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SUSCRIBITE La causa que investiga a un alto funcionario del Poder Judicial de San Juan por violencia de género, Mario Parisí, tuvo un fallo clave que apartó del proceso al juez de Garantías Matías Parrón y avaló la suspensión de juicio a prueba en beneficio del imputado. Si bien se esperaba una resolución que pusiera un punto final a la cuestión, el dictamen dejó todo en suspenso y propició dos escenarios posibles para el caso.
Luego de que el juez del Tribunal de Impugnación, Benedicto Correa, declarara inconstitucional el hecho de que fiscalía y defensa deban ponerse de acuerdo para otorgar una probation, que señalara que no había fundamentos para rechazar el beneficio a Parisí y que resolviera que otro magistrado de Garantías interviniera, se abrieron dos caminos para la causa que representó un escándalo para la justicia sanjuanina.
Según informaron fuentes judiciales, una de las posibilidades es que fiscalía y querella acepten el dictamen y el expediente pase a manos de un nuevo juez que analice la puja por la suspensión de juicio a prueba entre el fiscal del CAVIG, Roberto Ginsberg, y los defensores Fernando Castro y Nasser Uzair. Siempre y cuando éstos últimos no hagan ninguna presentación.
En tal caso, el juez que tome intervención tendría que evaluar los planteos y no cometer los "errores" -según Correa- que tuvo Parrón al fundamentar su rechazo al pedido de probation.
La segunda opción que se puede presentar es que las partes acudan a la Corte de Justicia con un recurso de casación y esperar a que el máximo tribunal resuelva el tema. En esa instancia, el Ministerio Público y la parte querellante representada por Reinaldo Bedini podrían respaldar sus posturas y cuestionar la decisión del juez de Impugnación, con la expectativa de recibir un respaldo.
Ya sea que se de uno u otro escenario, lo que comienza a rondar en torno al caso es el fantasma de la prescripción. Es que en menos de 8 meses, la causa podría prescribir, cuando en noviembre de este 2023 se cumplan dos años del hecho. Por los delitos que hay en juego, lesiones leves agravadas por el vínculo y amenazas agravadas por el uso de arma blanca, si no hay una sentencia dentro del lapso estipulado, los plazos se habrán vencido y ello daría lugar a la extinción penal.
En esas circunstancias, el acusado quedaría totalmente desligado de la causa, sin una sentencia que lo sobresea en etapa de instrucción o bien, lo absuelva o lo condene en etapa de juicio.
Es por esa razón que quien resultó beneficiado con el fallo de Correa, como así también con la forma en que se viene dando el proceso, fue Parisí, quien fuera coordinador de Flagrancia y una de las mentes maestras para que el Sistema Acusatorio tuviera vida en San Juan, ya que lo que ganó fue tiempo.
Mientras tanto, la denunciante que decidió mostrar su cara desde siempre, Fernanda Sánchez, aseguró haber quedado inconforme con la resolución y destacó que la misma no hace más que favorecer a Parisí. "Estoy que no puedo creer que lo beneficien tanto en nuestra cara y la de todo el mundo, es descarado. Primero zafó del desacato (había sido acusado de desobediencia de una orden judicial, pero el juez Correa desestimó la imputación) y ahora esto que sigue estirando los tiempos", indicó.
Al mismo tiempo, la víctima remarcó: "Es una burla muy grande, siento eso. Pero también espero que alguien de la justicia actúe en la forma que se debe. Quiero confiar".
Por otra parte, Sánchez advirtió que en la resolución del juez Correa se sostenía que la querella no había prestado oposición al pedido de probation. "Eso no es así, claro que lo hicimos. No sé si hubo una desinteligencia de parte de fiscalía o qué, pero tenemos todas las constancias de que sí presentamos el rechazo al pedido de probation ¿Cómo no lo vamos a hacer? Sería ilógico", agregó.
El 22 de noviembre del 2021, exactamente un año y 4 meses atrás, ocurría el hecho que desencadenaría la denuncia contra el funcionario judicial por violencia de género. Desde que inició el caso pasó de todo y en el camino dos personas resultaron sobreseídas, los amigos de Parisí que estaban sospechados de encubrimiento: el ex funcionario judicial Juan Pablo Ortega, que fue despedido del Poder Judicial por otro escándalo, y Jorge Luis Gil, el polémico médico que volvió a ser noticia por sus provocadoras declaraciones.
Para dar lugar al recurso interpuesto por la defensa de Parisí, el juez de Impugnación declaró inconstitucional un artículo de una ley del Código Procesal Penal de la provincia de San Juan. Se trata del tercer párrafo del artículo 47, que señala que "los jueces no podrán otorgar bajo pena de nulidad, medida alternativa alguna sin que exista acuerdo expreso previo del Ministerio Público Fiscal y Defensa".
De esta manera, abrió la puerta para que las suspensiones de juicio a prueba se concedan sin la necesidad de que los defensores y los fiscales lleguen a un acuerdo.
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