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SUSCRIBITE A la izquierda, Babsia, procesado por la justicia. A la derecha, Ozan Saldívar, investigada por UFI Delitos Especiales.
Luego del violento ataque que sufrió el traumatólogo Daniel Luque, a quien quemaron con ácido en la vía pública, trascendió que el hombre identificado como el agresor, Miguel Ángel Cabello, lo había denunciado por mala praxis y, tal como publicó Tiempo de San Juan, esa causa aún no encuentra resolución. Si bien esa denuncia no se conoció en los medios, hubo casos similares con médicos en la mira que sí, ya que hubo muertes en el medio.
Uno de los casos más emblemáticos de los últimos tiempos, de médicos denunciados por mala praxis, es el que tiene en la mira al otorrinolaringólogo procesado por el fallecimiento de una paciente. Se trata de Maximiliano Babsía, quien operó de las amígdalas a Julieta Viñales y, tras la intervención, la chica de 18 años murió.
En diciembre del año pasado, fue procesado sin prisión preventiva por el delito de homicidio culposo por decisión del juez Eduardo Raed, de la Unidad Conclusiva de Causas. Su defensa, representada por Gustavo De la Fuente, apeló la decisión y la causa pasó a manos de la Sala II de la Cámara Penal, que hasta el momento no se expidió sobre la misma.
Si el tribunal compuesto por los jueces Silvina Rosso de Balanza, Juan Bautista Bueno y Maximiliano Blejman respalda el fallo, la causa se elevaría a juicio. En caso de acceder a esa segunda instancia, Babsía podría ser condenado por la muerte de la joven que falleció el 3 de marzo de 2020.
El caso que en los últimos días tomó notoriedad fue el que tiene bajo la lupa de la justicia a una médica del Hospital Rawson, por un parto que terminó con la muerte de un bebé que tenía apenas 25 días de vida. El hecho comenzó a ser investigado por la UFI de Delitos Especiales en julio del año pasado, cuando los papás de la criatura -Nadia Barrionuevo y Carlos Narváez- radicaron la denuncia.
Tras la intervención judicial, la obstetra identificada como Daniela Saldívar Ozan fue imputada en abril de este año por homicidio culposo, luego de que los fiscales entendieran que tuvo responsabilidad en el fatal desenlace, ya sea por negligencia o impericia. El chiquito sufrió asfixia perinatal grave con encefalopatía hipóxica isquémica, hidrocefalia, con infarto de bazo, trauma hepático y hemorragia de retina y lo que se sospecha es que fue producto del trabajo de parto.
Quien está acusada de no haber practicado una cesárea que habría evitado lo peor declaró el miércoles último ante el juez de Garantías -Gabriel Meglioli- y aseguró que hizo los controles necesarios del monitoreo fetal y no se detectaron anomalías, ni tampoco sufrimiento fetal. Defendida por Sandra Leveque, la profesional que está en libertad depende de la valoración que el fiscal Francisco Micheltorena y su equipo haga sobre sus argumentos, ya sea para continuar con la acusación o desistir de la misma.
Otro de los casos que levantó polvareda en la opinión pública fue el de las dos médicas del Rawson que fueron denunciadas por la muerte de una nena, en septiembre del 202. El suceso tomó estado público después de que los padres de la niña de 4 años apuntaran contra las profesionales, ya que según señalaron, la menor había sido asistida por ellas y no advirtieron que su cuadro era más grave.
Es que la chiquita había chocado junto a su padre y, tras el siniestro vial, fue revisada por las médicas que luego de observarla la enviaron de regreso a su casa. Sin embargo, la pequeña murió a las pocos horas y los padres, Eduardo Aníbal Valdez Perona y Cintia Sosa, arremetieron contra Marcia González y Vanesa Sojo.
La justicia confirmó que la causa del fallecimiento fue hemoperitoneo traumático masivo por rotura de vasos mesentéricos y, a partir de entonces indagó a fondo. El fiscal Iván Grassi, en principio, cuestionó el desempeño de las médicas y las imputó por homicidio culposo. Sin embargo, conforme avanzó la investigación desistió de la acción penal en su contra y las profesionales fueron sobreseídas.
A pesar de que la parte querellante solicitó una revisión sobre el dictamen que Grassi impulsó, puesto que no halló pruebas para sostener la acusación, el fiscal Adrián Riveros lo confirmó y la causa se cerró.
Otro caso de los últimos tiempos que fue denunciado, pero que finalmente no llegó a consolidarse fue el de Johana Ramírez, quien quedó grave tras el parto y, luego de agonizar varios días, perdió la vida por lo que su marido acudió a la justicia por una respuesta. Armando Baquel apuntó contra Maternidad del Hospital Rawson y el fiscal Adrián Riveros intervino.
Pese a confirmar que la muerte de la madre se produjo por causa de una hemorragia en la cavidad peritoneal, lo que causó un daño al hígado, al final no hubo elementos de prueba para sostener el caso y todo quedó en la nada.
En 2013 ocurrió un hecho que sacudió a la opinión pública, cuando a una anciana le inyectaron leche por las venas mientras estaba internada en el entonces Sanatorio Brown. Si bien en un principio los familiares de Pabla Molina apuntaron contra los médicos de la clínica privada, la justicia investigó e imputó a una enfermera quien fue señalada como la responsable.
La jueza Mónica Lucero -que casualmente hasta hoy tuvo la causa del ataque contra Daniel Luque- fue la que instruyó la investigación en mayo de ese año y le endilgó el homicidio culposo a la trabajadora de la salud.
Es que la abuela de 87 años estaba próxima a recibir el alta médica, pero pasó lo peor y, como consecuencia, sus organismo resultó dañado y a las pocas horas murió. En ese momento todo fue una gran confusión. Incluso, el día del entierro de Pabla, la jueza Lucero tuvo que ordenar la autopsia del cadáver y se suspendió el sepelio. Los forenses arribaron a la conclusión de que, efectivamente, la abuela había muerto por el error fatal que alguien cometió.
A pesar del escándalo que se generó ante semejante incidente, al punto que lo acontecido se convirtió en la comidilla de los medios nacionales, la causa quedó sin responsables directos y entró en punto muerto hasta ser archivada. Es que la titular del Tercer Juzgado Correccional dictó falta de mérito para la enfermera Irma Beatriz Tello, puesto que no encontró pruebas suficientes para procesarla legalmente.
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