Entre los autores locales encontramos obras generales sobre la historia de la provincia de San Juan donde se hace breve mención a la participación política de las sanjuaninas. Destacamos el aporte de Horacio Videla quien se refiere al sufragio femenino en San Juan. El autor explica que la posibilidad de votar no se abre para las mujeres durante el gobierno de Domingo F. Sarmiento, sino aclara que previamente las sanjuaninas a nivel comunal sólo en asuntos de riego. En sus términos, ellas sufragaban “en asuntos departamentales de riego, conforme las antiguas leyes españolas y patrias de aguas” (Videla, 1981, p. 225)
El agua, recurso vital por excelencia, ha sido objeto histórico de intensos debates y tensiones en los territorios sanjuaninos. Este fenómeno se fue intensificando debido a la posesión y distribución del agua en un paisaje marcado por la aridez y la necesidad de irrigar tierras agrícolas. Los propietarios de grandes extensiones de fincas, dedicadas principalmente a la agricultura y, en menor medida, a la cría de animales, fueron manifestando un interés creciente en la gestión del agua. Su disponibilidad resultaba crucial para el desarrollo de sus actividades económicas y el aumento de la concentración de la riqueza.
La situación del agua en San Juan se ha complejizado por la necesidad de abastecer no solo a la agricultura, sino principalmente a la población urbana. El crecimiento demográfico y la expansión de la ciudad cabecera incrementó demanda de este recurso, lo que a su vez supo generar crisis entre los diferentes usuarios. Uno de los aspectos más críticos del manejo del agua local fue el control de las crecidas del río San Juan y los esteros de Zonda. Estos cuerpos de agua, aunque vitales para la irrigación, supieron convertirse en una amenaza durante las épocas posteriores a las nevadas y lluvias intensas. A lo largo de la historia local, desde su fundación, se han presentado múltiples ocasiones en las que las crecidas han puesto en riesgo tanto las tierras cultivadas como las infraestructuras urbanas, como el ocurrido en 1833. Este fenómeno ha llevado a la búsqueda de soluciones ingenieriles que permitieran manipular el curso natural del agua, con el objetivo de mitigar los efectos adversos de las inundaciones.
Entre las alternativas consideradas, se han discutido opciones para la relocalización de los sitios fundaciones en zonas menos vulnerables y la construcción de obras públicas, como diques y canales de derivación. Estas construcciones no solo buscaban proteger las áreas urbanas y rurales, sino que también permitían una mejor administración de las crecidas, facilitando el almacenamiento y el reparto del agua en épocas de sequía. La implementación de tales soluciones requirió una planificación específica y una inversión significativa, así como la colaboración entre las autoridades, los agricultores y la comunidad en general, lo que provocó un conjunto de incovenientes para la organización de las obras y, en especial, de disputas entre los vecinos propietarios, y lógicamente, las vecinas.
Dichas tensiones están registradas desde comienzos de la década emancipatoria. Hacia 1813 con la construcción del canal hacia Caucete (o Angaco) de manifestaron fricciones entre el gobierno central y los propietarios de las tierras de este y noreste.
Es aquí donde surge un interesante caso investigado por la historiadora local Bettina Hernández. El caso de Francisca y Antonia Cortines, dos mujeres de San Juan que, desde 1814, se convirtieron en figuras fundamentales en la lucha por el poder y los derechos en un entorno dominado por hombres, es notable.
En 1814, el Dr. Ignacio de la Roza, un líder local, puso en marcha un proyecto agrícola que incluía la construcción de ese canal para irrigar tierras en San Juan. La obra de drenaje se convirtió en un símbolo de control sobre los recursos, y aunque las mujeres fueron ignoradas, desempeñaron un papel crucial en su historia.
Francisca Cortines es reconocida como la dueña de la tierra por donde fluiría el agua del canal, lo que le otorga una posición de influencia en un contexto patriarcal. Sin embargo, su historia no se limita a ser una simple propietaria; enfrentó numerosos desafíos tras el fallecimiento de su esposo, quien había luchado en el ejército patriota. Documentos históricos indican que se le asignó un albacea para gestionar su propiedad, lo que demuestra las dificultades que enfrentaban las mujeres para mantener su independencia en un mundo dominado por hombres y asimismo que, en algunos casos, mas allá de su condición privada como legítima propietaria de tierras, la posición jurídica y de género las limitaba en su participación pública.
Por su parte, Antonia Cortines también sintió la presión del sistema patriarcal. En fuentes de epoca, se menciona su lucha por ser eximida de impuestos, argumentando que había contribuido a la causa patriota. Estas situaciones reflejan la vulnerabilidad de las mujeres en la sociedad de la época, que a menudo dependía de su relación con los hombres y sus aportes a la causa patriótica. En efecto, el poder político en San Juan ha estado históricamente relacionado con la propiedad de tierras y las dinámicas de género. Las historias de Francisca y Antonia Cortines son ejemplos de cómo las mujeres, a pesar de las limitaciones legales y sociales, intentaron hacer valer sus derechos. Además, se subraya la importancia del canal de Pocito no solo como una obra de infraestructura, sino como un espacio que simboliza la intersección entre lo privado y lo público en la lucha por el poder.
En 1824 se dictó desde el gobierno provincial una ley de aguas local, antecesora de la de 1851. Esta normativa convertiría a San Juan en la primera provincia del país en contar con una normativa hídrica. La legislación estipulaba la creación de autoridades como el Jefe de Policía de Aguas y el Juez de Paz. Estas instituciones nos permiten vislumbrar el nivel que había alcanzado esa conflictividad vecinal por la tenencia, distribución y organización del régimen hídrico local. Además de reglamentar el ejercicio de irrigación determinaba las multas y penalidades en caso de su incumplimiento.
Sin embargo, las dinámicas centrípetas del nuevo régimen provincial, destinadas a fortalecer la vigilancia del poder gubernamental central tuvieron una reacción notable. La organización del riego en los diversos canales de la región se desarrolló de forma espontánea, lo que permitió a los agricultores adaptarse a las particularidades de su entorno. Este proceso se caracterizó por el consenso o la imposición entre los propios agricultores, quienes, al enfrentar desafíos comunes relacionados con la gestión del agua, encontraron soluciones prácticas que respondían a sus necesidades inmediatas.
Un ejemplo destacado de esta dinámica se observa en Pocito, donde en el año 1838, un grupo de agricultores decidió elaborar un plan detallado para la distribución del agua a través del canal local. La propuesta fue presentada a las autoridades competentes y, tras un análisis, recibió la aprobación del Poder Ejecutivo, lo que legitimó el esfuerzo colectivo de los agricultores. Esta aprobación no solo validó el trabajo de los agricultores, sino que también sentó un precedente para la colaboración entre la comunidad agrícola y el gobierno (Miranda, 2015).
A medida que este modelo de organización del riego empezó a funcionar, situaciones similares comenzaron a surgir en otros departamentos que también contaban con sistemas de riego. Los agricultores de diferentes localidades se dieron cuenta de que podían beneficiarse al implementar planes de distribución del agua que respondieran a sus realidades locales. Esto llevó a una serie de iniciativas en las que las comunidades agrícolas, al igual que en el sur, se organizaron para gestionar de manera efectiva el recurso hídrico.
La coexistencia con regulación centralizada permitió a los agricultores experimentar con diferentes métodos de riego y distribución del agua, lo que resultó en una adaptación más efectiva a las condiciones climáticas y a las necesidades de los cultivos. Cada comuna desarrolló su propio enfoque, basado en la experiencia y el conocimiento local, lo que compartió el proceso de gestión del agua en toda la región. El desarrollo de la gestión del riego mostraba cómo la iniciativa privada local negociaba con regulación formal, creando soluciones efectivas y adaptadas a las necesidades específicas de cada zona.
En 1851, el nuevo reglamento de aguas conservó la practica de los acuerdos entre los regantes y el gobierno central así como la figura del Jefe de policía de aguas. Lo acompañarían dos agricultores determinados por los regantes y juntos constituirían un tribunal para dirimir litigios hídricos. La normativa creaba secciones o jurisdicciones de irrigación que serían los primeros departamentos en los que se dividiría la provincia.
Hablando sobre las reformas electorales de la última parte del siglo XIX la vinculación a la propiedad de la tierra, con su lógica tenencia de agua para regadío, y la injerencia política de las mujeres terratenientes en asuntos de la vida pública comunal seguían resonando en los debates sobre el voto femenino cualificado. Para Isabel Larrauri (1987), en los comicios de los concejos municipales sobrevivía la tradición colonial de los cabildos. Mientras que para Susana Ramella “por encima de todos sus prejuicios sobre la mujer, prevaleció la importancia asignada a la propiedad. Esta era el requisito esencial para igualar a hombres y mujeres”. Es decir, que para las autoras subsistía el principio de propiedad, voto local y género bajo determinadas condiciones históricas preexistentes.
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La articulación entre economía y política en la naciente provincia, demuestra cómo estos dos aspectos efectivizan las lógicas de poder y riqueza. La primera del de aguas fue una respuesta a la creciente tensión entre los vecinos por el acceso y uso del agua y aunque la centralización del poder estatal buscó controlar la gestión del agua, no pudo ejercerse desconociendo resistencia en las comunidades locales. Tanto es así que casi treinta años después el nuevo reglamento de aguas mantuvo esta asociación, publico- privada, central y periférica: no solo distribuiría la gestión descentralizada del agua sino que organizaría administrativamente la provincia. Aun así la participación efectiva de las mujeres terratenientes en la primera parte de los tiempos decimonónicos sigue siendo una incógnita que despierta muchos interrogantes y permite la construcción de nuevas hipótesis.
Bibliografía:
- Miranda, Omar. (2015). El riego en la provincia de San Juan, Argentina: su dinámica institucional en los últimos dos siglos. Agricultura, sociedad y desarrollo, 12(3).
- Hernández, B. (2017). Historia de dos mujeres y su lucha por el poder. En I Jornadas Provinciales de Investigadores en Historia Regional. Ponencia inédita.
- Larrauri, I. (1987). El sufragio femenino en América. Revista Presencia española en Mendoza.
- Ramella, S. (1985). El radicalismo bloquista en San Juan. San Juan: Gobierno de San Juan.
- Videla, H. (1981). Historia de San Juan (t. V). Buenos Aires: Academia del Plata y Universidad Católica de Cuyo.
