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SUSCRIBITEEl gobernador de San Juan desestimó el planteo de Ricardo Quintela, calificándolo de carente de sustento jurídico, y ratificó que defenderá "la bandera y los derechos de los sanjuaninos" ante cualquier intento de revisar acuerdos históricos.
Marcelo Orrego ratificó este viernes su rechazo a las pretensiones de su par riojano, Ricardo Quintela. Con un discurso cargado de énfasis en la legalidad y la defensa de la identidad provincial, Orrego aseguró que no permitirá que se avance sobre el patrimonio de los sanjuaninos.
La tensión entre San Juan y La Rioja escaló a niveles históricos en las últimas semanas. Lo que comenzó como un conflicto por el acceso vial al proyecto minero Vicuña -frenado por un fallo judicial riojano que exige estudios de impacto ambiental a una asociación entre Lundin y BHP- derivó en una abierta disputa por la soberanía territorial. El gobernador de La Rioja, el peronista Quintela, insiste en revisar los límites fijados en 1968, argumentando que aquel acuerdo, firmado durante un gobierno de facto, carece de validez democrática y afecta zonas clave como el Cerro El Potro (donde se ubica el proyecto Josemaría) y el mismísimo Valle de la Luna.
El gobernador sanjuanino subrayó que la situación legal está resuelta desde hace décadas: “Esto está más que claro porque lo que dice en este caso el gobernador (Quintela) no tiene ni siquiera ni un ápice de sustento jurídico. Esto ni siquiera de un convenio que firmaron los gobernadores hace años como dice el gobernador. Lo que digo yo es que primero hay una ley que fijó el Congreso, sancionó, que es la ley 18.004 y después se ratificó por el propio Congreso”.
Al ser consultado sobre si percibe un trasfondo político en esta "embestida", Orrego vinculó el conflicto al crecimiento de San Juan: “Tiene que ver con la coyuntura, tiene que ver con un San Juan que avanza en su matriz productiva, tiene que ver con un San Juan que tiene claramente un modelo donde cree en las inversiones privadas, un modelo donde por supuesto cree en la articulación pública y privada”. En un mensaje directo a la vecina provincia, advirtió: “Todo lo que vaya en contra de los sanjuaninos va a tener una reacción de parte de este gobierno”**.
El conflicto tiene su raíz en 1967, cuando el gobierno de Juan Carlos Onganía creó la Comisión Nacional de Límites Interprovinciales. Tras 90 días de trabajo entre representantes de ambas provincias, se llegó a un acuerdo el 15 de diciembre de 1968, que se plasmó en la Ley 18.004. Este acuerdo redefinió siete áreas en conflicto, lo que permitió que territorios como el Valle de la Luna (Ischigualasto) y la zona del cerro El Potro quedaran bajo jurisdicción sanjuanina.
Quintela sostiene que este acuerdo es "ilegal e ilegítimo" por su origen dictatorial, un argumento que ya había esbozado Carlos Menem en 2010 sin éxito en el Congreso. Sin embargo, desde San Juan se recuerda que dicha ley fue aplicada y respetada durante décadas, sirviendo de base para inversiones de miles de millones de dólares que hoy están en el centro de la escena.
En la misma rueda de prensa, el gobernador Orrego también se refirió a la reglamentación de la Ley de Glaciares por parte del Gobierno Nacional, un tema íntimamente ligado a la actividad productiva y la protección ambiental en la alta montaña sanjuanina.
Orrego volvió a destacar que la nueva normativa viene a saldar una deuda de 15 años de falta de reglamentación que impedía fijar criterios claros de aplicación. Según el mandatario, la ley anterior dejaba un vacío en la definición de las "geoformas del ambiente periglacial", lo que generaba incertidumbre. “Lo que hace esta ley justamente es aclararla y va en contexto de lo que decía la Corte Suprema de Justicia de la Nación cuando hablaba de una concertación federal”, remarcó, recordando que, según el artículo 124 de la Constitución Nacional, las provincias son las dueñas originarias de los recursos naturales.
Para Orrego, la clave reside en la capacidad de la provincia para determinar qué áreas tienen una verdadera importancia para el sistema hídrico. “Usted tiene glaciares de blanco, glaciares de escombros, geoformas que tienen una función hídrica y otras que no", detalló. La nueva reglamentación permitirá a San Juan, como autoridad de aplicación, avanzar en actividades productivas o turísticas siempre que se respete el Plan Integral de Manejo del Agua. “No hay que confundir lo que es un glaciar con una reserva de agua dulce a lo que significa la necesidad o la emergencia hídrica”, aclaró para evitar interpretaciones que bloqueen el desarrollo provincial.
Finalmente, el gobernador puso en perspectiva la importancia del cuidado del recurso hídrico, detallando que el 94% de la demanda de agua en la provincia se destina a la agricultura, mientras que la industria -incluida la minería- solo representa entre el 1.2% y el 1.3%. Ante el hecho de que el 55% de los agricultores aún riega por manto, Orrego reafirmó su compromiso con la eficiencia hídrica: “Tenemos que trabajar mucho en cómo cuidar que esa agua no se pierda... al estar los canales rotos se pierde y se evapora”.
El año pasado, la provincia destinó más de 5.000 millones de pesos en líneas de crédito para mejorar la eficiencia energética e hídrica, un camino que el mandatario prometió profundizar.
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