Vicuña: en medio del conflicto, un intendente riojano respalda la jurisdicción de San Juan

Al ser entrevistado por Radio Sarmiento, señaló que “si está enclavada la mina en San Juan, probablemente que se van a respetar las leyes de San Juan”, marcando una posición que contrasta con sectores políticos del Ejecutivo de La Rioja que impulsa las restricciones al tránsito.

Páez dijo que participó el lunes por la tarde de una asamblea con vecinos, trabajadores y proveedores en Guandacol, que convocaron preocupados por el impacto económico del freno a la actividad. Allí recibió un petitorio que se comprometió a elevar al gobernador Ricardo Quintela y a funcionarios provinciales.

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El corte del camino a la mina

El conflicto escaló en los últimos días tras la decisión de la Justicia de Chilecito -impulsada por el ejecutivo provincial- de cortar el uso de la ruta 506 por La Rioja a la minera Vicuña, lo que afectó la circulación de trabajadores y proveedores hacia el proyecto. No solo a los sanjuaninos, sino también a los riojanos. El argumento judicial es que la minera ubicada en San Juan debe obtener en La Rioja una Declaración de Impacto Ambiental por la cercanía del proyecto.

La policía prohibió el paso de camiones y cisternas de la minera la semana pasada y la medida generó un fuerte impacto en Guandacol, La Rioja; donde vecinos, comerciantes y hoteleros ya advierten por la caída de ingresos y la falta de alternativas.

Según manifestaron en un documento, cientos de familias comenzaron a sentir las consecuencias del freno en la actividad. En ese marco, la comunidad organizó la asamblea para unificar reclamos y exigir respuestas tanto al Gobierno provincial como a la Justicia. El problema riojano podría agravarse ahora que la minera, ante la urgencia ya está usando totalmente el Corredor Norte ubicado totalmente en San Juan, aunque es más largo y no esta en óptimas condiciones.

comunicado Guandacol

El foco en el trabajo

Páez admitió que el eje central del reclamo del poblado de Guandacol es la continuidad laboral. Según detalló el intendente, alrededor de 140 trabajadores de la zona dependen directamente del proyecto y hoy ven peligrar su fuente de ingresos.

“En realidad, lo que importa es el trabajo, la posibilidad de trabajo”, resumió, al explicar que el pedido más urgente de la comunidad es que, en caso de no poder continuar en Vicuña, el Estado provincial garantice alternativas laborales.

El planteo se da en un contexto económico delicado para el departamento Felipe Varela. Páez describió que la zona está golpeada por la caída de actividades tradicionales como la vitivinicultura y el turismo, lo que vuelve a la minería una oportunidad clave.

Condimento político

El intendente dijo que respalda los reclamos laborales, pero admitió que no puede hacer mucho más que llevar el petitorio al gobierno provincial. Sin embargo, dejó entrever que el conflicto no es solo técnico ni judicial. “Hay condimentos políticos que por ahí lo rodean”, advirtió, sugiriendo que internas locales podrían estar influyendo en la escalada del caso.

Mencionó también el problema de límites. Existe un histórico malestar del gobernador riojano Quintela, que quiere revisar los límites entre La Rioja y San Juan. El peronista no acepta el acuerdo de límites que se dió en los años sesenta y que otorgó gran parte del cerro El Potro, donde se encuentra el proyecto Josemaría, a la provincia de San Juan.

Así, mientras en Guandacol crece la presión por el impacto económico, desde la dirigencia local empiezan a aparecer voces que, sin romper con el reclamo, reconocen un dato clave: el proyecto Vicuña, al estar del lado sanjuanino, se rige por sus reglas.