Detienen a supuestos inversores y los imputan por más de 30 estafas: la mayoría de las víctimas son feligreses de una iglesia
Los señalados son Francisco Ontiveros y Brisa Ocampos y ambos fueron aprehendidos el pasado viernes. Entre los damnificados habría familiares y amigos. El perjuicio llegaría a los $138.000.000. Les dictaron prisión preventiva.
La Justicia sanjuanina investiga una millonaria red de estafas que operaba bajo una sofisticada fachada de solvencia. Los imputados, Francisco Ontiveros y Brisa Ocampo, están acusados de liderar una serie de defraudaciones continuadas a través de firmas de fantasía denominadas "Green House" y "Green House Fintech". Según la investigación, los señalados captaban capitales prometiendo retornos grandes de entre el 4% y el 6% semanal, llegando incluso a ofrecer un 20% mensual.
El fiscal Eduardo Gallastegui de UFI Delitos Informáticos y Estafasdestacó que la maniobra se sustentaba en un fuerte despliegue de simulación. Los sospechosos habían establecido locales físicos en Santa Lucía y Capital para generar confianza en los inversores. Sin embargo, se constató que la empresa no poseía CUIT ni registro impositivo alguno; todas las transferencias y contratos se realizaban a nombre personal de los dos imputados.
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La captación de clientes se daba principalmente en círculos íntimos: amigos de la infancia, familiares y, de manera muy marcada, miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Tiempos. Los acusados aprovechaban estos vínculos religiosos para expandir el esquema, ofreciendo "contratos en espejo" donde prometían duplicar la inversión inicial si los damnificados incorporaban a nuevos aportantes.
Para justificar el origen de las ganancias, Ontiveros y Ocampo aseguraban a sus víctimas que el dinero era invertido en empresas mineras sanjuaninas y firmas de capitales externos. No obstante, nunca se presentaron pruebas de dichas operaciones. El control de los supuestos rendimientos se enviaba semanalmente a través de formularios de Excel sin firma ni respaldo legal.
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Juez de Garantías Federico Rodríguez
El engaño incluía la recepción no solo de pesos y dólares, sino también de vehículos. Entre los bienes entregados por las víctimas figuran una Citroën Picasso, una Ford Explorer y motocicletas Yamaha FZ.
Tras el pedido de Fiscalía, el juez de Garantías Federico Rodríguez le dictó la prisión preventiva por el plazo de 45 días, que se cumplirá en el Servicio Penitenciario Provincial. Dio el plazo de 1 años de investigación penal preparatoria. Además, los embargó con $200 millones a cada uno y les inhibió los bienes.
El colapso de la estafa
A partir de septiembre de 2025 comenzó un proceso de dilación en las devoluciones. Ante los reclamos, los imputados ofrecían planes de pago sin solvencia alguna, intentando cancelar deudas con motos usadas, autos con motores rotos o incluso entregando los mismos vehículos que otros inversores habían aportado previamente.
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Hasta la fecha, existen 31 denuncias formales que acumulan un perjuicio de 138 millones de pesos. La situación se agravó con la entrega de cheques que fueron rebotados por falta de fondos. Si bien un grupo mínimo de personas logró recuperar parte de su capital -maniobra utilizada para mantener la apariencia de legalidad-, la gran mayoría de los feligreses y allegados perdieron sus ahorros; expresó el fiscal en la audiencia de formalización de este lunes.
