Bajo la gestión de la gobernación cuyana de José de San Martín y la administración local José Ignacio de la Roza, se llevaron a cabo acciones concretas para ampliar la superficie cultivada del valle central. Esta política pública tenía como propósito revitalizar una economía afectada por la guerra de independencia, recompensando a aquellos que habían contribuido con recursos humanos y materiales. En 1816, se realizó la división y venta de terrenos en el valle de Angaco, beneficiando al cabildo de San Juan con 6,000 cuadras de tierra. El resto se mantuvo como propiedad pública del Estado, destinada a la venta, priorizando a los antiguos ocupantes.
En 1818, se comenzaron obras hidráulicas para dotar de agua a tierras áridas del sur, utilizando prisioneros de guerra para su construcción. En 1824, bajo la administración liberal de Salvador María del Carril, se establecieron regulaciones para la distribución y uso del agua, organizando su reparto y control a través de compuertas y designando autoridades para supervisar el proceso. Estas regulaciones fueron fundamentales para el desarrollo agrícola y la gestión de los recursos hídricos.
La ciudad enfrentó inundaciones recurrentes, lo que llevó a las autoridades a exigir a los vecinos que mantuvieran despejados las cunetas y las acequias, bajo pena de multa. Las inundaciones de 1802, 1804 y 1817 fueron significativas, pero la más devastadora ocurrió en enero de 1834, causando daños irreparables en la infraestructura y las cosechas. A raíz de este desastre, se comenzaron a construir obras defensivas, como el dique San Emiliano, que se completó en 1850, bajo la gobernación federal de Benavidez. Estas obras no solo brindaron protección a la ciudad, sino que también facilitaron la expansión de la superficie cultivada (Sánchez, 2016)
Las patronas: los derechos como dueñas de fincas
Durante el período analizado, las mujeres jugaron un papel crucial en la gestión de tierras y la agricultura. En 1837, un censo reveló que, de las 1,847 propiedades cultivadas, 614 pertenecían a mujeres, es decir, casi un tercio. Este dato es significativo, ya que indica la activa participación de las mujeres en la administración de la propiedad de tierras, a pesar de las limitaciones legales y sociales impuestas por un sistema patriarcal (Sánchez, 2016).
La mayoría de estas mujeres eran viudas o estaban solas debido a la prolongada ausencia de sus esposos. Estas mujeres asumieron la responsabilidad de gestionar las tierras, participando en actividades como la siembra, el mantenimiento de cultivos y la cosecha. Su vida diaria estaba marcada por el ritmo de las labores agrícolas y la vida familiar, lo que les otorgaba un papel significativo en la economía local.
Las mujeres no solo administraban sus propiedades, sino que también participaban en litigios relacionados con la posesión de tierras y el uso del agua. Los conflictos eran comunes, especialmente en lo que respecta al uso del agua y la limpieza de acequias. Las mujeres, sobre todo las viudas, se destacaron en estos litigios, defendiendo sus derechos frente a vecinos y autoridades.
Por ejemplo, en 1802, Doña Josefa Salinas denunció a sus vecinos por desviar el agua de la acequia que compartían, lo que afectaba su capacidad para regar sus cultivos. Este tipo de acciones demuestra la capacidad de las mujeres para actuar en defensa de sus derechos en un marco legal que, se supone, les era adverso.
Problemas domésticos, legales y vecinales
Las tensiones en las relaciones de género se manifestaron de diversas maneras. A pesar de un orden patriarcal que limitaba sus derechos, las mujeres encontraron formas de hacerse escuchar y participar en la vida comunitaria. Las viudas, en particular, asumieron un papel más protagónico en la defensa de sus propiedades, lo que contrasta con la situación de las mujeres casadas, que a menudo dependían de sus esposos para iniciar litigios.
Su condición de viudas, le confería la potestad de la posesión de su tierra destinada al cultivo frente a la ocupación del agua por parte de vecinos varones por varias razones interrelacionadas. En primer lugar, la autonomía económica era crucial; al quedar sola, asumía la responsabilidad de gestionar su propiedad y garantizar su sustento, ya que el acceso al agua era vital para la agricultura y, por ende, para su supervivencia. A pesar de las limitaciones legales, las viudas a menudo gozaban de una mayor libertad en la gestión de sus tierras en comparación con las mujeres casadas, quienes necesitaban el permiso de sus esposos para actuar legalmente. Esto les confería una capacidad de negociación y defensa de sus derechos, convirtiéndolas en agentes de cambio en un contexto dominado por hombres.
Además, al defender su acceso al agua, no solo protegían su propiedad, sino que también desafiaban las normas patriarcales que limitaban su papel a lo privado, actuando así en un acto de resistencia que reflejaba su empoderamiento. La defensa de sus derechos también implicaba un interés comunitario, ya que el acceso al agua era un tema de conflicto recurrente, y muchas mujeres se organizaban para proteger sus derechos, creando redes de apoyo entre ellas y otros vecinos. Al hacerse escuchar y participar en litigios, estas mujeres no solo luchaban por sus intereses personales, sino que contribuían a visibilizar el papel de las mujeres en la economía y la sociedad, sentando un precedente para futuras generaciones y desafiando la invisibilidad que a menudo rodeaba sus contribuciones.
Los conflictos entre vecinos, relacionados con el uso del agua y la administración de tierras, involucraban a hombres y mujeres, pero las viudas tendían a tener un papel más activo en la defensa de sus derechos. Esto sugiere que, a pesar de las limitaciones, las mujeres podían ejercer una influencia significativa en sus comunidades. Las mujeres desempeñaban funciones similares a las de los hombres en la administración de tierras y la gestión de cultivos. Sin embargo, su participación en la vida pública y en litigios era menos reconocida formalmente. Las mujeres casadas a menudo actuaban como apoyo a sus esposos, mientras que las viudas tenían un papel más directo en la defensa de sus derechos.
En el ámbito familiar, las mujeres eran responsables de administrar los recursos y cuidar de los hijos, lo que les otorgaba un grado de poder en el hogar. Sin embargo, la legislación de la época limitaba sus capacidades jurídicas, impidiéndoles actuar legalmente sin el permiso de sus maridos. El privilegio de administrar los territorios y cuidar económicamente las actividades de agricultura, como el riego y la cosecha, otorgaba a las viudas una carga doble en comparación con sus pares casadas y sus vecinos varones por varias razones interrelacionadas.
En primer lugar, las viudas, al asumir la responsabilidad de gestionar sus tierras y actividades agrícolas, enfrentaban la presión de equilibrar múltiples roles. Mientras que las mujeres casadas a menudo se limitaban a las tareas domésticas y privadas, las viudas debían no solo ocuparse de las labores del hogar, sino también de las exigencias de la agricultura, lo que implicaba un trabajo físico y mental considerable. Esta doble carga de responsabilidades podía resultar abrumadora, ya que debían administrar tanto la esfera pública (la agricultura) como la privada (el hogar).
Además, en un contexto donde el acceso a recursos y el reconocimiento social estaban fuertemente ligados al género, las viudas a menudo se encontraban en una posición vulnerable. Aunque tenían la responsabilidad de las tierras, carecían del apoyo social y económico que tradicionalmente brindaban los hombres, lo que hacía que su carga fuera aún más pesada. Esto las obligaba a luchar constantemente por su reconocimiento y derechos en un entorno que favorecía a los hombres, quienes tenían acceso a redes de poder y recursos que facilitaban su participación en la esfera pública.
Por otro lado, la administración de tierras y recursos hídricos por parte de las viudas no solo implicaba un desafío económico, sino también un desafío social. Al desempeñar un papel activo en la gestión de la agricultura, desafiaban las normas de género que relegaban a las mujeres a lo privado. Esto podía generar tensiones con sus vecinos varones, quienes podían ver amenazada su posición de poder y autoridad en la comunidad. La necesidad de defender su territorio y acceso al agua frente a esta oposición añadía una carga emocional y social adicional a su situación. Es decir que el privilegio de administrar territorios y cuidar de las actividades agrícolas para las viudas representaba una carga doble porque debían equilibrar las responsabilidades económicas y domésticas, enfrentarse a la falta de apoyo social y a la resistencia de los hombres en un contexto patriarcal, lo que les exigía un esfuerzo adicional para lograr reconocimiento y estabilidad en sus vidas.
Las viudas participaron activamente en litigios y reclamos, destacándose en la defensa de sus derechos. Un caso notable es el de Doña María Josefa Echegaray, quien en 1844 defendió su derecho a operar un molino construido por su esposo. A pesar de enfrentar oposición de vecinos, logró que se reconociera su derecho a continuar con la operación del molino, lo que demuestra la capacidad de las mujeres para negociar y defender sus intereses en un contexto adverso (Sánchez, 2016). Estos reclamos y litigios eran comunes, y las mujeres a menudo se organizaban junto a otros vecinos para abordar problemas compartidos. Esto sugiere que, a pesar de las restricciones, las mujeres podían ejercer una influencia significativa en sus comunidades.
Terratenientes, beneficios y desafíos
A pesar de los avances en la participación de las mujeres en la vida por fiera del hogar, las limitaciones legales seguían siendo un obstáculo importante. Las mujeres no podían ocupar cargos públicos, actuar como fiadoras o tutoras sin el permiso de sus maridos, y su capacidad para participar en juicios estaba restringida. Sin embargo, las fuentes analizadas indican que, a pesar de estas limitaciones, las mujeres lograron hacerse escuchar en los asuntos que les afectaban directamente.
La capacidad de las mujeres para actuar en el ámbito público, a menudo en nombre de sus familias, desafía la noción de que el espacio privado y el público estaban estrictamente separados. No solo defendían sus propiedades, sino que también se involucraban en cuestiones comunitarias, lo que sugiere una intersección entre lo privado y lo público que a menudo no se reconoce en los relatos históricos tradicionales.
Reflexiones finales
Desde una perspectiva feminista, es crucial reconocer y valorar la agencia y la resistencia de las mujeres en contextos históricos donde sus derechos y capacidades estaban severamente limitados. La historia de las "patronas" en la gestión de tierras y la agricultura nos muestra cómo las mujeres, a pesar de las barreras impuestas por un sistema patriarcal, encontraron formas de ejercer su poder y defender sus derechos.
Al analizar la participación de las mujeres en la administración de tierras y en los litigios, nos damos cuenta de que su papel no fue marginal, sino fundamental para la economía y la vida social. Las viudas, en particular, emergen como figuras de resistencia y agencia. Su capacidad para asumir roles tradicionalmente masculinos y defender sus derechos en un contexto legal adverso es un testimonio de su resiliencia y determinación. Las mujeres no solo eran actores en el ámbito doméstico, sino que también participaban en la vida pública y comunitaria, aunque sus contribuciones a menudo no fueron reconocidas formalmente. Esta intersección entre lo privado y lo público es un aspecto crucial que las historias tradicionales a menudo ignoran.
La historia de las mujeres en San Juan durante la primera mitad del siglo XIX es un testimonio de su resiliencia y capacidad para desafiar las normas de género. A través de su participación en la gestión de la propiedad, se visibilizaba involucramiento en litigios y su activismo privado.
Se subraya la importancia de considerar el papel de las mujeres en la historia social y económica de San Juan, ofreciendo una perspectiva más crítica sobre su contribución a la sociedad en un período de transformación significativa. La interacción entre las limitaciones legales y las acciones de las mujeres destaca la complejidad de las relaciones de género y la necesidad de reevaluar las narrativas históricas que a menudo han pasado por alto sus contribuciones y luchas.
En conclusión, la historia de las patronas nos ofrece una visión más completa y equilibrada de la participación de las mujeres en las actividades económicas y sociales, más allá del confín doméstico. Al adoptar un enfoque de género, podemos apreciar la participación autónoma de las mujeres, y reconocer su papel fundamental en la construcción del pasado local. Las mujeres no fueron simples espectadoras, sino actores activos y decisivos en la historia de sus comunidades, y su contribución merece ser reconocida.
Bibliografía
- Sánchez, P. (2001). Ssotén familiar en tiempos difíciles: Mujeres propietarias y productoras en San Juan en la primera mitad del siglo XIX. En C. López (Dir.), Mujeres rescatadas del olvido. San Juan: Papiro.
- Sánchez, P. (2016). Los trabajos y los días: Historia de mujeres desde una perspectiva de género (San Juan, 1800-1850). Rosario: Prohistoria.