En una jornada marcada por la tensión institucional, la Corporación Vitivinícola Argentina (COVIAR) emitió un duro comunicado en respuesta a la Resolución 55/2026 de la Secretaría de Agricultura de la Nación. La medida oficial dispone el cierre definitivo del Plan Estratégico Vitivinícola (PEVI) y la eliminación de las contribuciones obligatorias que sostienen el funcionamiento del organismo, una decisión que la entidad calificó como un golpe a la institucionalidad del sector.
Un rechazo categórico
La cúpula de la COVIAR no ahorró calificativos para describir la resolución publicada hoy en el Boletín Oficial, tildándola de "improcedente, inconsulta e inoportuna". Según las cámaras empresarias que integran la corporación, esta decisión rompe con una planificación estratégica que se ha sostenido de manera ininterrumpida por más de dos décadas.
En un fragmento central del comunicado, la entidad alerta que la medida "se aparta de los principios de legalidad, previsibilidad e institucionalidad que deben regir la relación entre el Estado y los sectores productivos". Para la COVIAR, la Secretaría de Agricultura ha excedido sus funciones, dado que el régimen actual está establecido por ley y no puede ser modificado sustancialmente por una autoridad administrativa.
Impacto en medio de la crisis
El contexto económico nacional agrava la preocupación de los productores. Desde la Corporación advirtieron sobre el "impacto negativo que esto traerá a la vitivinicultura argentina, en el actual contexto de crisis económica". La eliminación de las contribuciones y la redefinición del alcance operativo del PEVI son vistos como cambios estructurales que ponen en riesgo la estabilidad necesaria para el desarrollo de la industria.
Convocatoria de urgencia y reclamo de diálogo
Ante la gravedad de la situación, la COVIAR anunció que "llamará con urgencia a una reunión de Directorio para definir los pasos a seguir" con el fin de defender la continuidad del plan.
El objetivo final de la entidad es forzar una marcha atrás en la decisión oficial. En este sentido, solicitaron formalmente que la resolución sea dejada sin efecto para "encauzar cualquier proceso de revisión o adecuación dentro del marco legal e institucional, garantizando el diálogo, la seguridad jurídica y la estabilidad".
Por el momento, el sector vitivinícola permanece en estado de alerta, a la espera de una respuesta del Gobierno Nacional que permita restablecer los canales de comunicación previo a una posible judicialización del conflicto.
