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SUSCRIBITEEl cierre del paso hacia el proyecto minero generó preocupación en la comunidad por sus consecuencias inmediatas. Trabajadores, comerciantes y proveedores advierten por la caída de ingresos y la falta de alternativas
El conflicto por el cierre del camino que conecta Guandacol con el proyecto minero Vicuña sumó un nuevo capítulo en las últimas horas, luego de que una orden judicial ejecutada por la Policía de La Rioja dejara sin circulación a trabajadores y proveedores. La medida, que comenzó a aplicarse días atrás en ese corredor clave, impacta de lleno en la actividad económica de la zona y generó una inmediata reacción de vecinos, comerciantes y empleados vinculados al proyecto.
Según información publicada por medios riojanos, la comunidad organizada difundió un manifiesto titulado “Guandacol se levanta”, en el que cuestiona lo que considera una decisión unilateral que los deja al margen del proceso. “No somos parte del expediente, pero somos nosotros quienes pagamos el costo”, señalaron en el documento.
El reclamo, remarcaron, no apunta contra la cuestión ambiental que fundamenta la medida, sino contra el impacto económico que genera en la microrregión. En ese sentido, sostienen que al menos 486 personas ya registraron con nombre y DNI afectaciones directas en sus ingresos familiares a partir de la interrupción del tránsito hacia el proyecto.
Siempre según medios de La Rioja, la preocupación central gira en torno a la falta de un plan de contingencia frente al freno de la actividad. Para los habitantes de Guandacol, el cierre del camino no solo representa una dificultad logística, sino el riesgo de profundizar la crisis económica local, con consecuencias que ya comienzan a sentirse en el comercio y en las familias que dependen de la actividad minera.
En ese contexto, convocaron a una asamblea abierta para este lunes 20 de abril a las 19 horas en la plaza principal del distrito. El objetivo será unificar posturas y elaborar un petitorio dirigido tanto al Gobierno provincial como a la Justicia.
Entre los principales planteos figuran la asistencia económica urgente para los trabajadores afectados, prioridad para la contratación de mano de obra local en obras públicas, medidas de compensación para proveedores y la conformación de una mesa de diálogo institucional con autoridades y representantes de la comunidad.