En un giro político con impacto en la actividad minera de la región, el Gobierno de La Rioja y la empresa minera Vicuña alcanzaron un principio de acuerdo que busca normalizar la circulación hacia el yacimiento que se halla en suelo sanjuanino. El conflicto, que mantenía restringido el acceso a la explotación minera a través de territorio riojano, comenzó a destrabarse mediante una presentación conjunta ante la jueza María Greta Decker de la Segunda Circunscripción Judicial con sede en Chilecito. Según informó el fiscal de Estado riojano, Emilio Rodríguez, en declaraciones otorgadas a FM Frontera 97.7, se solicitó formalmente la suspensión provisoria de la medida cautelar y de los efectos jurídicos de la resolución que limitaba el paso hacia el proyecto.
La medida judicial había generado una fuerte reacción y rechazo desde el Gobierno de San Juan a las pretensiones del Gobierno riojano de querer participar del derrame económico de la mina que se encuentra ubicada en San Juan con un argumento limítrofe saldado hace décadas.
Esta nueva situación tiene su origen en una medida judicial dictada días atrás por la propia magistrada, a partir de una acción impulsada por el Estado provincial, es decir, por el propio Gobierno de La Rioja. En aquel momento, la Fiscalía de Estado riojana exigía el cumplimiento de acuerdos previos y la presentación de una Evaluación de Impacto Ambiental, lo que derivó en una restricción de tránsito por 30 días fundamentada en la protección del medio ambiente bajo preceptos constitucionales. El fiscal Rodríguez dijo a los medios riojanos que, si bien el fallo inicial contaba con argumentos basados en el derecho a un ambiente sano, el actual diálogo institucional iniciado por el gobernador Ricardo Quintela permitió avanzar hacia una salida negociada.
El consenso alcanzado establece condiciones específicas por parte del Ejecutivo provincial para permitir la continuidad de las operaciones. Según publicó el diario Nueva Rioja, el secretario general de la Gobernación, Ricardo Herrera, detalló a Radio La Red que existen ejes centrales que la provincia considera innegociables en este nuevo esquema de trabajo. Entre estos puntos se destaca la obligatoriedad de contratar personal riojano y de dar prioridad absoluta a los proveedores de esa provincia, especialmente a los comerciantes y empresarios del Valle del Bermejo, para que formen parte de la cadena de suministros de la empresa. Asimismo, dado que el 80% del camino de acceso transcurre por suelo riojano, la provincia vecina exige ser un partícipe necesario en la distribución de los beneficios generados por la actividad.
El impacto de este conflicto no fue solo administrativo, sino que afectó profundamente la dinámica social de la localidad riojana de Guandacol. Durante el periodo en que el camino permaneció cerrado, vecinos y sectores que dependen directamente de la minería llevaron adelante diversas protestas, incluyendo cortes en la Ruta 40. No obstante, una vez que se hizo público el acuerdo entre las autoridades y la representante legal de la empresa, Karina Viñas, los manifestantes decidieron cesar las medidas de fuerza ante la expectativa de una pronta normalización de las actividades laborales en la zona.
Actualmente, el futuro del proyecto depende de la resolución de la jueza Decker respecto al pedido de suspensión de los plazos judiciales. Mientras se espera este dictamen, la fiscalía confirmó que la presencia policial en la ruta se mantendrá efectiva hasta que exista una orden judicial que formalice el levantamiento de la restricción. Las partes continúan en conversaciones para transformar este acuerdo provisorio en una solución definitiva que logre equilibrar las demandas de infraestructura y protección ambiental con el desarrollo económico regional.
