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SUSCRIBITELa resolución impide que terceros puedan obstruir o suspender la actividad del proyecto, en medio del conflicto con La Rioja. El fallo se conoce mientras siguen vigentes restricciones dispuestas por la Justicia riojana sobre el acceso al emprendimiento.
La Justicia de San Juan resolvió habilitar la continuidad de las operaciones del proyecto minero Vicuña, tras hacer lugar a una medida cautelar presentada por la empresa en el marco del conflicto abierto con la provincia de La Rioja por restricciones de tránsito y actividad en la zona.
Según informó la compañía a través de un comunicado difundido este martes, la decisión judicial impide que terceros, tanto del ámbito público como privado -con excepción de las autoridades sanjuaninas-, puedan obstruir o suspender las actividades del emprendimiento, que cuenta con habilitación del Ministerio de Minería de San Juan.
La resolución fue dictada por un juzgado de primera instancia con competencia multifuero de la Segunda Circunscripción Judicial y establece una protección precautoria sobre la operatoria del proyecto, en tanto se analizan las implicancias de una medida previa emitida por la Justicia de La Rioja.
Dicha resolución riojana había dispuesto restricciones al tránsito en una ruta provincial clave para la logística del proyecto, además de la suspensión de actividades vinculadas a la iniciativa minera. Frente a ese escenario, el equipo legal de Vicuña continúa evaluando el alcance de ese fallo.
Desde la empresa aseguraron que el proyecto sigue funcionando en cumplimiento del marco legal vigente, priorizando la seguridad y la continuidad operativa, al tiempo que avanzan en acciones legales e institucionales para normalizar completamente el acceso a las operaciones.
El conflicto se inscribe en una disputa más amplia entre San Juan y La Rioja por la jurisdicción y el impacto del proyecto, que se desarrolla en territorio sanjuanino pero utiliza vías de acceso que atraviesan la provincia vecina. En ese contexto, el Gobierno de San Juan ha reiterado su postura de defender la legalidad vigente y la titularidad de los recursos naturales dentro de sus límites provinciales.
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