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SUSCRIBITEEl Gobierno nacional dispuso el fin del aporte obligatorio y, de ese modo, abrió un escenario de incertidumbre para el organismo.
Tal como había anticipado Tiempo de San Juan, el Gobierno nacional resolvió eliminar la contribución obligatoria que los establecimientos vitivinícolas destinaban a la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar).
Finalmente, tal como lo había anticipado Tiempo de San Juan, el Gobierno nacional resolvió eliminar la contribución obligatoria que los establecimientos vitivinícolas destinaban a la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar), según se publicó en el Boletín Oficial este martes. A partir de esta decisión, las bodegas dejarán de financiar al organismo bajo ese esquema.
Al mismo tiempo, la medida da por concluido el Plan Estratégico Vitivinícola Argentina 2020 (PEVI), sin contemplar una extensión. Este cierre impacta de lleno en la situación económica y política de la entidad.
La eliminación de los aportes obligatorios que hasta ahora realizaban las bodegas a la Coviar se formalizó mediante la resolución 55/2026, firmada por el presidente Javier Milei. En su artículo 6, el texto establece la finalización de las contribuciones previstas en la Ley N.º 25.849, así como de cualquier otro financiamiento de origen público nacional destinado al PEVI.
Además, se otorga a la entidad un plazo máximo de tres meses para presentar un informe final que detalle resultados alcanzados, uso de recursos y rendición de cuentas. Con la conclusión del PEVI, el Ejecutivo considera cumplido el objetivo que justificaba ese esquema de financiamiento.
La Coviar no será disuelta, sin embargo, la decisión implica el fin de su principal fuente de ingresos. La desaparición del PEVI y de los aportes obligatorios deja al organismo ante un panorama incierto, en un contexto ya complejo para la industria vitivinícola.
Surgen así interrogantes sobre cómo sostendrá sus actividades en adelante, especialmente considerando las tensiones previas con el Gobierno. Cabe recordar que en agosto del año pasado el directorio de la entidad aprobó un incremento del 45% en la alícuota de la contribución, medida que fue rechazada tanto por el Ejecutivo como por referentes del sector bodeguero.
Al mismo tiempo, la Coviar funciona como un ente público-privado encargado de coordinar y ejecutar acciones vinculadas al desarrollo del sector vitivinícola, en línea con los objetivos del PEVI.
Con la finalización de ese plan, su marco de actuación queda debilitado. Hasta ahora, la entidad administraba los fondos provenientes de las contribuciones establecidas por la Ley 25.849, destinados a impulsar las metas estratégicas del sector. Sin ese respaldo, su continuidad operativa enfrenta nuevos desafíos.