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SUSCRIBITEEl conflicto entre La Rioja y San Juan por Vicuña reavivó una disputa histórica que se remonta a 1968. El gobernador riojano Quintela ya insistió tres veces en revisar el acuerdo de límites, y también lo hizo Menem hace más de una década. Qué dice la historia.
Ricardo Quintela, gobernador de La Rioja, insistió en revisar los límites entre su provincia y San Juan.
Así se publicó la noticia del acuerdo de límites entre La Rioja y San Juan en Diario de Cuyo.
Detrás del nuevo reclamo de La Rioja por Vicuña no hay solo un conflicto minero: hay una disputa histórica por los límites que vuelve a tensar a dos provincias. El gobernador riojano Ricardo Quintela insiste en revisar un acuerdo de límites firmado en un gobierno de facto. Y el trasfondo va mucho más allá de lo ambiental, ya que ahora incluye hasta al Valle de la Luna.
La tensión escaló la semana pasada tras un fallo judicial en La Rioja que ordenó frenar la actividad del proyecto Vicuña y prohibió el uso del camino por territorio riojano de Guandacol -el único acceso que utilizaba la asociación entre Lundin y BHP para llegar al campamento Batidero, en San Juan- hasta que se presente un estudio de impacto ambiental aprobado por esa provincia. Quintela luego trajo de nuevo a la mesa el problema de límites y ayer sumó al reclamo territorial al Valle de la Luna.
Para entender el conflicto hay que retroceder a fines de los años 60. En 1967, el gobierno de facto de Juan Carlos Onganía creó la Comisión Nacional de Límites Interprovinciales para resolver disputas pendientes entre provincias. San Juan y La Rioja designaron representantes y, en un plazo breve, alcanzaron una fórmula de acuerdo.
El Gobierno de La Rioja mediante el decreto Nº 4.552 del 14 de septiembre del año 1967 designó representantes a los ministros de Gobierno e Instrucción Pública Dr. Roberto Catalán y al Dr. Germán Kamerath Gordillo.
La provincia de San Juan designó al Dr. Horacio Videla y al señor Rogelio Díaz Costa para establecer los límites pendientes de acuerdo entre ambas provincias.
Al cumplirse el plazo de 90 días que indicaba la ley, los gobiernos de San Juan y La Rioja, lograron un acuerdo de límites en el que, según cuenta la historia, fueron tenidos en cuenta los antecedentes históricos, políticos, económicos y jurisdiccionales.
Así fue que los gobernadores de facto Edgardo G. Gómez, de San Juan; y Guillermo D. Iribarren, de La Rioja llegaron a un convenio mediante el cual el 15 de diciembre de 1968 se sancionó la Ley 18.004, que fijó los límites en siete áreas en conflicto. El Diario de Cuyo de la época lo publicó en un breve apartado en sus páginas.
El cambio no fue menor. Entre las siete zonas que redefinieron sus límites hay dos territorios clave que antes eran riojanas y pasaron a ser de San Juan: el Valle de la Luna, también llamado Ischigualasto, y la zona del cerro El Potro, donde hoy se ubica el proyecto minero estratégico Josemaría, que junto a Filo del Sol conforman Vicuña.
El planteo de Quintela ahora es que como ese acuerdo de limites se firmó en un gobierno de facto, debe ser revisado y ratificado en el Congreso. En rigor, es la tercera vez que el gobernador riojano insiste en revisar los límites entre ambas provincias.
El antecedente más reciente se dio en octubre de 2025, cuando el mandatario anunció la apertura de un frente judicial para “recuperar los límites históricos” y puso en el centro del debate al proyecto Josemaría, al que calificó como “la mina más importante del país” y sostuvo que “otrora fue riojana”. En ese momento, también cuestionó el acuerdo que definió su pertenencia a San Juan, al considerarlo “ilegal e ilegítimo”.
Antes, en 2021, ya había impulsado un planteo similar. En aquel entonces, el exsecretario de Minería de la Nación, el sanjuanino Alberto Hensel, rechazó la postura y defendió la jurisdicción sanjuanina, al señalar que el proyecto fue desarrollado íntegramente bajo decisiones políticas, inversiones y gestiones de esa provincia. Como alternativa, propuso avanzar en esquemas de integración regional sin alterar los límites.
Ahora, el reclamo volvió a escena con más fuerza. Quintela insiste en que el acuerdo limítrofe carece de validez democrática por haber sido firmado durante un gobierno militar y busca que el tema sea tratado en el Congreso. Su planteo no solo incluye el área del cerro El Potro, donde esta Josemaría, sino también un símbolo provincial como el Valle de la Luna.
Ya en 2010, el entonces senador nacional Carlos Menem impulsó un proyecto de ley ante el Congreso que presidía por aquellos años Julio Cobos. Allí pedía revisar los límites entre La Rioja y San Juan.
En sus fundamentos, Menem sostuvo que la ley que fijó los límites en 1968 era inconstitucional por haber sido dictada por un gobierno de facto en una materia que corresponde al Congreso. Además, consideró ilegítimo el acuerdo previo entre gobernadores por no haber cumplido con los mecanismos previstos en las constituciones provinciales, que exigen aprobación legislativa y consulta popular. Incluso recordó que en 1973 la Legislatura riojana rechazó formalmente ese convenio y planteó la necesidad de rediscutir los límites conforme al derecho vigente.
Ese mismo argumento, que es la falta de legitimidad del acuerdo de origen, es el que hoy retoma Quintela para sostener su reclamo.
Durante décadas, esos límites no fueron objetados en la práctica. La ley de 1968 fue publicada, aplicada y utilizada como base para el desarrollo de proyectos productivos sin mayores controversias judiciales.
Sin embargo, el contexto cambió. El peso económico de la minería, la magnitud de las inversiones y el impacto en regalías e infraestructura reactivaron una discusión que parecía saldada.
Desde La Rioja, el reclamo apunta a revisar la validez de aquel acuerdo y a reabrir la discusión en el Congreso. Desde San Juan, la postura se sostiene en la vigencia de la ley, en la consolidación territorial y en el desarrollo efectivo de los proyectos dentro de su jurisdicción.
En el medio, el conflicto vuelve a tensar la relación entre provincias vecinas y a poner sobre la mesa una pregunta de fondo: si un acuerdo firmado hace más de 60 años puede ser revisado hoy, en un escenario donde los recursos mineros en juego valen miles de millones de dólares.