departamentos para la clase media.
Todos estos proyectos, concentrados principalmente en el Gran San Juan, representaron una etapa de la obra pública enfocada en la cantidad y la erradicación de ranchos, un modelo que la gestión actual busca dejar atrás para priorizar la urbanización planificada.
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El 7 de noviembre de 2022, 800 familias recibieron la llave de su casa propia, tras los daños materiales sufridos como consecuencia del fuerte sismo de enero de 2021. El IPV ejecutó dos barrios en Rivadavia, el Sierras de Marquesado e Ingeniero Céspedes ubicados en La Bebida, Rivadavia.
Metas para 2026
Durante su primer tramo de gestión, el gobierno de Marcelo Orrego priorizó la finalización de los barrios que quedaron a medio hacer, logrando mantener un ritmo de entrega para cumplir con las familias que esperaban su techo. Peralta explicó que la administración todavía no ha avanzado con la construcción masiva de barrios propios desde cero debido a que la planificación se ha visto condicionada por la falta de financiamiento nacional, el cual anteriormente representaba el 70% de los ingresos del organismo.
Ante esta quita de recursos, el IPV depende ahora exclusivamente de los fondos provinciales, lo que obliga a manejar una agenda más flexible; no obstante, la meta para este año es activar parte de los 30 proyectos que ya tienen en cartera para comenzar a plasmar la nueva impronta habitacional del orreguismo.
Además de la construcción de nuevos barrios de pequeña escala, se espera reactivar las operatorias individuales con un cupo inicial de 300 préstamos para quienes posean terreno propio, buscando fomentar la mano de obra local a través de empresas sanjuaninas.
