Por el momento no se conocen los argumentos, pero Tiempo de San Juan pudo confirmar que la fiscalía acudirá a la Corte de Justicia para que resuelva si el funcionario judicial acusado por violencia de género, Mario Parisí, puede ser beneficiado con la probation o no.
Es que después del fallo del juez de Impugnación Benedicto Correa, que le abrió la puerta a la suspensión de juicio a prueba pedida por la defensa y ordenó que otro juez de Garantías resolviera la cuestión, el Ministerio Público tenía dos caminos: acatar el dictamen y esperar por la resolución de un nuevo magistrado, o bien presentar un recurso de apelación ante el máximo organismo de justicia y esto último es lo que hará.
Fuentes allegadas a la Corte se encargaron de dejar bien en claro que Correa no resolvió en favor de Parisí, como sí lo hizo anteriormente cuando le eliminó un delito de la imputación (desobediencia de una orden judicial), sino que apartó al juez Matías Parrón de la causa, considerando que no resolvió adecuadamente. Esta maniobra le abrió el juego para que otro juez resuelva si le concede el beneficio de la probation o no. Además, las fuentes recordaron -como se publicó en varios artículos de este diario- que lo que hizo el representante del Tribunal de Impugnación fue declarar inconstitucional un artículo establecido por el Código Procesal Penal.
Según pudo saber este diario, el fiscal Roberto Ginsberg y su ayudante fiscal Eduardo Martínez resistirán con su planteo en la Corte, puesto que se rehúsan a que Parisí resulte desvinculado del proceso judicial, si es que el nuevo juez de Garantías así lo dispone. Por el momento, trascendió que preparan el escrito para presentar a los cortistas con las razones que expusieron frente al Tribunal de Impugnación.
Lo que buscan los defensores Fernando Castro y Nasser Uzair es que su patrocinado evite ir a juicio y afronte una condena que lo lleve tras las rejas. Quien fuera coordinador de Flagrancia está acusado por lesiones leves agravadas por el vínculo y en contexto de violencia de género; y por amenazas agravadas por el uso de arma blanca.
Con esas imputaciones y acorde lo que sostiene el Código Penal Argentino, podría recibir como mínimo un año de prisión, aunque el tema se complica con el máximo de pena que podría recibir, que son 4 años de cárcel por ambos ilícitos. Todo ello está sujeto a variaciones y dependen de lo que pida el Ministerio Público, en tal caso de que se llegue a instancias de debate.
Fuentes allegas indicaron que los fiscales tienen tiempo hasta la próxima semana para hacer la presentación y se estima que la querella, encarnada por Reinaldo Bedini, adhiera a lo que se exponga.
Los fiscales aseguran que para que se defina una probation, tiene que existir un acuerdo entre la fiscalía y la defensa técnica, como primera medida. Como segunda, se opusieron a ese acuerdo por la política criminal del MPF. El juez de Garantías Matías Parrón les dio la razón, pero tras la apelación de la defensa, el juez Correa les revirtió la situación y le abrió las puertas a la suspensión de juicio a prueba.
El 22 de noviembre del 2021, exactamente un año y 4 meses atrás, ocurría el hecho que desencadenaría la denuncia contra el funcionario judicial por violencia de género. Desde que inició el caso pasó de todo y en el camino dos personas resultaron sobreseídas, los amigos de Parisí que estaban sospechados de encubrimiento: el ex funcionario judicial Juan Pablo Ortega, que fue despedido del Poder Judicial por otro escándalo, y Jorge Luis Gil, el polémico médico que volvió a ser noticia por sus provocadoras declaraciones.