Este viernes 8 de mayo, la Justicia sanjuanina cerró uno de los tantos capítulos que hay por fraude financiero. En un juicio abreviado, Francisco Ontiveros y Brisa Ocampo, los rostros detrás de las firmas de fantasía "Green House" y "Green House Fintech", aceptaron su culpabilidad y fueron condenados a cumplir penas de prisión efectiva tras confirmarse una estafa masiva que damnificó a decenas de sanjuaninos.
La resolución, homologada por el juez Federico Rodríguez, estableció una pena de 6 años de prisión para Ontiveros y 4 años para Ocampo. El acuerdo fue alcanzado entre el fiscal Eduardo Gallastegui, de la UFI Delitos Informáticos y Estafas, y la defensa de los imputados, luego de que el cúmulo de pruebas volviera indefendible la situación de la pareja.
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Juez de Garantías, Federico Rodríguez
De la confianza religiosa al desfalco millonario
Lo que comenzó en marzo como una investigación por 31 denuncias, escaló de manera estrepitosa hasta alcanzar los 75 hechos de estafa. El perjuicio económico, inicialmente estimado en 138 millones de pesos, se disparó hasta rozar los $350.000.000, reflejando la magnitud del engaño.
La maniobra de los ahora condenados se sustentaba en una "sofisticada fachada de solvencia". Según la investigación fiscal, Ontiveros y Ocampo montaron locales físicos en Santa Lucía y Capital para proyectar seguridad. Sin embargo, detrás de las oficinas modernas no había una estructura legal: la empresa carecía de CUIT y registros impositivos.
El esquema de captación fue particularmente voraz en los círculos íntimos de la pareja. Aprovechando su pertenencia a la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Tiempos, captaron ahorros de amigos de la infancia, familiares y otros feligreses. Prometían retornos extraordinarios de entre el 4% y el 6% semanal, alegando que el dinero se reinvertía en minería y capitales externos, algo que nunca pudieron probar.
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Adelante, una de las abogadas querellantes, después representantes de UFI Delitos Informáticos y Estafas encabezado por Eduardo Gallastegui y al fondo, la defensa.
El engaño no se limitó a moneda nacional y extranjera; la pareja también recibía vehículos (como Citroën Picasso, Ford Explorer y motos Yamaha) como forma de inversión. El colapso comenzó en septiembre de 2025, cuando los pagos se detuvieron.
En un intento desesperado por evitar las denuncias, los imputados ofrecieron planes de pago insolventes, intentando saldar deudas con autos con motores rotos o devolviendo vehículos que otros inversores habían entregado previamente. Finalmente, la lluvia de cheques rebotados por falta de fondos terminó por dinamitar la operatoria.
A pesar de las lágrimas vertidas por Ontiveros en audiencias previas, donde aseguraba que "quería ayudar a las personas", la contundencia de los 75 hechos delictivos derivó en la condena efectiva.
Embed - La frase, entre lágrimas, del supuesto inversor denunciado por estafa
Tras la lectura del fallo este viernes, la pareja fue retirada de la sala de audiencias bajo custodia policial y trasladada directamente al Servicio Penitenciario Provincial, donde cumplirán sus respectivas condenas.